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Empiezo por insistir en que no estoy de acuerdo con combatir el crimen en Medellín con universitarios informantes pagados. Pero no porque sean universitarios, o informantes o pagados, sino porque esa medida no tiene nada que ver y no presenta ninguna relación con las causas, la dinámica y la ubicación del crimen emergente en esa
ciudad. Por eso creo que la medida se debe revertir. En las comunas más críticas debe haber mejor inteligencia policial, protección de los testigos que por decenas quieren denunciar, más jueces y fiscales dedicados específicamente a judicializar a los integrantes de los 'combos' criminales, entre otras medidas.
En cambio sí estoy de acuerdo con la iniciativa de organizar taxistas en redes de colaboradores con la Policía para prevenir y perseguir el delito. Que, entre otras cosas, no es una medida nueva, pues se ha aplicado con éxito por las autoridades en muchas ciudades de Colombia y del mundo. En Cali, por ejemplo, ya funciona desde hace algún tiempo. Ni tampoco viola la Ley, ni representa un peligro para la libertad o para la democracia, como interesadamente la presentan quienes consideran que cualquier colaboración de los ciudadanos con las autoridades es cosa de sapos, calificativo que en los bajos fondos de nuestro medio equivale al de despreciables delatores.
Para la organización de redes de taxistas en Cali y en las ciudades más afectadas por la delincuencia el gobierno debe aprovechar la experiencia anterior: Hacer una selección rigurosa que excluya, por ejemplo, personas con antecedentes penales o problemas de drogadicción; advertirles sobre el modus operandi más frecuente de los delincuentes; evitar la infiltración de la delincuencia en las redes; prevenir sobre las falsas acusaciones, y adoptar medidas de protección blanda para sus integrantes. Hacer parte de estas redes debería ser entonces motivo de orgullo ciudadano y no de vergüenza, como quieren presentarlo sus críticos.
Porque precario favor le hacen a la promoción de la solidaridad ciudadana quienes califican de sapos a las personas que al entregar información a las autoridades -con recompensa o sin ella-, han hecho posible la liberación de centenares de secuestrados, la desarticulación de decenas de bandas criminales, de extorsionistas, de violadores y de asaltantes, la captura o la baja de centenares de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, o el destape de innumerables casos de corrupción. Sin la colaboración de esos informantes el éxito de la política de seguridad democrática no habría sido tan abrumador como lo reconocen propios y extraños. No se habría reducido el homicidio a la mitad y el secuestro en 90 por ciento; tampoco se habría reducido en Medellín el homicidio en 60 por ciento en los últimos siete años. Pero ahora resulta que para algunos, cuando el gobierno promueve la cooperación de la ciudadanía con las autoridades, que es un deber constitucional y legal de cualquier buen ciudadano, lo que está es promoviendo la cultura de la "sapería".
Tampoco tiene sentido comparar nuestras redes de informantes con la Stasi alemana o con las anteriores Convivir. En efecto, en la Alemania comunista la Stasi tenía como propósito controlar políticamente la población y reprimir cualquier oposición al régimen, razón por la cual sus millones de colaboradores 'voluntarios' (si no lo hacían, perdían sus empleos) espiaban a sus vecinos con esos propósitos autoritarios. Con razón la Stasi era denominada "el escudo y la espada" del Partido Comunista. Algo parecido ocurre hoy en Cuba y Venezuela. En contraste, las redes de informantes en Colombia colaboran con las autoridades para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia común, no para silenciar a la oposición que, dicho sea de paso, ha tenido en el presente gobierno las mayores garantías para el ejercicio de sus derechos constitucionales.
Y tampoco hay comparación lógica con las anteriores Convivir, pues estas eran organizaciones de civiles armados, financiadas por el sector privado, con capacidad de confrontación violenta con los delincuentes. Los actuales informantes están conformados por civiles desarmados que solamente suministran información valiosa a las autoridades para que sean ellas y solo ellas las que apliquen la fuerza del Estado de manera legítima y legal.
"El hombre para ser hombre no debe ser batidor", decía un malevo en su agonía, negándose a informar a las autoridades el nombre de su asesino, según un famoso tango. Esta frase está bien como final dramático de una canción maleva, pero no se debería constituir en guía de comportamiento ciudadano, tal y como lo quisieran aquellos que señalan de sapos abominables a quienes colaboran con las autoridades para combatir el delito y contribuir a la seguridad de todos.
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