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Por fin el Presidente presentó al país un proyecto de despeje, o de zona de encuentro con un término fijo y unas condiciones: 150 kilómetros cuadrados donde haya poca población civil y a donde los negociadores concurran desarmados. El despeje es un giro saludable, si se mantiene, y no se echa para atrás al primer tropezón. Incluso si las Farc no lo aceptan de primerazo y replican con una contrapuesta más ambiciosa, habrá que volverla a estudiar, hasta que por fin se llegue a un plan aceptable.
Y aceptable quiere decir que realmente ponga en blanco y negro hasta dónde puede llegar el país –o mejor, hasta donde podemos asumir los costos que conlleva un despeje– en aras de salvar las vidas de Luis Eladio Pérez y Clara Rojas y su bebé, Íngrid y las demás víctimas, y les exija a las Farc con seriedad concesiones concretas.
Nada saca el Presidente con hacer concesiones unilaterales, liberar a Granda, sacar a 100 guerrilleros de la cárcel, ponerles de carnada a su supuesto amigo Chávez… nada de eso sirve si no hace parte de una negociación en curso, real, en la que se puede saber exactamente qué se concede y a cambio de qué. Y para hacer esta negociación viable sería deseable que el mismo gobierno invite al país a que debata este nuevo intento, para que las fuerzas de la oposición lo mejoren, e incluso, la Corte Constitucional lo evalúe a la luz de los derechos fundamentales de las personas que puedan resultar afectadas.
Lo que sí ha quedado claro es que el gobierno no se puede pasar el resto de lo que le queda en la Casa de Nariño realizando gestos que hagan como si realmente quisiera liberar a los secuestrados por las Farc: pedirle a un Presidente extranjero que se le meta al asunto, para desautorizarlo cuando empiece a avanzar; hablar de rescates militares cuando sabe que no son posibles sin causar la muerte de los secuestrados; pedirle alguna enemiga política que intente la mediación para ver si así la quema, o incluso aceptar propuestas de los mediadores, para abandonarlas a la primera bomba de las Farc.
Es necesario que, esta vez sí, el presidente Uribe se comprometa personalmente con la solución, para usar las palabras de su colega francés, Nicolas Sarkozy. Las palabras de sus cartas a los secuestrados y al jefe de las Farc, ‘Marulanda’, son iluminantes en este sentido: “Yo me comprometo de mi parte a seguir implicándome personalmente en la búsqueda de una solución humanitaria por la liberación de todos los secuestrados”. Sarkozy expresó nociones de solidaridad con los secuestrados y sus familiares, responsabilidad y compromiso con encontrarle una solución al problema y necesidad de rescatar la dignidad humana, que poco se han escuchado en boca de los funcionarios colombianos que han lidiado con este calvario.
Por certeras que hayan sido sus cartas –que por cierto no recibieron más que un destemplado desaire de las Farc, lo que da cuenta de la profunda miopía política de esta guerrilla–, no es sin embargo responsabilidad del presidente francés lograr la liberación de los secuestrados en Colombia. Ni es deseable que sólo se consiga la liberación de Íngrid, la única que en realidad moviliza a Francia, pues dejaría a los demás en un olvido aún mayor. Esa es una tarea en primera instancia de nuestro gobierno, y todos entenderemos si fracasa en ella después de haberlo intentado seriamente. Ojalá este anuncio oficial signifique que atrás quedaron los esfuerzos erráticos, metidas de pata, rescates fallidos, egos, y esa suerte de negación profunda del Presidente ante el problema, al punto que, en contra de su carácter de microcontrolador que supervisa hasta la más mínima movida del Estado, haya intentado endilgarle el problema a cuánto personaje pase por allí.
Distinto a delegar el problema a un tercero, extranjero o nacional, es acudir a la necesaria y bienvenida mediación. Pero si la pide, el gobierno debe tener claro exactamente qué es lo que quiere de ésta y cómo entran los mediadores a jugar en su estrategia de negociación.
Aun a pesar de la saludable decisión presidencial, he escuchado algunos que aún argumentan que hay una razón de Estado por la cual no se puede ceder al vil chantaje de las Farc: si negociamos estos secuestrados políticos, dicen, habrá muchos más. Pero es un raciocinio en el fondo falso. Primero, porque si el Estado cuida bien a sus ciudadanos, no habrá más secuestrados de este tipo. De hecho lo ha venido haciendo bastante mejor y desde que Uribe es Presidente, las guerrillas han retenido apenas a dos rehenes políticos. Segundo, porque no ceder a la coacción de las descompuestas Farc, tampoco garantiza que no haya nuevos secuestrados. Al contrario, si éstas ven que su extorsión no da frutos, quizás intenten subir el “valor” secuestrando a alguien más “importante”.
El otro argumento que se esgrime con frecuencia en contra de sostener una negociación con las Farc contra viento y marea hasta alcanzar la liberación de los secuestrados, es que las Farc son perversas e inhumanas y siempre van a engañar al país. Eso es cierto: la responsabilidad es enteramente de los guerrilleros, las vidas de esos secuestrados están en peligro por su culpa y si algo les pasa ellos serán los enjuiciados legal y políticamente por el mundo entero. Su causa revolucionaria está tan degradada que, como dijo Sarkozy, han olvidado que “la única causa posible de toda acción política es la dignidad del ser humano” y además han intentado engatusar al país ya muchas veces.
Sin embargo, eso no debe conducir a darse por vencido fácilmente. Al contrario, ese conocimiento de las Farc nos debería llevar a afinar nuestra negociación, escoger bien a los más experimentados y mejores negociadores (y dudo que Luis Carlos Restrepo con sus múltiples tareas de consejero de Paz en el proceso con los paramilitares y con el ELN, sea la mejor opción), pensar a fondo las propuestas para que sean exitosas y sacarle el mejor provecho posible al hecho de que negociamos como sociedad solidaria con sus víctimas, desde una posición de superioridad moral frente a la barbarie guerrillera. El sufrimiento de los secuestrados no da más espera. Como lo describió en forma desgarradora Íngrid, su paciencia pasó el límite de lo humanamente soportable.
Es de esperar, además, que en esta nueva etapa que empieza, con la reciente concesión de Uribe, el gobierno colombiano por fin acoja a los familiares de los secuestrados y haga suya su súplica. Ellos merecen ser tratados dignamente, con respeto. Porque lo que ha hecho hasta ahora con los familiares de los secuestrados es vergonzoso: ponerlos a rogar de la seca a la meca, de país en país, para ver si alguien en el exterior les da la mano que no le han tendido quienes gobiernan en su propia patria. Eso también tiene que cambiar de ahora en adelante.
Ahora sí que se necesita el pulso firme del que tanto se precia el presidente Uribe. Un pulso para conducir una negociación exitosa con las Farc, tan firme como el que ha tenido para combatirlas. Y la dirigencia política, social y la ciudadanía debemos aportar y velar para que el gobierno se mantenga en esta nueva ruta hasta llegar a unas condiciones aceptables para las partes, sociedad y guerrilla, que terminen en el regreso a casa de los secuestrados. Es demasiada la esperanza que se abre para las víctimas de esta atrocidad como para que termine en una nueva frustración, pues si eso sucede, quizá ya no sean capaces de aguantarla.
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