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Hace unos días la policía capturó una gallina en un bus que cruzaba la frontera entre Colombia y Venezuela. No era una gallina cualquiera, era una narcogallina. Bajo su inocente apariencia de ave de corral llevaba nada menos que 250 gramos de cocaína de gran pureza en paquetes pegados con esparadrapo debajo de las alas. El dueño no apareció.
Pero, según el informe oficial citado por la prensa, "la gallina quedó bajo custodia de la Fiscalía".
Como si la Fiscalía no tuviera cosas más serias que hacer.
Sobre la droga misma, que destruye minuciosamente a toda Colombia mientras las autoridades dedican sus esfuerzos a atajar gallinas. (Y una vez, en Tibú, también consiguieron atrapar un narcopavo). A toda Colombia, digo. Para comprobarlo basta con ver los líos en que se han visto envueltos esta última semana tres presidentes de la República, enredados en hilos sueltos de su pasado relacionados con el narcotráfico. Ernesto Samper, a quien por cuenta del testimonio de un narcotraficante preso en los Estado Unidos le acaban de resucitar las denuncias sobre la narcofinanciación de su campaña presidencial. Belisario Betancur, hundido de nuevo en la tragedia de la contratoma del Palacio de Justicia, cuya toma guerrillera se dio, según se ha dicho desde entonces, por hacerles un favor a los narcotraficantes. Y Álvaro Uribe, a quien la ex presentadora de televisión Virginia Vallejo le renueva en su recién aparecido libro de memorias la acusación de haberle dado licencias de pista de aterrizaje al gran capo mafioso Pablo Escobar cuando ocupaba la dirección de la Aeronáutica Civil, en los comienzos de su carrera política.
La acusación es vieja. Pero el presidente Uribe consideró necesario salir de inmediato a rebatirla personalmente en todas las emisoras de radio, dando no solicitadas declaraciones públicas. Comportamiento en apariencia desproporcionado a su objeto, pero que tiene una explicación: Uribe sabe que no se trata simplemente de un chisme de alcoba de la farandulera retirada, sino de un mensaje enviado por la DEA norteamericana, que tiene a la antigua amante de Pablo Escobar en su lista de testigos protegidos. Así queda claro desde la primera frase de la introducción del libro Amando a Pablo / Odiando a Escobar:
"Son las seis de la mañana del martes 18 de julio de 2006. Tres autos blindados de la embajada americana me recogen en el apartamento de mi madre en Bogotá para conducirme al aeropuerto, donde un avión con destino hacia algún lugar de los Estados Unidos me espera con los motores encendidos. (...) Mi salida del país en el avión de la DEA parece ser noticia en casi todo el mundo, lo cual quiere decir que soy mucho más visible que un César Villegas, alias el 'Bandi', o que un Pedro Juan Moreno, los dos personajes que mejor conocieron el pasado del Presidente".
Se trata, pues, de un libro escrito con la asesoría de la DEA (a la cual, por otra parte, se alude con frecuencia en sus páginas para asegurar enfáticamente que se trata de la única organización del mundo que no está infiltrada por el narcotráfico). Y lo que muestra es que la DEA está ahora interesada en enredar ("entrampar", se llama en su jerga) al presidente Uribe como ha querido enredar a sus predecesores. Pues una de las consecuencias más perversas de la narcotización de Colombia consiste en que el país está siendo gobernado por la DEA: por sus denuncias, por sus amenazas, por sus insinuaciones. Y no por los narcos, como aseguró a principios de los años ochenta (es decir, cuando Pablo Escobar era amante de Virginia Vallejo y Álvaro Uribe era director de la Aeronáutica Civil) el señor Joe Toft. El cual, a su vez, era entonces el jefe de la DEA para Colombia.
En vez de andar atajando narcogallinas y narcopavos (y una vez también un narcoburro) la Fiscalía General debería estar investigando a la DEA. Pero es de suponerse que lo que sucede es exactamente lo contrario.
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