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| 9/11/2011 7:35:44 PM

VOTAR POR POLÍTCOS COMPROMETIDOS O POR INVOLUCRADOS.

En un texto de administración, que trataba de aclarar dos diferentes actitudes de los trabajadores, se ilustraba el siguiente ejemplo: en unos huevos con tocino intervienen la gallina, que se involucra por poner los huevos y el cerdo, que  comprometía su vida al aportar su pellejo; de ahí que en las empresas existían dos tipos de trabajadores: los que apenas cumplían con su trabajo y los que entregaban todo por su organización. Este ejemplo sirve para analizar las actitudes de los políticos colombianos frente al problema que ha empezado a tocar fondo en nuestras instituciones: la corrupción.

 

Ya analistas internacionales han mencionado que existe una corriente global para investigar, perseguir y castigar a los protagonistas, estatales o privados, de las defraudaciones o de usos en beneficio propio de los presupuestos o de las decisiones públicas. En buena parte los movimientos que han sacudido al norte de África y el Medio Oriente, fenómeno que se ha conocido como la “Primavera Árabe”, y que han derrocado gobiernos, se explican por el hastío que sintió la mayoría de la población por los regímenes corruptos que no hicieron reparos en utilizar todos los medios para sostenerse en el poder y seguir siendo privilegiados beneficiarios de las políticas públicas; en otras latitudes se observan grandes procesos judiciales que han llegado a niveles altos del Estado que antes eran intocables. Algunos analistas atribuyen estos desarrollos a la crisis económica, que ha llevado, o va a llevar, a los Estados a maximizar el presupuesto público y para ello, entre otras acciones, se tienen que tapar los agujeros por los cuales se pierden recursos, para así poder sostener la viabilidad de los sistemas político – económicos.

 

Nuestro país no es la excepción. En cada desarrollo judicial, sobre los escándalos que ha destapado el gobierno o las autoridades competentes, se comprometen guarismos en pesos tan grandes  que algunos los  tasan en cifras equivalentes a las que se manejan en reformas tributarias. De tal suerte que resulte imperativo para el gobierno, que se ha comprometido a no subir los impuestos, contener el desangre en el erario público, que llegó a niveles escandalosos y poder atender las necesidades sociales en un momento, además,  en que el entorno económico requiere que el Ejecutivo jale la demanda.

 

El compromiso gubernamental debe estar acompañado, además de la sociedad civil,  por los partidos políticos que conforman la coalición de gobierno. Esto es lo mínimo que  se puede esperar de ellos, una obligación con la causa. Se requiere que los responsables políticos de los partidos se jueguen el cuero con una voluntad de luchar contra la corrupción, que expresen la voluntad política de impedir que se enquisten en sus movimientos los grupos o individuos que están cuestionados hoy por sus actuaciones públicas. Se trata de que hagan evidente el compromiso que asumen en contra de toda forma de aprovechamiento indebido del erario público. Desafortunadamente no han asumido enteramente el reto. Quitarle el aval a unos pesos pluma, aunque importante, relativamente es fácil, el verdadero reto es enfrentar a los barones electorales indelicados; no se trata de sustituir a las autoridades judiciales pero sí de sentar una decisión y una política seria de retirarles el aval a aquellos candidatos sobre los cuales pesan serias investigaciones y que los comprometerían en sonados casos de corrupción; la esencia se centraría en emitir un mensaje claro a la sociedad y a sus electores en el sentido que estos puedan encontrar de nuevo en los partidos las instituciones legítimas que puedan representar sus intereses. Pocos líderes políticos han sido contundentes  en este sentido, nombraría a Gustavo Petro, Gina Parody, Antanas Mockus y Carlos Galán – solo me refiero a los candidatos de Bogotá por desconocimiento de los buenos políticos de otras regiones- en contraste con Juan Lozano, presidente del Partido de la U y su candidato Enrique Peñalosa quienes,  ante lo que ha trascendido de la confesión del ex Subdirector Jurídico del IDU (Inocencio Meléndez) en la que mencionó a concejales importantes de la U en el llamado “Cartel de la Contratación” en Bogotá, han manifestado que son graves las acusaciones pero se debe esperar a que las investigaciones sigan su curso, de esta forma quedando el candidato Peñalosa como el heredero natural del cartel de Moreno.

 

La sociedad debe acompañar a las autoridades también con una obligación que, en materia electoral, puede materializarse en el mes de octubre votando por listas y candidatos que han dado muestras de contundencia en su real voluntad y vocación de luchar contra la corrupción, olvidándose de sesgos ideológicos, partidistas o mediáticos, dándoles la oportunidad de hacer lo que con urgencia necesitan nuestras instituciones: proteger el erario y promulgar políticas públicas que sean del interés general y no del particular de pocos. Si en estas elecciones se moviliza el electorado de opinión que aparece en las elecciones presidenciales se derrotarán muchas maquinarias políticas  que de poco le han servido a la sociedad.       

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