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Observo con desilusión que la forma de hacer política en Colombia está perdiendo todo piso ético y parece que todo vale si de ganar el poder se trata; no importa si se da una visión errónea de la historia, se desvirtúa la obra de un movimiento político, se atenta contra la honra y el buen nombre de los simpatizantes de ideas de izquierda y contra la memoria de los miembros asesinados de la UP que ya no pueden responder ante semejante calumnia. Este tipo de declaraciones desempolvan cobardes y gastados clichés que, como muchos sabemos, alimentaron odios en el pasado que llevaron a algunos sectores del Estado, tal y como ha sido probado judicialmente, a incitar y fraguar el exterminio sistemático contra la Unión Patriótica, privando así al país de grandes hombres.
En septiembre de 1987, Jaime Pardo Leal, mi padre, magistrado, profesor de derecho de la Universidad Nacional y ex candidato a la Presidencia de la República, convocó una rueda de prensa para denunciar ante la opinión publica e informar a los ciudadanos la coalición criminal entre miembros del Estado, narcotráfico y paramilitares que estaba asesinando a los miembros del único partido de oposición, la UP. Un mes después, lo asesinaron.
Los efectos de mostrar esta declaración en la campaña de un presidente tan popular son preocupantes. Además de irrespetar alevosamente a las víctimas de la Unión Patriótica, se puede constituir en fuente de nuevas agresiones hacia a las personas que trabajan en la oposición, y mandan un mensaje de desaliento a quienes quieren ejercer en el país el derecho a expresar públicamente su opinión.
Esto es aun más grave cuando hoy, 20 años después del inicio del genocidio de la UP, vemos que la violencia nos está golpeando con casi la misma fuerza de los años 80. El vil asesinato de Liliana Gaviria, de su escolta José Fernando Vélez, y la muerte de Jaime Gómez así lo comprueban y reflejan que las controversias se resuelven todavía con los odios y por las armas y aparentemente por los mismos grupos de paramilitares que, según las denuncias recientes de los medios de comunicación, han permeado varios organismos del Estado como el DAS –nada más ni nada menos que el servicio de inteligencia del gobierno–, hecho que tiene dimensiones incluso más grandes que las del proceso 8.000.
En este contexto, lo hecho por la campaña del Presidente, además de inconveniente, es potencialmente peligroso. La forma como personas cercanas al gobierno utilizan la información no es ejemplar.
En este caso les dan credibilidad a las palabras de una persona que muy seguramente no sabe siquiera qué fue la Unión Patriótica. Es inadmisible que estas palabras sean validadas por el equipo electoral del Presidente para tratar de ganar votos. Por eso, la declaración del señor Fabio Echeverry quien, restándole importancia al asunto, sostiene que todo el mundo puede decir lo que piensa, no pueden ser de recibo. Lo que pasa aquí es que el entrevistado no expresó una opinión, afirmó hechos y al hacerlo está difamando. Si la campaña reproduce y difunde esas afirmaciones, pues es lógico que las comparte y en ese sentido no puede librarse de responsabilidad.
Pero esta no es la primera vez que vemos que el gobierno comete este tipo de faltas. Debemos recordar episodios como la renuncia del director del DANE, quien dejó su cargo al ser recriminado por querer dar a conocer las cifras de violencia en el país y las imputaciones mentirosas al senador Rafael Pardo que lo sindicaban de tener vínculos con las Farc. Estos ejemplos, junto con muchos otros, ponen en evidencia que el gobierno desconoce la importancia del derecho a la información en una democracia. Afortunadamente, parece ser que después de tantos errores, usos y abusos, la gente ya sabe que no puede creer.
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