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Con una frase pronunciada en Santa Marta la semana pasada, el presidente Álvaro Uribe dio por terminada la discusión en torno a la construcción del puerto carbonífero en Barú. Los empresarios del carbón se quedaron con los crespos hechos, pues el ejecutivo privilegió el desarrollo turístico de la zona, y quedó como el Mesías de las playas del Caribe al neutralizar la jugada sucia del Concejo de Cartagena. Según el gobierno, ahora resulta que los buenos del paseo son los inversionistas interesados en desarrollar un proyecto turístico a gran escala en la isla de Barú.
Sin embargo, la decisión en contra del puerto y a favor de los empresarios del turismo, ha servido también para desviar la atención del público de los problemas que hay detrás de la transformación de Barú en un enclave turístico. De manera magistral, el presidente Uribe logró posicionar la idea según la cual el desarrollo turístico a gran escala y la protección del medio ambiente son perfectamente compatibles. Y, con ello, dio un gran espaldarazo a las acciones de los inversionistas que promueven el proyecto. Mientras tanto, fuera del debate quedaron las preguntas acerca del desalojo de cientos de familias afrocolombianas que hoy viven en Barú, así como también la preocupación acerca del impacto ambiental que puede generar el turismo en una zona del país que es considerada de enorme valor ecológico.
Por su parte, los inversionistas que promueven el megaproyecto turístico Playa Blanca de Barú –entre ellos, Valores Bavaria, el Sindicato Antioqueño y el Grupo Corona– deben estar de fiesta. Y es que el susto no fue poco. Aun así, en la carta enviada por el representante legal del grupo inversionista al Ministro de Comercio tras la decisión del Concejo, se insistía en que no serían ellos, sino los habitantes de Barú, los primeros afectados por la construcción de un puerto carbonífero en la zona.
Lo que no se menciona en la carta al Ministro, es que los baruleros también son los primeros afectados por la construcción de un complejo turístico en la isla. Y esto es así, particularmente si se tiene en cuenta que una de las condiciones para la materialización del proyecto implica el desalojo de las comunidades negras que desde hace varias generaciones viven en la zona. Además, probablemente el presidente tampoco mencionó en su intervención de la semana pasada que el Estado colombiano tiene particular interés en la realización del proyecto. Concretamente, porque a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), el Estado es parte –junto con algunos de los grupos económicos más poderosos del país– de la sociedad anónima encargada de ejecutarlo.
De hecho, el documento CONPES de 2005 que desarrolla los lineamientos del mismo, señala que entre los aportes del Estado se encuentra la entrega de los terrenos en Barú que son propiedad de la Nación. Sin embargo, para las comunidades negras de Barú, las tierras donde se quiere construir el proyecto turístico son suyas, y por ello la Corporación de Comunidades Negras de la Isla de Barú ha emprendido numerosas acciones judiciales. Aun así, el documento CONPES concluye que los actuales ocupantes de las tierras de Barú son invasores y que, por lo tanto, el Estado tiene derecho a desalojarlos, con el objeto de recuperar los terrenos afectos del proyecto.
Lamentablemente, los intentos por expulsar a los habitantes de las zonas aledañas a Cartagena no son algo nuevo. De hecho, una situación similar a la que se vive actualmente en Barú ya había sido denunciada por los habitantes de la Boquilla. Y tan solo hace un año, un centenar de baruleros se encadenó en la Plaza de la Aduana, para reclamar ante las autoridades el derecho de posesión sobre las tierras que heredaron de sus familias. Ya desde 1997, el informe del relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, denunciaba cómo los habitantes de las islas Barú, Tierra Bomba y El Rosario, así como de la Boquilla, estaban siendo expulsados por las autoridades locales, con miras a construir complejos turísticos. Esto, según el relator, era el resultado de la presión ejercida a nivel local por grandes empresas hoteleras.
Lo que tampoco dijo el presidente a los colombianos es que la construcción y puesta en marcha de un complejo turístico para recibir cientos de visitantes a la semana, puede ser tanto o más perjudicial para el medio ambiente que un puerto de carbón. En efecto, la Organización Mundial del Turismo reconoció que, si bien la industria turística es la más grande del mundo, también es una de las que más afectan el medio ambiente. La protección de los manglares, las playas y los ecosistemas coralinos difícilmente puede llegar a ser compatible con el turismo masivo y la infraestructura que éste requiere.
De hecho, ya existen ejemplos de degradación del medio ambiente a causa de la infraestructura turística de la zona. La sociedad Las Palmas, una de las empresas que impulsan el proyecto de Playa Blanca, adelantó en la década de los noventa la construcción de un club náutico en Barú. Esta misma sociedad que hoy esgrime argumentos de tipo ambiental en contra del puerto y a favor del complejo hotelero, fue sancionada en junio de este año por haber construido obras no contempladas dentro del plan de manejo ambiental. Las obras realizadas en un club privado, que no alberga más de un centenar de personas, afectaron el parque natural Corales del Rosario y San Bernardo, y le costó a Las Palmas más de cuarenta millones de pesos. Lamentablemente cuando se trata del medio ambiente, el dinero no puede revertir el daño causado.
Cuando el río suena, piedras lleva. Ya lo había anunciado la revista Semana hace algún tiempo: "El presidente Álvaro Uribe se apersonó del proyecto turístico más grande del país". Por lo tanto, que no nos digan que no habrá carbón, porque habrá turismo y asunto arreglado. Si el carbón no es buen negocio cuando es a costa de las playas blancas del Caribe colombiano, tampoco es buen negocio el de las playas blancas si es a costa del medio ambiente, o peor aún, cuando el precio lo tienen que pagar las familias afrocolombianas que por generaciones han vivido en estas tierras.
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