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La reciente investigación de Daniel Coronell sobre la actividad empresarial de los hijos del Presidente es el parto de los montes. Cinco meses de investigación para concluir que no hubo ningún acto ilegal, ni se encontró ningún indicio ni prueba alguna de tráfico de influencias, y menos de uso abusivo de información privilegiada. Nada de nada. Pero ahora sectores oportunistas de la oposición manipulan omisiones, hacen suposiciones y desinforman a la opinión pública para tratar de cuestionar éticamente al gobierno. Señalemos algunos puntos.
Se afirma que en diciembre de 2006 los hijos del Presidente compraron a precio de huevo unas tierras rurales que luego, gracias a sus influencias, se transformaron en áreas de uso industrial para así obtener grandes ganancias. Falso. En el año 2000 esa tierra había sido incorporada al área de expansión industrial por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Mosquera. Como en cualquier municipio, este Plan fue discutido y aprobado por el Concejo, luego de un largo proceso participativo basado en documentos técnicos de soporte, consultas interinstitucionales y ciudadanas, y concertaciones ambientales.
Lo que hizo el Alcalde de Mosquera en diciembre de 2007, con el lleno de todos los requisitos legales, fue aprobar el Plan Parcial que desarrolla esa zona de uso industrial por solicitud de la firma en que los hijos del Presidente tienen una participación del 7,5 por ciento cada uno. Si en esas condiciones de legalidad, y por requerimiento de un ciudadano cualquiera, el Alcalde no lo hubiera aprobado, habría prevaricado. De hecho, Bavaria, el anterior propietario del lote, ya le había dado en el pasado un uso agroindustrial a ese terreno, pues está ubicado en una zona de importantes desarrollos industriales.
También se dice que para pagarle el 'favor' al Alcalde, los nuevos propietarios le vendieron un pedazo del mismo a precio de ganga a una firma de propiedad del hermano del Alcalde. Inexacto. La venta fue por un precio 15 por ciento superior al precio de compra. No fue ninguna ganga, ni una recompensa por un favor inexistente. La experiencia enseña que cuando se quiere ocultar un negocio turbio, se busca un testaferro para hacerle una venta ficticia a un precio irrisorio, sin que nunca aparezca el beneficiario real. Como aquí nunca se trató de ocultar nada, se actuó de manera transparente y con las reglas del mercado.
De otra parte, se dice que los hijos del Presidente realizaron tráfico de influencias y abusaron de información privilegiada con el fin de obtener el permiso para construir una zona franca en el susodicho lote. Falso. El gobierno no predetermina dónde se construirán las zonas francas, solamente fija unos requisitos para que el sector privado las ubique y construya donde lo decida su propia iniciativa, según la dinámica de los negocios. No existe información privilegiada.
Afirman que el ministro de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata, cuya entidad hace parte con otras seis más del Consejo Interinstitucional de Zonas Francas, tuvo que haber sabido que los hijos del Presidente estaban solicitando una licencia y que por eso la aprobó presurosamente. Falso. Los dueños del tal lote conformaron la empresa Zona Franca de Occidente, de la cual se excluyeron voluntariamente Tomás y Jerónimo mientras se tramitaba la licencia, y le delegaron a otra empresa distinta el diligenciamiento de la licencia ante ese Consejo. Ni el Ministro ni los otros integrantes del Concejo podían saber si los hijos del Presidente estaban relacionados con la firma solicitante. Esto lo hicieron precisamente para evitar cualquier tráfico de influencias. Pero para los críticos, sin ningún indicio ni prueba, los sospechosos son culpables sencillamente porque no pueden ser inocentes. La sola sospecha basta como prueba. La presunción de inocencia no existe. Como el tráfico de influencias es difícil de probar, entonces son culpables. Es la justicia estalinista, o la 'crítica paranoica' de Dalí.
Ante la falta de pruebas de hechos dolosos, el último recurso de los críticos es la manipulación de la ética. Pero el primer principio ético es la igualdad ante la ley, y éste nunca se violó. Condenar al ostracismo económico y social a los hijos de los funcionarios bajo la sospecha ex ante de favorecimiento en cualquier diligencia con el Estado no es ético, por violar los principios de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley. Pero si queremos que esto sea así, entonces que se establezca una norma institucional mediante una ley, para evitar que cualquiera se convierta en fiscal y juez de facto para absolver y condenar a capricho a quien se le antoje. Esto no es democracia y más parece una cacería de brujas.
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