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Desde cuando estalló el debate por la decisión de altos funcionarios del gobierno de declarar Zona Franca unos terrenos en los que tienen intereses los hijos del Presidente, se ha dicho que el negocio tiene mala presentación, pero que no infringió la ley. Sin embargo, hay una ilegalidad en el proceso. La resolución que autoriza la creación de la Zona Franca de Occidente le atribuye la solicitud de aprobación a una sociedad que no existía para la fecha de esa petición.
En la resolución que convirtió los lotes de Mosquera en Zona Franca, la Dian asegura que: "La sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S. A. USUARIO OPERADOR NIT 900.224.887-2, mediante escrito radicado bajo el No. 1-2007-048982 de fecha 7 de diciembre de 2007 en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas el concepto sobre la viabilidad de declaración y existencia de la ZONA FRANCA PERMANENTE DE OCCIDENTE".
La afirmación, que está en la parte motiva de la resolución, es falsa.
La sociedad Zona Franca de Occidente S. A. sólo se constituyó seis meses después de esa solicitud, el lunes 16 de junio de 2008. El Número de Identificación Tributaria (NIT) que cita la Dian no había sido asignado para esa fecha y sólo fue pedido el 17 de junio del mismo año.
Por tal razón -y sin descartar las responsabilidades penales-, la declaración de la Zona Franca sería inválida y cualquier ciudadano puede reclamar su nulidad. La mentira evidente en el documento de la Dian encuadra en una causal llamada "falsa motivación del acto administrativo" y comprueba que el trámite no fue tan juicioso como han pretendido los involucrados.
Uno de ellos es el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, quien no ha contado toda la verdad acerca de este asunto. No ha dicho, por ejemplo, que en la sesión de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, presidida por él, donde fue tratado por primera vez el tema, estaban presentes dos funcionarios de la Presidencia de la República: los señores Mateo Restrepo y Daniel Muñoz.
En esa ocasión la Comisión negó la petición por una razón que reitera la falsedad de la Dian. El acta señala: "Se cuestionó el hecho de que el solicitante no sea una persona jurídica ya constituida y por lo tanto no se conocen los socios, ni sus aportes".
La solicitud había sido presentada por la Zona Franca de Bogotá, por mandato del "Patrimonio autónomo FC-Lotes Mosquera", es decir, el fideicomiso de Residuos Ecoeficiencia, empresa controlada en más del 60 por ciento por Tomás y Jerónimo Uribe (Ver documento).
Un mes y 12 días después del nacimiento legal de Zona Franca de Occidente S. A., la Comisión Intersectorial dio su concepto favorable, requisito imprescindible para el trámite. A esa nueva sesión también asistieron funcionarios de la Presidencia: Juan Alberto Londoño y Daniel Muñoz.
El ministro Plata, en su deseo de desviar el debate, no ha encontrado problema en mentir. Aseguró, sin sonrojarse, que cuando él estaba en Proexport, yo le había presentado un derecho de petición preguntando por la participación de los hijos del Presidente en las macrorruedas de negocios. Legalmente habría podido hacerlo, pero no es cierto, jamás lo hice. Como el Ministro lo afirmó en RCN y en La FM lo invito a demostrarlo o a retractarse.
Por último quiero referirme a la encuestadora Datexco, que se autoproclamó árbitro de estos hechos. Según la ficha técnica, hizo una encuesta -por su propia cuenta- para determinar a quién le creían los colombianos en el asunto.
Sin entrar a discutir los resultados, me parece importante que ustedes sepan que entre los accionistas de Datexco están el actual viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, y el antiguo socio y gran amigo del Presidente, José Roberto Arango, quien por cierto es a la vez socio -en otra compañía llamada ODP- de Lyana Latorre, la esposa del ministro Luis Guillermo Plata.
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