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La falta de garantías es generalmente el último argumento que esgrimen quienes por anticipado ven perdida una elección. A veces con razón, como cuando una dictadura persigue o prohíbe la oposición, o cuando el sistema electoral no es transparente y los resultados son manipulados por el gobierno. Pero a veces sin razón, porque hay democracia y garantías para la oposición, y el sistema electoral es transparente y confiable.
Hoy nuestro caso es este último, porque la oposición lleva varios meses diciendo que no hay garantías, pero nunca como ahora los candidatos de todo el espectro político habían tenido tanta libertad y tanta seguridad para adelantar sus campañas electorales en todo el territorio nacional, nunca habían tenido tantos recursos públicos a su disposición (4.000 millones de pesos de anticipo por candidato presidencial), nunca habían tenido tanto acceso a los medios masivos de comunicación y, además, el sistema electoral, a pesar de sus reconocidas fallas, es cada vez más confiable.
Adicionalmente, para las elecciones parlamentarias hay una Ley de Garantías vigente que se está aplicando mediante un específico Plan de Garantías Electorales diseñado y puesto en marcha por el gobierno, que incluye, entre otras cosas, la congelación de la nómina oficial, la prohibición de nóminas paralelas, medidas de seguridad para el proceso electoral y para los candidatos, prohibición del proselitismo electoral a los empleados públicos, presencia de observadores internacionales, etcétera. Todo esto está vigente y operando.
La discusión se centra en que, según algunos, no hay garantías para las elecciones presidenciales porque el presidente Uribe, quien aún no es formal ni legalmente candidato porque no puede serlo, debería comportarse desde ya como tal y otorgar garantías adicionales, por si acaso. Pero, a mi manera de ver, Uribe hoy no es candidato sino precandidato, y para que lo sea falta que la Corte Constitucional apruebe el referendo y que éste tenga la participación electoral suficiente, todo en medio de unos plazos angustiosamente cortos que atentan contra el éxito de ese referendo.
El hecho es que la Ley de Garantías vigente para la elección o la reelección presidencial por primera vez, la 996 de 2005, obliga al presidente en ejercicio a cumplirla a partir del 30 de enero próximo, o sea, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. Por tanto, aún cuando ya fuera legalmente candidato, que no lo es, estaría obligado a cumplir esa Ley sólo a partir de esa fecha, no antes. Así que desde los puntos de vista político y legal son injustas e infundadas las críticas que durante los últimos meses se le han hecho a Uribe sobre el tema de las garantías electorales.
El problema entonces serán los próximos meses a partir de esa fecha, cuando al vacío legal se sumará la incertidumbre política. "En Colombia garantías sí hay, lo que no hay es una Ley de Garantías que se pueda aplicar positivamente", ha señalado el presidente del Consejo Electoral, Marco Emilio Hincapié, refiriéndose obviamente al hecho de que la ley vigente no puede dar cuenta de la situación inédita que se presenta ahora, esto es, la incertidumbre de que sea o no posible una segunda reelección presidencial. ¿Debe entonces el Presidente asumirse y comportarse desde ya como candidato si, en teoría, sólo tiene el 50 por ciento de posibilidades de serlo?
Yo creo que sí. Mientras la Ley lo obliga y la incertidumbre política se resuelve, la solución está en el plano de la ética. De la ética preventiva, para ser más precisos. A partir del próximo 30 de enero el Presidente debería comportarse como candidato y otorgar a los demás candidatos las garantías que establece la Ley, por si acaso llega a serlo efectivamente. Con seguridad, para un Presidente con tan alta popularidad e intención de voto, por lo que prácticamente no necesita hacer campaña para ganarles a unos adversarios que, frente a él, están poco favorecidos del apoyo ciudadano, con seguridad, digo, al Presidente no le afectará en lo mínimo acoger a plenitud lo que establece la Ley de Garantías en los próximos meses, que podrían ser menos de cuatro si por cualquier circunstancia el referendo no es aprobado.
No es mucho pedir, porque en plata blanca significa: no inaugurar obras públicas, no entregar personalmente recursos estatales, no referirse a otros candidatos como Jefe de Estado, entre otras medidas. Poca cosa, en realidad, para un Presidente con tan desbordantes popularidad e intención de voto. Hágalo Presidente, y desde antes de la batalla electoral mójeles la pólvora a sus adversarios.
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