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Colombia es el único país del mundo cuyo Estado va a indemnizar en forma universal a las víctimas de un conflicto armado interno. En este conflicto han sido los grupos guerrilleros y paramilitares los que han atacado a la población y a las autoridades, y el Estado el que las ha defendido. Más aún, con la ley que pronto iniciará su trámite se va a indemnizar a las víctimas aun antes de que el conflicto se haya terminado, o sea, mientras todavía los grupos guerrilleros continúan en armas, atacando al Estado y victimizando de manera sistemática a la población civil.
No será un esfuerzo menor. Recientes cálculos gubernamentales estiman en 44 millones de millones de pesos el monto total de esas indemnizaciones. Esta cantidad equivale a cerca de la mitad de los ingresos por regalías que recibirá el Estado como producto de la bonanza petrolera y minera en los próximos años. En teoría, según la jurisprudencia internacional que nadie cumple porque en ningún país se ha reparado universalmente a las víctimas, la primera obligación de reparar a las víctimas corresponde a los victimarios, es decir, a quienes ocasionaron el daño; en Colombia, de forma abrumadoramente mayoritaria, los grupos guerrilleros y paramilitares, y marginalmente funcionarios oficiales. Según esa legislación, el Estado debe realizar esa reparación de manera subsidiaria, solamente cuando el victimario no cumpla con esa obligación.
Pero en nuestro país se han invertido los términos: el Estado será el primer responsable y cargará con la mayor parte de esas indemnizaciones por actos que nunca cometió. Los grupos guerrilleros y paramilitares lo harán de manera subsidiaria, marginal y simbólica, a pesar de las enormes fortunas que amasaron y siguen acumulando algunos con sus máquinas de guerra, producto del narcotráfico y de la expoliación masiva contra la población civil. Y contra el mismo Estado, pues, como se sabe pero se olvida, han sido muchas las formas como esos grupos ilegales durante décadas saquearon las finanzas públicas apropiándose de las regalías, de los presupuestos municipales, de los recursos de la salud, de las obras públicas, etcétera, por medio de testaferros que en muchos casos eran dirigentes políticos locales de los partidos tradicionales. Las Farc y el ELN, primero en Arauca y después en muchas otras regiones, diseñaron y ejecutaron un modelo de expoliación masiva de las finanzas públicas que después fue imitado por los grupos paramilitares allí, donde se asentaban.
Ahora el Estado tendrá que sacrificar de nuevo los recursos públicos que de otra manera deberían destinarse para mejorar la salud, la educación, la seguridad y el progreso de todos. Esto nos convierte a todos en víctimas de la violencia paramilitar y guerrillera, además de haber padecido durante décadas todas las nefastas consecuencias de la inseguridad a que nos sometió su amenaza violenta. De hecho, nos corresponderá a todos pagar como si fuésemos victimarios, responsables tal vez por omisión, por no haber impedido el daño que esas estructuras organizadas de poder les ocasionaron a terceros. Todos somos víctimas, pero pagaremos como victimarios.
En efecto, la Ley de Justicia y Paz cometió el error de dejar para el final de los procesos judiciales la entrega material de bienes de los victimarios para reparar a sus víctimas. Esto les ha otorgado un tiempo precioso para ocultar sus bienes en redes de testaferros casi imposibles de desenmarañar. Adicionalmente, es incierto y más bien poco probable que para no repetir errores pasados y presentes, y como tiquete de entrada a un proceso de paz, a los grupos guerrilleros que aún están en armas les hagamos pagar indemnizaciones a sus víctimas con sus botines de guerra; todo parece indicar, sin embargo, que para entonces el Estado ya habrá indemnizado por vía administrativa también a las víctimas de la guerrilla. Y así, como ocurrió en el pasado con los grupos guerrilleros desmovilizados, no solo no los obligaremos a indemnizar a sus víctimas, sino que los colmaremos de gabelas que disfrutarán por largos años a costa del erario, o sea de los bolsillos de todos, incluidos los de sus víctimas. El mundo al revés: las víctimas indemnizando a los victimarios.
En Colombia los victimarios han eludido la reparación a sus víctimas de muchas formas y la han descargado en los hombros del Estado, o sea de todos nosotros. Según Caroline Eliacheff, "el principal resorte moral de muchas decisiones políticas no es la preocupación por la justicia o la afirmación de la soberanía nacional, sino el reconocimiento del sufrimiento del otro". Aquí los victimarios parecen estar aprovechándose de esta circunstancia para eludir su responsabilidad. Al final, pagamos todos.
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