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Cansados de mendigar en las ciudades, tanto en las calles como en las dependencias estatales, los desplazados por la guerra están regresando de manera voluntaria a sus tierras de origen en condiciones de extrema pobreza y de inseguridad, circunstancia que va en contravía de lo conceptuado por la Corte Constitucional que ha insistido en solicitar el fortalecimiento de políticas públicas de protección de esta población vulnerable sin resultados realmente concretos.
A los gobiernos, tanto locales, como regionales, así como el central, les ha dado por hablar de cifras cada que abordan temas tan complejos como el del retorno de campesinos a sus tierras de origen luego de padecer el desplazamiento forzado por razones del conflicto armado. En esencia, convirtieron la estadística en un elemento sustancial para presentar resultados de su gestión.
En Antioquia sus autoridades departamentales resaltan, con cierto regocijo, el departamento “ejemplo de atención a la población desplazada”, pero cuando se profundiza en el tema la imagen mediática se desdibuja y lo que se revela es una situación compleja de manipulación de cifras y de indignidad humana.
Una muestra de esa manipulación de cifras son las actas de retorno voluntario realizadas por la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada (UAO). Para ejemplificar este aspecto, vale la pena mirar una de ellas, fechada el 28 de mayo de 2008, da cuenta de un proceso inusual de eficiencia que no se ajusta a la realidad. (ver acta)
Se trata de un acta en la que un campesino de la vereda La Hondita, del municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño, manifestó su voluntad de retornar. Para atender este tipo de solicitudes, la UAO debe llevar a cabo cuatro procedimientos: recepción de solicitud voluntaria de retorno, caracterización del núcleo familiar, solicitud de carta de orden público ante el municipio receptor y recepción de la respuesta de la situación de orden público en el sitio receptor.
De acuerdo con este documento, el campesino retornó a la vereda La Hondita en horas de la tarde del 28 de mayo, lo que quiere decir que los procedimientos se hicieron en menos de un día. De este tipo de documentos se nutren las cifras oficiales para indicar que hay un masivo retorno voluntario de campesinos a sus lugares de origen.
El acta también revela que las ayudas otorgadas por la Gobernación de Antioquia para un retorno son mínimas: tiquetes terrestres, acarreo, dos paquetes alimentarios y dos kits de aseo. En total, no recibió más de 180.000 pesos. Para alguien que quiere empezar una nueva vida, esos aportes estatales van en contravía de los preceptos constitucionales.
La indignidad que ocultan las estadísticas es fácilmente verificable en aquellas veredas donde hoy habitan campesinos retornados. Su real situación económica y social permite establecer que una es la realidad mediática ofrecida desde Medellín y otra, muy distinta, la vivida por las comunidades que quieren superan su condición de desplazamiento.
Hace pocos días visité la vereda Farallones del municipio de San Francisco, en el oriente antioqueño. El lugar está poblado por 18 familias retornadas luego de varios años de vivir desplazadas tras haber sido presionados por la guerrilla para que en una semana abandonaran sus tierras y sus pertenencias, pues se preparaban para una dura confrontación con los paramilitares. Los relatos que se escuchan en Los Farallones no son los más alentadores.
“Nos dieron vacas, claro, pero sobrevaloradas, improductivas y medio enfermas, y varias de ellas ya se murieron. Vacas que no costaban más de seiscientos mil pesos nos las dieron diciendo que valían más de un millón quinientos mil pesos”, me dijo Víctor Ciro, uno de los pobladores.
Luis Lopera, uno de los habitantes de la vereda, me referenció, preocupado, el problema de las ayudas para vivienda: “los subsidios para mejoramiento de vivienda son selectivos y dejan de lado a los ancianos que viven solos en casas a punto de caerse”. Este campesino me mostró un rancho de barro y caña brava construido hace varias décadas y habitado por una mujer de 76 años que no ha podido acceder a ningún tipo de auxilio.
Otros pobladores me hablaron de las semillas de maíz, pues recibieron diez kilos de ellas como parte de la ayuda para consolidar su retorno, pero resulta que no son aptas para esas tierras. Además, resaltaron que la vereda carece de energía eléctrica, situación que no existía cuando abandonaron la vereda de manera forzada.
A todas esas carencias se le suma el riesgo de las minas antipersonal. Estratégicamente, la guerrilla sembró la vereda de esos artefactos explosivos cuando fue abandonada por sus habitantes y pese a que el Ejército ha pasado por allí adelantando labores de desminado, la zozobra aún persiste, pues no están del todo seguros que su territorio esté totalmente limpio.
Es evidente la precariedad que deben soportar los campesinos que por su propia voluntad han decidido retornar a sus lugares de origen, de donde salieron presionados por guerrillas y paramilitares. Pese a que la Corte Constitucional ha reclamado medidas urgentes e integrales para atender a esta población vulnerable, lo cierto es que en las regiones se aprovecha cualquier oportunidad, así sea manipulando las cifras, para demostrar que se cumplen las directrices constitucionales. Eso es tan perverso como la presión para desterrarlos de sus parcelas.
El riesgo que se corre ahora es que los próximos desplazamientos forzados no serán por efectos de la guerra, sino por efectos del hambre, y la culpa de ello la tendrán los gobiernos locales, regionales y hasta el central, que prefieren administrar pensando en el titular de prensa y no en las comunidades más vulnerable de la población.
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