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El Banco de la República, única autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país, enfrenta desde la aprobación de la reelección presidencial, hace casi un lustro, una amenaza seria a su independencia frente al Ejecutivo. Según el artículo 371 de la Constitución, el Banco Central cuenta con autonomía “administrativa, patrimonial y técnica” frente a las ramas del poder público. De hecho, la Carta de 1991 y la ley 31 de 1992 organizaron la Junta Directiva de este ente de forma tal que ningún Presidente pudiera concentrar allí demasiada representación. El órgano de siete miembros es presidido por el Ministro de Hacienda y Crédito Público e incluye al Gerente del Banco, nombrado por la junta, y a cinco codirectores, nombrados por 4 años prorrogables hasta por tres períodos consecutivos.
Así las cosas, la junta que recibe al presidente Santos cuenta con cuatro de sus cinco codirectores nombrados durante la presidencia de Álvaro Uribe. Carlos Gustavo Cano (2005 – 2013) fue ministro de agricultura y desarrollo territorial de Colombia durante los primeros años del gobierno saliente. Juan Pablo Zárate (2009 – 2013) fue viceministro técnico de hacienda entre 2007 y 2009. César Vallejo (2009 – 2013) fue rector de la Universidad Autónoma de Manizales hasta 2009. Juan José Echavarría fue ministro plenipotenciario ante la OEA durante el gobierno Samper. Fernando Tenjo (2001 – 2013), el codirector más antiguo de esta junta, fue nombrado durante el gobierno Pastrana.
Afortunadamente el país puede sentirse orgulloso de la hoja de vida de los miembros de la Junta que gobierna al Emisor. Son personas con una amplia trayectoria académica y de servicio público. De hecho varios de ellos son “de la casa” y han ocupado diversos cargos dentro de la entidad. Así, el riesgo no radica en una concentración de poder visto desde el ángulo del partido político en el que uno u otro codirector milite. El peligro está asociado más con la doctrina económica que siga cada uno de ellos. Actualmente, dada la alineación que se ve en la política económica del gobierno entrante con el saliente, el país se enfrenta con una junta que en los próximos cuatro años puede llegar a tener una visión demasiado estrecha de la economía nacional. El riesgo es que no haya un rico debate académico, donde se exploren todas las perspectivas y líneas de pensamiento, previo a la toma de decisiones trascendentales en temas de política monetaria o cambiaria.
Actualmente, en un escenario de incipiente recuperación económica, mantener bajas tasas de interés, sobre todo cuando no hay una amenaza real de auge en la inflación parece ser una política por demás razonable. De hecho, la política monetaria expansiva que comenzó en diciembre de 2008 palió los efectos negativos de la caída en el comercio exterior y permitió que los resultados económicos de 2009 no fueran tan malos como se esperaba. Sin embargo, prolongarla indefinidamente, aunque atractivo para las grandes empresas y para los inversionistas de capital por los bajos costos de financiación que comporta, puede generar burbujas especulativas en los precios de los activos. ¿Acaso no es esa la lección que nos deja el manejo de la tasa de interés en el período previo a la crisis en Estados Unidos?
En este sentido, el objetivo de tener varios miembros en la Junta es el de mantener una representación plural de criterios. Si se permite que un presidente esté representado en la Junta por el Ministro de Hacienda y cuatro codirectores de su elección, se da de manera inmediata mayoría calificada a la filosofía económica del Ejecutivo. Esto, como se discutió más arriba, puede ser contraproducente para el desarrollo económico del país. Ahora, dado que la reelección y la continuidad en el gobierno son hechos cumplidos, es importante buscar una salida legal a la excesiva concentración de la influencia presidencial en una política monetaria que, como reza la Constitución, debería ser independiente de los demás poderes públicos.
Hay dos salidas a esta encrucijada que requieren reformas al artículo 372 de la Constitución Política y a la ley 31 de 1992. Estas disposiciones, que consagran el mecanismo de elección de la Junta Directiva del Banco Central, pueden modificarse en dos sentidos. En el primero de ellos, debería modificarse el número de codirectores a elegir cada cuatro años reduciéndolo de dos a uno, de forma tal que, en un eventual gobierno de ocho años, el Presidente sólo pueda afectar a la junta en dos de sus miembros y no en cuatro como sucede actualmente. La segunda modificación que se podría introducir involucraría al Congreso de la República en el nombramiento de futuros codirectores. Esto podría darse en el sentido de elegir el nuevo codirector de una terna presentada por el Ejecutivo, o en una ratificación del nombramiento del Presidente al mejor estilo de los Estados Unidos y de algunos países europeos. Así, el Congreso obraría como foro de debate y permitiría que el codirector elegido representara el sentimiento de las mayorías ante la junta directiva. Además, daría espacio a la oposición constructiva y al debate económico que motiva la existencia de un órgano rector plural en el Banco de la República.
* Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales. Master of Science en finanzas de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor Investigador Cipe – Universidad Externado de Colombia. germanf.forero@uexternado.edu.co
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