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La condena de 30 años proferida en contra del coronel Plazas Vega, declarado culpable por la desaparición de 11 personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, ha revivido el tabú de si los militares que incurren en delitos de lesa humanidad son intocables o no en Colombia.
En el fondo esa es la gran discusión; la misma que hace 20 años se desató cuando el entonces procurador Alfonso Gómez Méndez pidió la destitución del general Arias Cabrales y del coronel Sánchez Rubiano. Al primero, Gómez Méndez lo encontró culpable por no haber tenido en cuenta la vida de los rehenes, y al otro, por ser el responsable de la desaparición de la guerrillera Irma Franco. Al entonces Procurador se le vino el mundo encima y debido a las amenazas contra su vida se vio obligado a salir del país. Veinte años después la historia vuelve a repetirse con la indignación que ha producido la condena contra Plazas Vega proferida por una jueza. A ella también le ha tocado presenciar la rapidez con que el establecimiento político se solidariza con las fuerzas militares, mientras ella es amenazada.
Para evitar la discusión de fondo -la de si los militares son intocables cuando cometen delitos de lesa humanidad-, el mundo castrense nos tiene inmersos en la discusión equivocada y nos ha obligado a centrar su problema en el tema del fuero. Según esta tesis, condenas como la de Plazas Vega demuestran que los militares están indefensos, que se acabó con el fuero penal militar, que se destrozó la justicia penal y que por lo tanto los militares han quedado expuestos a una persecución jurídica infame que busca frenar a la fuerza pública en su lucha contra las Farc.
No sobra decir que nada de lo anterior es cierto. El fuero penal militar está consagrado en la Constitución, y en la Carta se dice explícitamente que a los militares se les garantiza su propio régimen disciplinario y una justicia penal para juzgar a aquellos miembros de las fuerzas militares que incurran en delitos que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones. Más aún: el gobierno del presidente Uribe aprobó en 2004 un nuevo Código Penal Militar y, que se sepa, en ese momento no se escuchó ninguna queja por parte de los generales. En ese Código Penal Militar se delinean nuevamente los delitos que cubre el fuero y se deja en claro que los únicos que no están sujetos son los delitos de lesa humanidad. Y hasta donde sabemos, ni la desaparición forzada ni el asesinato de campesinos inocentes son actos de servicio.
Tampoco es acertado decir que la justicia penal militar se acabó. Otra cosa es que no sea eficaz y que por el contrario haya sido fuente de pasadas impunidades que no la dejan bien parada. Casi todos los procesos de militares que hoy están siendo investigados por la justicia ordinaria fueron absueltos por la justicia penal militar.
¿Qué es entonces lo que están pidiendo los militares? Lo que en realidad están pidiendo es una peligrosa ampliación de su fuero con el propósito de "blindar" a los mandos militares de los delitos que por acción u omisión puedan cometer sus subalternos. Por esta vía se pretende frenar las responsabilidades en la cadena de mando y evitar así que los generales y el presidente Betancur terminen con el agua al cuello.
A pesar de que el presidente Uribe les prometió, en su alocución del jueves, que presentaría un proyecto de ley en ese sentido, las posibilidades de que esta propuesta se traduzca en hechos es casi imposible. A Uribe le quedan dos meses de consejos comunales, y las probabilidades de que el próximo Presidente impulse la ampliación de un fuero que va en contra del Código Penal, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la doctrina internacional de los derechos humanos, es bastante improbable, incluso, si el nuevo Presidente es Juan Manuel Santos. Ni siquiera él se atrevería a abrir semejante boquete.
Queda sobre el tapete la necesidad de encontrar una fórmula intermedia en la que se les conceda a los militares investigados por el Palacio de Justicia, un tratamiento especial a cambio de la verdad y reparación a las víctimas. Para el país es preferible una solución de ese estilo que reversar el único proceso de paz exitoso que hemos tenido, como bien lo han resaltado el general Padilla y hasta el propio presidente Uribe, quien tiene en su gobierno a varios de los ex comandantes guerrilleros del M-19.
Tiene razón Alfonso Gómez Méndez cuando dice que hace 25 años el establecimiento político-militar colombiano hizo un pacto de silencio para ocultar la verdad de lo sucedido en el holocausto del Palacio de Justicia. Y el deber de la justicia es romper ese manto de impunidad. Lo demás es carreta.
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