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La reapertura del proceso judicial contra el vicepresidente Santos parece ser un caso más de manipulación política de la justicia. Porque se necesita tener una mente muy torcida o anidar las más sucias intenciones contra el gobierno para imaginarse o afirmar que Santos pudo haber animado la creación de grupos paramilitares en Bogotá o en cualquier parte del país.
En efecto, desde hace más de 15 años Santos ha sido reconocido, tanto dentro como fuera del país, como uno de los más decididos y firmes luchadores contra el secuestro y por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Su rechazo a la violencia nunca ha dejado dudas a nadie y siempre ha condenado por igual tanto a la guerrilla como a los paramilitares. De esto han sido testigos todos los colombianos a través de los medios de comunicación, muchas ONG nacionales y extranjeras que lo han acompañado en su lucha por el respeto al Derecho Internacional Humanitario, y lo confirman, por si hiciera falta, todas las columnas de opinión que salieron de su pluma cuando era columnista de El Tiempo. De hecho, Santos fue víctima del secuestro y estuvo a punto de ser asesinado por Pablo Escobar, uno de cuyos jefes militares era Carlos Castaño, luego principal líder de los paramilitares.
Nadie en Bogotá, ningún empresario, jefe político, activista social o periodista, podrá afirmar nunca que fue contactado por Santos para procurar su apoyo financiero, organizativo o de opinión, para la conformación de un grupo paramilitar en la capital del país. El mismo Salvatore Mancuso, que es quien lo acusa, reconoció en su declaración a la Fiscalía que Santos nunca estuvo vinculado a ninguna actividad relacionada con la creación del Bloque Capital de los paramilitares. Su acusación parece ser una retaliación contra un gobierno que hábilmente desmovilizó, desarmó y encarceló a la cúpula paramilitar y, además, parte de una estrategia para enlodar a todo el mundo con el fin de salvarse a sí mismo: si todos somos culpables, nadie es culpable. Sin embargo, la Comisión Colombiana de Juristas y Gonzalo Gallón, los demandantes, consideran "muy consistentes" las declaraciones de Mancuso. Pero hay tal carencia de pruebas y de indicios serios en estas declaraciones, que el primer fiscal encargado de la investigación profirió hace más de un año un acto inhibitorio sobre el caso.
Tampoco es serio afirmar, como hace Mancuso, que Santos apoyó en sus columnas a los paramilitares. Lo que él hizo fue tratar de explicar por qué estaba surgiendo con tanta fuerza ese fenómeno en distintas regiones del país. Somos muchos los que por años hemos dedicado esfuerzos a analizar el porqué de la existencia y la persistencia de la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares en Colombia, a desentrañar sus lógicas, sus dinámicas y sus estrategias, para recomendarle al Estado cuáles deberían ser los mejores caminos para pacificar el país. La Seguridad Democrática también es resultado de esos esfuerzos. Pero por eso no se nos puede señalar de prestar apoyo a grupo irregular alguno. Y si por haber tenido contacto con jefes guerrilleros o paramilitares en ejercicio de su oficio se quiere condenar a un periodista, como era Santos en su momento, pues habría que encarcelar a más de la mitad de los periodistas del país que lo han hecho para informar al país sobre la cruda realidad de la violencia que nos agobió durante décadas. Hay periodistas que han tenido muchas más entrevistas con jefes de grupos irregulares que las pocas que realizó Santos y, además, lo aceptan abiertamente, sin que hayan sido objeto de demanda judicial alguna por quienes hoy demandan al Vicepresidente. Hay que reconocer que Gallón no demanda los pocos contactos de Santos por ilegales, sino por "intensos", con lo que parece proponer la creación de un nuevo tipo penal, hoy inexistente.
Pero si todo lo anterior es tan evidente, ¿por qué después de un año la Fiscalía reabre la investigación? ¿Hay acaso hechos nuevos que lo justifiquen? No, no hay nada. Lo único nuevo es que hay un nuevo vicefiscal (e) que al parecer es del resorte de la Corte Suprema de Justicia, cuya animadversión contra el presidente Uribe es de sobra reconocida. Reabrir la investigación para provocar un escándalo gratuito durante unos meses puede tener un impacto negativo contra la Presidencia de la República, sobre todo en el exterior, pues en Colombia muy pocos fundamentalistas le abonan alguna credibilidad. Pero en tiempos de referendo y de reelección puede ser una manera de enturbiar el cauce normal de la democracia.
Por eso a la Fiscalía habría que exigirle una decisión pronta, seria y definitiva sobre este caso, para despejar nuestras dudas de que se podría tratar de un episodio más de manipulación política de la justicia.
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