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El apego a la verdad no ha caracterizado la campaña para desprestigiar la marcha contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado que tendrá lugar esta semana. Esa iniciativa raquítica y desesperanzada de unas víctimas viene recibiendo certeros disparos desde las cumbres del poder. En contraste con los recursos oficiales, las embajadas y los consulados que trabajaron para la del 4 de febrero, las miles de propagandas e invitaciones de los medios, y el cubrimiento promocional de la primera marcha; esta otra está condenada a las menciones marginales, al anonimato, cuando no a la infamia.
Aquí es legítimo marchar contra los aberrantes crímenes de las Farc, pero en cambio está mal visto manifestarse contra los paramilitares y los aliados que han tenido dentro del Estado. Empezando por el 20 por ciento del Congreso, hoy investigado por sus nexos con esas mafias.
Los perseguidores de la desahuciada marcha del 6 de febrero no han tenido problema en legitimar crímenes -ya judicialmente probados- para demostrar que aquí no hay razones para protestar.
Por ejemplo, hay algo risible y trágico al mismo tiempo en la versión del ex ministro Fernando Londoño sobre la muerte de 17 personas -entre ellas tres niños- en Santo Domingo, Arauca, en 1998. La justicia condenó a la tripulación de un helicóptero militar que descargó una bomba cluster sobre el caserío que habitaban las víctimas.
Sin embargo, el ex ministro ahora sostiene: "Los compinches de los muertos tienen tiempo de recuperar la escena y montarla a su antojo. Un juez que no sabe qué es un helicóptero artillado, ni cómo se combate desde el aire, ni cómo se diferencia un ataque aéreo de una bomba de tierra, condena a nuestros hombres".
Se le olvida al doctor Londoño mencionar cuál fue la entidad que hizo el estudio balístico y de explosivos para determinar cómo murieron esas personas. No fue de una de esas diabólicas ONG, armadas según él para hacerle daño a nuestro Ejército. Quien identificó los restos de la bomba aérea fue el FBI.
El respetado general Álvaro Valencia Tovar, en su columna de El Tiempo, se refiere a las "duras condenas" que un juez civil les impuso a los asesinos de Jamundí y anota que seguramente les habría ido mejor en la justicia penal militar. Según el general, allí no se puede hablar de emboscada criminal, ni de masacre premeditada, sino de combate. En sustento de esta tesis muestra que los policías dispararon más que los militares: "El consumo de munición, según registros incorporados al expediente, fue de 536 cartuchos de la Policía y 420 del Ejército, lo que movió al juez (penal militar) a considerar que había existido 'proporcionalidad de fuerzas"'.
El veterano estratega pasó par alto un par de detalles en su ecuación: Si fue un combate "proporcional", ¿por qué todos los policías antidroga murieron y ningún militar resultó siquiera herido? Y ¿por qué varias víctimas presentan disparos a corta distancia?
Otro caso de distorsión de la verdad histórica y judicial lo encontré en una columna de Darío Ruiz Gómez, publicada en El Mundo de Medellín. Allí para descalificar a Iván Cepeda, uno de los organizadores de la marcha del 6, el columnista no tiene problema en afirmar lo siguiente: "…Iván Cepeda, seguidor fiel de los delineamientos revolucionarios de su padre, Manuel Cepeda, muerto en acción de guerra y como retaliación por las masacres de las Farc en Urabá".
Nada más falso. Manuel Cepeda no murió en ninguna "acción de guerra". Lo mataron dos pistoleros cuando salía de su casa de Bogotá, rumbo a su oficina. Era un senador de la Unión Patriótica. La investigación ha mostrado que Carlos Castaño y varios militares estuvieron detrás del crimen. Y lo más importante: el gobierno de Colombia admitió, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de agentes del Estado en este homicidio.
Lo absurdo es que en función de ahogar una protesta, tan justa como la efectuada contra las Farc, ahora quieran reescribirnos otros pedacitos de la violenta historia de Colombia.
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