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El 26 de mayo de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia por la que encontró que el Estado colombiano es responsable de la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda de manos de agentes del Estado. El alcance del fallo tiene un valor fundamental para la consolidación del Estado de Derecho en Colombia.
La Corte, como órgano judicial supranacional cuya competencia deriva de tratados internacionales ratificados por Colombia, emitió su decisión después de haber considerado cientos de documentos, declaraciones y otros elementos probatorios aportados tanto por el Estado, la Comisión Interamericana y las víctimas, opiniones e información provista por la asociación civil Unoamérica, y tras un rico debate sobre cuestiones de hecho y derecho.
La abundante prueba producida, permitió a la Corte concluir, lo que ya se preveía antes del juicio, que como lo habían sostenido anteriormente diferentes órganos nacionales e internacionales, la ejecución del senador Cepeda fue efectuada por parte de agentes del Estado y grupos paramilitares, y se insertó en un contexto de violencia sistemática y exterminio contra la Unión Patriótica (UP). La sentencia afirma asimismo que el móvil del crimen fue la militancia política de oposición ejercida por el senador. Vale recordar que la propia justicia colombiana había establecido la participación directa de miembros del ejército y de grupos paramilitares en la ejecución del senador.
En este sentido, la Corte consideró que el Estado no respetó ni garantizó la vida al senador. Más aún, aumentó su nivel de riesgo en virtud no sólo de la displicencia y negligencia frente a las amenazas de las que fuera objeto sino también por las declaraciones vertidas por funcionarios públicos en las que vinculaban a la UP y el Partido Comunista Colombiano con las FARC. El discurso público de varios funcionarios exacerbó la hostilidad e intolerancia por parte de funcionarios públicos y otros sectores hacia las personas vinculadas con la UP.
Lejos de tergiversar la historia reciente de Colombia, esta sentencia ratifica el principio de que una democracia consolidada requiere que aquellas personas que tengan posiciones públicas polémicas o críticas puedan expresarse, asociarse y participar políticamente sin ser estigmatizadas, hostigadas o asesinadas. Ello es necesario incluso cuando sus opiniones resulten ofensivas o perturbadoras para el Estado u otros sectores de la sociedad.
El alcance de este pronunciamiento se extiende a la actualidad colombiana, en la que persiste la estigmatización, amenazas y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y líderes políticos. En ocasiones esta situación se agrava por declaraciones de altos funcionarios del Estado y otros actores sociales, que ponen a estas personas en situaciones de gran riesgo. La propia Corte reconoció en el caso concreto que tanto el hijo del senador, Iván Cepeda, como sus familiares, continúan siendo objeto de estigmatización, por lo que siguen expuestos a hostigamientos y amenazas.
Los debates recientes sobre el contenido de la sentencia, el rescate de la memoria histórica, los imperativos morales en juego, demuestran el acierto del tribunal interamericano al requerir medidas de reparación que permitan comprender a cabalidad los niveles de responsabilidad de diversos actores en la muerte anunciada y trágica del senador Cepeda. En la resolución, la Corte ha solicitado que el Estado realice un reconocimiento público de responsabilidad internacional y que se reivindique la memoria del senador.
El cumplimiento escrupuloso de la Sentencia del caso Cepeda que anuncia la Cancillería debe estar acompañado de medidas efectivas que permitan que los pedidos de disculpa, los actos de reconocimiento y las medidas de reparación adoptadas respeten la letra y el espíritu de la decisión del Tribunal. El propósito último de la decisión del tribunal consiste en remediar los daños atribuibles al Estado e indicar medidas que permitan aprender de los errores del pasado, de modo de no repetir la historia.
En ese sentido, la consolidación de la democracia en Colombia exige que haya espacio para las voces críticas de izquierda, independientes, de derecha; pero también reconoce el papel clave que les corresponde a los funcionarios de Estado en el respeto de los derechos de la ciudadanía, así como su responsabilidad y la de otros actores en aumentar la situación de vulnerabilidad o riesgo de diversas personas por sus posiciones ideológicas, políticas o morales. Frente a las tergiversaciones, justificaciones implícitas o explícitas de las graves violaciones a los derechos humanos, el Estado debe responder con vigor. En el debate público debe intervenir activa y prudentemente fomentando la tolerancia. En ese mismo sentido, debe adoptar medidas efectivas para garantizar la libertad de opinión, la participación política y la vida de las personas.
En el proceso de cumplimiento de la sentencia internacional, le corresponde al Estado reafirmar a sus ciudadanos y ciudadanas que el respeto por los valores democráticos y los derechos humanos de todos, incluso aquellos que participan desde posiciones polémicas o críticas, es absoluto y que el acatamiento de las sentencias es un imperativo democrático.
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Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). CEJIL representó a la familia del senador Cepeda en el litigio ante la Corte Interamericana junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
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