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Desde un principio, cuando se volvió a plantear el proyecto de reelección presidencial se advirtió sobre los efectos negativos que la discusión de esta reforma constitucional tendría sobre las relaciones entre el Congreso y el gobierno, la unidad de las bancadas políticas y la suerte de iniciativas prioritarias para atender los verdaderos problemas que enfrenta el país. Hoy, después de tres turbulentos debates, el trámite de este acto legislativo deja muchas dudas sobre el compromiso del presidente Uribe con la depuración de nuestras costumbres políticas, y desde ya anticipa los riesgos de un gobernante en campaña.
El presidente Uribe promovió un referendo dirigido a combatir la corrupción y la politiquería. Entre otros temas, el Presidente buscaba eliminar las suplencias, prohibir los auxilios parlamentarios y desmontar las pensiones de los congresistas. Sin embargo, preocupado por asegurar la aprobación de la reelección, el presidente Uribe pareció olvidar sus compromisos de campaña. O tal vez, al igual que su opinión inicial sobre la reelección presidencial, su posición frente a estos temas también cambió.
Los hechos recientes, especialmente las estrategias utilizadas por el gobierno para obtener las mayorías en la comisión primera de la Cámara, así lo demuestran. En primer lugar, el gobierno terminó enfrascado en negociaciones personales con dos congresistas, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, que ingresaron al Congreso en calidad de suplentes. En segundo lugar, producto de estas negociaciones la representante Medina terminó cambiando su voto, asegurando que el Presidente se había comprometido a aumentar la inversión pública en su región. Suena a auxilios. Y por último, la suerte del proyecto de reelección fue definida por un representante que al parecer entró al Congreso a pensionarse.
Pero más allá de lo anecdótico, el trámite de la reelección presidencial está poniendo en evidencia el desequilibro entre las ramas del poder público y ha erosionado la independencia que debe existir entre el legislativo y el ejecutivo. En estas circunstancias, muchos congresistas ávidos de puestos y auxilios se han aprovechado de la necesidad del gobierno para negociar su voto. Y el gobierno, al igual que sus antecesores, los ha otorgado, pero esta vez para sacar una legislación dirigida a favorecerlo.
Además, el trámite de esta iniciativa desde ya demuestra los riesgos que implica un gobernante en campaña. El presidente Uribe no ha tenido ningún reparo en recurrir a todos sus recursos políticos y económicos para asegurar el trámite de su iniciativa. De esta forma, a lo largo de esta minicampaña en el Congreso, funcionarios del gobierno han intervenido en política, el Presidente ha aprovechado los medios de comunicación en su favor y lo más preocupante es que se está valiendo de los recursos presupuestales y burocráticos para comprar el apoyo político del Congreso. Sin lugar a dudas, el comportamiento del gobierno a lo largo del trámite de este acto legislativo es la prueba más contundente de los abusos que puede cometer un gobernante en campaña.
*Universidad de los Andes
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