¿Y a la Fiscalìa quièn la ronda?

¿Y a la Fiscalía quién la ronda?

No solo las acciones criminales de los actores de la violencia perturban y lesionan gravemente la paz en general o en particular, sino que la corrupción genera una violencia silenciosa, pero dañina en potencia, máxime cuando estas conductas dolosas provienen de los Altos Dignatarios del Estado.

Si en Colombia se quiere una verdadera reforma a la justicia, sin que esta sea nugatoria, se debe comenzar por un cambio radical en el órgano encargado de investigar y acusar a ciertos Aforados de la rama Ejecutiva y Judicial, la cual está encomendada de mucho tiempo atrás a la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con resultados vergonzosos que solo han servido para nutrir la impunidad, salvaguarda por excelencia de la corrupción.

En la misma forma como se organizan protestas multitudinarias para rechazar actos de violencia que atentan contra la paz, de igual manera se debería de proceder a rechazar cualquier abuso o desafuero o actos de corrupción, cuando son cometidos por los más encumbrados funcionarios del Estado y que, por regla general, quedan en la impunidad sin castigo alguno o por el síndrome del ‘arribismo’ o por temor reverencial.

El común denominador en nuestra sociedad respecto de los Altos Dignatarios del Estados que infringen con sus conductas las normas positivas, ya sean penales, disciplinarias, civiles o laborales, es la impunidad, o sea, para estos privilegiados no existe la pronta y cumplida justicia, llegándose al extremo de pensar que si se llevan a los estrados judiciales se lesiona enormemente la ‘gobernabilidad’ del mandatario de turno  ¡Qué falta de dignidad, qué error tan craso!

Gran ejemplo nos han dado en materia de moral, ética y sentido de pertenencia varios países vecinos del Sur, quienes han demostrado gran coraje  y entereza y, sobre todo, amor por su Patria, ya que han sido inflexibles con sus Gobernantes y Altos Dignatarios en el manejo de la cosa pública, no titubeando para llevarlos a juicio y condenarlos por sus desafueros en el ejercicio del Poder.

Necesitamos aunar esfuerzos y a través de las redes sociales conformar un gran bloque de choque y presión para denunciar todo acto de corrupción, desafuero o extralimitación de funciones de cualquier servidor público, incluido el Presidente de la República, exigiendo la creación de un organismo expedito que garantice una imparcial investigación y un eficaz juzgamiento del funcionario que tiene la calidad de Aforado, evitando de esta manera su impunidad y convirtiéndonos en férreos veedores en estos procesos.

La Fiscalía General de la Nación ha sido el blanco de graves señalamientos  por su desacierto en su conducción, inoperancia en su funcionalidad, ineficacia en sus resultados acompañado de un alto grado de impunidad y corrupción que se anida en sus entrañas; situación bastante notoria con ejemplos por doquier en los que no cabe la menor duda.

Y sucede como en el viejo refrán “cada Alcalde manda su año”. En su corta vida institucional hemos tenido Fiscales de todos los pelambres y diversas condiciones sociales y académicas, pantalleros, prepotentes, alcahuetes (léase corrupto) y perezosos, y le han dado a la Fiscalía un manejo como si estuvieran administrando la huerta en el solar de su casa, sin controles efectivos y afanes mediáticos, y la mayoría de sus subalternos haciendo lo que les venga en gana, sin Dios y sin Ley, y, por supuesto, el despelote total.

Solo basta recordar episodios nefastos de algunos Fiscales, sin que se conozca hasta el momento los resultados de las investigaciones que se adelantan en su contra por sus conductas delictuosas por acción o por omisión en el desempeño de sus funciones.

Los desaciertos que tuvo Valdivieso Sarmiento en el manejo del ‘proceso 8000’ son de ingrata recordación, la manipulación burda y descarada, casi prevaricadora, que le dio a una parte del acervo probatorio da lástima, buscando así, de manera descarada, favorecer a unos en detrimento de otros. 

Es difícil que se vuelva a repetir una era o etapa tan aciaga y negra como la que se padeció con el fiscal Osorio, manizaleño de nacimiento y dipsómano consumado, quien sobresalió dejando huella indeleble por su inocultable simpatía, protección y ayuda desvergonzada a la cúpula paramilitar y a sus benefactores.

 Y ni hablar de la época del ‘tontanato’ y del “aquelarre” bajo la dirección de Iguarán Arana,  su falta de entereza, honradez y dignidad en el manejo de ciertos procesos que se vieron limitados por su temor reverencial hacia Uribe, dejan mucho que desear.

Algún día tendremos un organismo que imparta justicia a esta clase de sujetos, y sólo desde ese momento podemos empezar a decir que en Colombia tenemos pronta y cumplida justicia, y que la impunidad y la corrupción van en caída vertiginosa.

En cuanto a la Fiscal General Morales Hoyos, me limito a preguntarle de manera muy respetuosa por unas bobaditas como: ¿ En qué va la investigación de la Dirección Nacional de Estupefacientes? ¿Qué ha pasado con lo del Referendo Reeleccionista?¿En qué paró la ‘Yidispolìtica’?¿Qué ha pasado con el proceso 314 – Concierto para Delinquir – modalidad de paramilitarismo- que adelanta la Fiscalía 25 Unidad de Terrorismo, y a qué políticos se está favoreciendo?

Manizales, Diciembre 10 de 2011.

Marco Aurelio Uribe García.