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Pasan y pasan las semanas sin que avancen los procesos por las anomalías del referendo reeleccionista. Ni la Fiscalía, ni el Consejo Electoral se pronuncian sobre una serie evidente de irregularidades en el trámite de la iniciativa que encabezó Luis Guillermo Giraldo.
Está probado, por ejemplo, que la Asociación Colombia Primero funcionó como una ventanilla trasera para recibir contribuciones para la reelección que no fueron declaradas como tales en la Registraduría.
Como la ley ordena que solamente los promotores del referendo pueden recaudar apoyo financiero y dentro de unos topes, ellos activaron esa Asociación para evadir controles y límites.
Fue una operación ejecutada con premeditación. La mayoría de los promotores del referendo eran al mismo tiempo miembros del organismo directivo de la Asociación Colombia Primero. Tan parecidos eran la Asociación y el Comité Promotor, que Luis Guillermo Giraldo terminó siendo simultáneamente representante legal de la primera y vocero del segundo.
En poder de las autoridades está el acta 8 donde el Consejo Central de la Asociación "autoriza la recepción de donaciones para financiar el apoyo de la iniciativa legislativa popular que permita la segunda reelección". Una función que legalmente no podía ejercer.
Como si fuera poco, los documentos de varias empresas demuestran que los aportes que entregaron a Colombia Primero -que además sobrepasaban el tope máximo- tenían como destino único la financiación del referendo reeleccionista.
Para citar apenas cuatro ejemplos, existe una carta de Riopaila Castilla, en la que consta que entregó 30 millones de pesos a la Asociación Colombia Primero como "gestor de la iniciativa popular para la reelección presidencial".
Otro tanto sucede con una de las contribuciones de RCN Radio en donde su gerente jurídico deja constancia de que la entrega a "la Asociación Colombia Primero Comité de Promotores del Referendo Constitucional para la reelección presidencial".
Los soportes contables de Fedco señalan que el dinero entregado a esa Asociación se hizo bajo el concepto: "Donación Reelección Presidencial".
Todavía más claro es el comprobante de egreso de Textiles Nueva Moda, en cuya copia se puede leer "Aporte Campaña Alvaro Uri".
Los documentos desmienten a Luis Guillermo Giraldo y a Carlos Alberto Jaramillo, quienes han sostenido que la Asociación no recaudaba contribuciones para el referendo reeleccionista sino para apoyar iniciativas populares, en abstracto, y que su papel se había limitado a hacer un préstamo a los promotores.
El contrato del pretendido préstamo deja a la vista otras protuberantes irregularidades. Cuando se firmó, el 17 de junio de 2008, ya la Asociación había efectuado más de 1.000 millones de pesos en pagos por la recolección de firmas. Es decir, se intentaba legalizar una situación cumplida y contraria a la ley. La 'deuda' creció casi hasta 2.000 millones, lo cual también es raro porque el patrimonio del prestamista apenas llegaba a cinco millones de pesos.
El aporte de Transval, la transportadora de valores controlada por una empresa de William Suárez, de DMG, fue mucho mayor del que han querido presentar. La investigación estableció que Transval realizó al menos 120 recorridos en camiones blindados para llevar firmas hasta sus bodegas antes de entregarlas a la Registraduría. Ese servicio fue valorado en apenas 4.700.000 pesos por la Asociación.
Quizás ese sea el único gasto contablemente modesto de la faraónica iniciativa.
Cualquier auditoría independiente encontraría llamativo que mientras los promotores del referendo de cadena perpetua para violadores tuvieron que gastar 17 pesos para recoger cada firma, a Luis Guillermo Giraldo y sus amigos el mismo trabajo les haya costado 30 veces más.
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