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La justicia de Estados Unidos fluctúa entre facetas extremas. Escojamos tres ejemplos variados.
A los prisioneros de Guantánamo no se les ha permitido por un largo tiempo ni siquiera ser defendidos por un abogado. Muchos llevan más de cuatro años incomunicados sin que se les haya resuelto su situación jurídica.
Al legendario O. J. Simpson lo dejaron ir tranquilamente, por un tecnicismo del juicio en el que se logró demostrar con creces que él decapitó a sangre fría a su esposa y al novio de esta. En el colmo de la ironía, casi publica hace unos meses un libro que llevaba por título: Y si yo lo hubiera hecho, ¿cómo lo hice?
A la malcriada niña rica Paris Hilton, lanzada al estrellato porque su novio -hay quienes dicen que fue ella- puso a circular en Internet un video absolutamente gráfico de una noche de relaciones sexuales en el cuarto de un hotel, la sentenciaron a pagar 45 días de cárcel por haber reincidido en conducir en estado de embriaguez y con la licencia vencida. Al tercer día de estar confinada en una celda de cinco estrellas y después de llorar mucho, a la celebridad la dejaron irse a su mansión a pagar detención domiciliaria porque resultó alérgica al colchón y se le podía dañar el cutis. El hecho de ser la heredera de la cadena hotelera Hilton, desde luego, ayudó a hacer el milagro. Según el reverendo Al Sharpton, líder de la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, "aquí existen unas reglas para los ricos y famosos, y otras para los demás".
Estos tres ejemplos escogidos al azar de los anales de cómo opera la justicia en los Estados Unidos -desde la violación absoluta de los derechos procesales, la impunidad total de un asesino y los privilegios descarados de los ricos y famosos- serían suficientes para que los congresistas demócratas no fueran tan absolutistas con los casos judiciales que actualmente se ventilan en Colombia, donde se vive uno de los conflictos políticos más complejos del planeta. Por eso no se entiende que con una facilidad asombrosa, ocho senadores demócratas, liderados por el precandidato presidencial afrodescendiente Barak Obama, esperaran al presidente Uribe en su última visita a Estados Unidos con una carta en la que se declaraban "extremadamente preocupados por la infiltración de terroristas y narcotraficantes" en importantes instituciones del Estado. ¿Se habrán imaginado por un instante lo preocupados que estamos nosotros?
Obama y sus compañeros le piden al gobierno colombiano cosas aparentemente tan elementales como atajar a los paramilitares que siguen delinquiendo, quitarles los celulares a los que están presos, investigar y sancionar a los patrocinadores políticos, económicos y militares de los paras y evitar a toda costa su arresto domiciliario.
En la actualidad, los líderes paramilitares están en una cárcel menos cruel que la de Guantánamo, pero no están incomunicados: las autoridades interceptan sus comunicaciones y gracias a ellas se han detectado intentos de fuga y abusos de las reglas de su reclusión.
A cambio de los beneficios en la rebaja de sus penas están obligados a confesar sus atrocidades, en las que figuran varios decapitados, como la esposa de O. J. Simson. Y por ahora están muy lejos de regresar a sus mansiones, como Paris Hilton, aunque de pronto terminen haciéndolo (el gobierno tiene una propuesta), pero no precisamente porque la cárcel esté llena de pulgas y de malos olores, sino por un problema de proporcionalidad de la pena.
Inevitablemente, un proceso como este ha sido incapaz de garantizar una desmovilización general del paramilitarismo, pero eso no significa que no se esté persiguiendo a los renuentes. A los cabecillas que se han desmovilizado se les permite comunicarse con el exterior, al igual que a los de la guerrilla que están en las mismas condiciones, porque se trata de un proceso de paz que requiere que sus líderes ejerzan su autoridad sobre sus ejércitos ilegales y los convenzan de las bondades de desmovilizarse. De asesinos de su calaña no nos debe extrañar que utilicen también sus celulares para contratar menores de edad que "descorchan" en unas parrandas inaceptables.
Por último, tanto la Ley de Justicia y Paz como las recientes decisiones del Presidente sobre la liberación de guerrilleros han desbarajustado inevitablemente nuestro derecho penal, y volverlo a ajustar será algo muy complicado.
Descuartizadores de motosierra recibirán menos pena que los políticos que no asesinaron pero que se protegieron con su ayuda de que los mataran a ellos. Los delincuentes comunes alegan que ellos también tienen derecho a ser excarcelados porque cometieron delitos mucho menos graves que los guerrilleros que comienzan a ser liberados.
Y todo este despelote se da por algo que el presidente Uribe ha bautizado como una razón de Estado, que en últimas no es sino la búsqueda de la paz.
¿El señor Obama, por mucho Summa cum laude de las Universidades de Georgetown y de Harvard que sea, tendrá la capacidad de entender que en su calidad de ex consumidor de marihuana y de cocaína, como lo ha reconocido públicamente, puso su granito de arena en este caos?
En lugar de mandarle cartas al Presidente colombiano, debería ofrecerle disculpas.
ENTRETANTO… ¿Habrá muchos otros países del mundo donde los presos salgan, como el señor Granda, a la fuerza?
ENTRETANTO…¿EN ALGÚN OTRO PAÍS DEL MUNDO SE OBLIGARÁ A LOS PRESOS A QUE SALGAN LIBRES?
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