Por Andrés R. Vargas*
PUBLICIDAD
Charles Tilly, reconocido científico social, planteó que una de las formas de medir el grado de democracia es observar la posibilidad que tienen los ciudadanos de defenderse de las actuaciones arbitrarias de los agentes estatales. Si se acepta esta métrica es posible concluir que Colombia, hoy en día, transita por la senda del autoritarismo.
La criminalización, el hostigamiento y la judicialización arbitraria de las personas que componen el movimiento social colombiano no es algo nuevo en Colombia. Sin embargo, las organizaciones que lo componen en Bogotá salieron relativamente bien libradas de sus rigores en el pasado reciente; esto es, si se les compara con lo ocurrido en otras regiones como Arauca, donde en 2002 hubo detenciones masivas y arbitrarias (criticadas en su momento por la Procuraduría).
Esa calma relativa se ha ido disipando en los últimos meses. Ahora hay evidencias de que está en aumento la represión por parte de los entes de seguridad y justicia del Estado que amenaza los derechos civiles y políticos de las organizaciones sociales.
Los integrantes del movimiento social han venido siendo objeto de detenciones y procedimientos judiciales arbitrarios en forma creciente. Unas de las primeras detenciones arbitrarias con amplia difusión en las redes del movimiento social bogotano fueron las de William Javier Díaz Ramírez, profesor de la Universidad Distrital y miembro del Taller y de Edison Javier Reyes Roa integrante de la organización ambiental Territorio Sur, entre otros estudiantes y miembros de organizaciones sociales.
La labor social y el trabajo comunitario y educativo que venían realizando algunas de estas personas son de conocimiento en el mundo de las organizaciones, así como sus posturas políticas críticas y su independencia frente a cualquier grupo armado.
Sin embargo, su trabajo despertó las sospechas de autoridades judiciales, de policía o de organismos de inteligencia. Por eso iniciaron procesos arbitrarios en su contra. Y fueron arbitrarios porque como la Unidad Antiterrorismo prohibió a sus abogados defensores conocer las pruebas del proceso el derecho a la legítima defensa de estas personas se vio vulnerado. Así lo señalaron el Cinep y otras organizaciones en un comunicado del 14 de noviembre de 2008.
Otro hecho de la cadena de arbitrariedades y procesos irregulares se hizo público en diciembre, cuando El Espectador (2008, diciembre 20) reveló un informe de la Sijin que señalaba a intelectuales, ambientalistas, líderes comunitarios y activistas políticos de estar “agitando las masas” en Bogotá como parte de su trabajo para el Partido Comunista Colombiano Clandestino. El informe de “inteligencia” era un conjunto de elucubraciones que El Espectador describió como una “jocosa argumentación teatral”, y cuyas motivaciones políticas son claras. A pesar de la vaguedad de los indicios y de las argumentaciones espúreas que contenía, la Fiscalía ordenó la interceptación de correos y teléfonos de centenares de ciudadanos y la captura de algunos otros.
El episodio de hostigamiento más reciente tuvo lugar en Salmón Cultural, centro social y cultural donde se reúnen y trabajan numerosas organizaciones sociales y colectivos juveniles. Hasta allí llegaron, en una exhibición desproporcionada de fuerza, el DAS, la Policía Nacional y otros entes estatales para realizar un allanamiento en busca de explosivos y para evitar, según ellos, “la acción terrorista que se podía efectuar”, como se desprende del acta de allanamiento.
La diligencia tuvo varias irregularidades y arbitrariedades: la fiscal, Claudia Esther Pérez Duarte, pretendió impedir la presencia de los abogados de los arrendatarios del inmueble durante la diligencia (como se ve en un video en el portal Youtube); la diligencia se realizó en un inmueble independiente al que se ordenó allanar en la orden oficial; y aún no ha sido posible para las personas vinculadas en el proceso conocer las pruebas en las que se basó la fiscal para ordenar la diligencia. Se debe destacar que, como quedó consignado en el acta del allanamiento, no se encontró nada ilegal dentro del “Salmón Cultural”. Es la judicialización de la inteligencia.
Al día siguiente, y con inquietante relación entre los hechos, dos sujetos acudieron al –Salmón Cultural y amedrentaron a una de sus figuras visibles, Yuri Neira. La intimidación hecha al señor Neira tenía la clara intención de disuadirlo de continuar con sus actividades políticas y sociales, y la gravedad de los hechos lo obligaron a exiliarse. Este caso tiene una connotación especial, pues el señor Neira ha liderado, desde hace tres años, una campaña de denuncia de los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía Nacional, campaña que emprendió luego que su hijo fuese asesinado por agentes del Esmad en mayo de 2005 (la Procuraduría señaló la responsabilidad de los agentes en un informe).
Los hechos acá reseñados no recogen la totalidad de los casos de hostigamiento y judicialización arbitraria de miembros del movimiento social bogotano, pero son suficientes para ilustrar claramente la persecución a un movimiento social que estimula el disenso y el pensamiento crítico. Esta nueva tendencia está desarticulando al débil movimiento social bogotano. Y no es de esperar que el gobierno nacional la ataje cuando ésta les resulta tan funcional. En este escenario estamos recorriendo el lóbrego camino del autoritarismo en el país, con sus nefastos efectos sobre las libertades democráticas y el bienestar de la población.
* Andrés Vargas es politólogo e investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)
Este es un espacio de participación de los usuarios. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los internautas y no reflejan la opinión o posición de Publicaciones Semana S.A..
Publicaciones Semana S.A. se reserva el derecho a eliminar aquellos comentarios que considere innecesarios para la sana participación de los internautas.