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Queda uno bastante sorprendido con las declaraciones dadas a los medios por los generales y los coroneles que fueron retirados de sus puestos de mando esta semana por el presidente Uribe. Aunque en principio aceptaron su retiro, todos salieron a decir que no lo entendían. Dejaron claro que tanto ellos como sus hombres actuaron siempre bajo "los principios y valores" del Ejército. Ninguno creyó haber incurrido en una conducta irregular, ni mucho menos lesiva contra los derechos humanos. Muy por el contrario, el general Paulino Coronado afirmó de manera tajante a La W que en los hechos de Ocaña, donde se encontraron muertos los jóvenes de Soacha, "no había elementos para decir que allí se había cometido un crimen".
La insistencia de todos ellos en que sus acciones las habían hecho cumpliéndole a la patria y a su amado Ejército, me hizo recordar algunos episodios del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, el reconocido criminal de guerra nazi, pieza clave en el exterminio de los judíos, relatados por Hanna Arendt. En algún momento del interrogatorio, Eichmann se presentó como un gran idealista y dijo que para él, el hombre idealista por excelencia era aquel que estaba dispuesto a sacrificarlo todo y a todos por sostener su idea. Cuando confesó que él habría matado a su propio padre si se lo hubieran ordenado, sustentó tal aseveración con el argumento de que esa habría sido la mejor forma de resaltar no sólo hasta qué punto él estaba obligado a obedecer las órdenes que le daban y hasta qué punto las cumplía a gusto, sino porque eso demostraba su condición de hombre idealista. Esa justificación del horror es lo que Hanna Arendt ha dado en llamar "la banalidad del mal".
Traigo esta tesis a colación porque las declaraciones de esos oficiales idealistas que se despidieron por la radio invocando a su patria y a sus soldados con los cuerpos amputados producto de sus enfrentamientos con las Farc, no sólo contrastan con los horrores a los que presuntamente se les vincula, ya sea por omisión o por acción de las tropas bajo su mando, sino porque sus reacciones tienen cierto aire que recrea esa banalidad del mal. Ninguno de ellos se refirió al dolor de las madres de los jóvenes de Soacha e incluso uno de ellos insistió en que se trataba de muertos en combate que le hacían mal a la sociedad porque eran personas al margen de la ley, casi dando a entender que aun si hubiera habido irregularidades -que según todos ellos, no las hubo-, había que agradecerles porque nos libraron de esa escoria. Pero tampoco ninguno de nosotros, los periodistas, fue capaz de preguntarle a alguno de ellos cuál era la razón por la cual había tantos falsos positivos en los enfrentamientos contra las Águilas Negras, hecho que debería poner en tela de juicio los resultados que muestra el Ejército en la lucha que libra contra las poderosas bandas emergentes.
Nada justifica el horror ni la violación a los derechos humanos. Y lo peor que nos puede pasar a los colombianos es que terminemos transitando por el autoengaño, creyendo que es verdad lo que afirma el Presidente cuando advierte que los falsos positivos de Soacha han sido urdidos por unos terroristas que se infiltraron con el propósito de eclipsar los éxitos de las Fuerzas Militares en su lucha contra las Farc. Quienes asesinaron a esos muchachos en Soacha, en Toluviejo, en Cimitarra y en quien sabe qué más lugares, no fueron terroristas, sino miembros del Ejército. Y quienes los reclutaron también. Pero además, ellos no son los únicos que han muerto en esas circunstancias. Según los informes de la Procuraduría y de la Fiscalía, el aumento de las ejecuciones extrajudiciales desde 2005 es un hecho evidente. ¿Por qué el tema de las ejecuciones extrajudiciales fue sistemáticamente soslayado y negado por el gobierno durante tanto tiempo? Esa es la gran pregunta.
El camino a seguir debería ser el de la verdad y el de la justicia. Y en ese sentido, se tendría que decir que la purga no sólo es tardía, sino incompleta. Nadie entiende por qué sacan a 27 miembros de las Fuerzas Militares y se deja en su puesto al comandante del Ejército, el controvertido general Mario Montoya, cuyo récord en materia de derechos humanos no es precisamente el más enaltecedor para el Ejército colombiano, como bien lo advirtió hace poco un demoledor artículo en el Washington Post. Pero además, su cercanía con el coronel Herrera, promovido por el mismo Montoya como uno de sus ayudantes debido a sus grandes resultados como comandante de la brigada móvil 15, la misma que hoy está en el ojo del huracán por violaciones a los derechos humanos, pone de presente que el criterio de eficacia impuesto desde la cúpula ha estado dirigido a exaltar a este tipo de oficiales, en lugar de castigarlos.
Queda claro que la política de seguridad democrática necesita un replanteamiento urgente, si no quiere terminar justificando el horror a través del autoengaño. Con un Ejército así, difícilmente se puede ganar una guerra.
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