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En días pasados Yamid Amat entrevistó a una especialista en cardiología sobre los riesgos que generan para las mujeres las enfermedades cardiovasculares. De la entrevista debe resaltarse dos temas. El primero, que las mujeres desconocen los riesgos que tienen estas enfermedades porque los estudios se concentraron, hasta 1990, en los efectos que generan riesgo en los hombres. Una encuesta realizada por la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular mostró que sólo el 50 por ciento de las mujeres se considera víctima potencial de enfermedades cardiovasculares, aunque una de cada cuatro mujeres que muere, lo hace a causa de estas.
La lista de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, tanto para los hombres como para las mujeres, la encabeza el tabaquismo, y aunque en Colombia existen entre 5 y 6 millones de fumadores, el tabaquismo afecta más a las mujeres que a los hombres. Así, una de cada dos mujeres que muere antes de los 50 años es a causa de una falla cardiovascular ocasionada por el tabaquismo.
Lo segundo que dijo la cardióloga a Yamid que fue importante es que denunció algunos de los micos en los proyectos de ley para combatir el tabaquismo que cursan en el Congreso y que buscan desarrollar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco.
En los proyectos se permite, por ejemplo, el consumo de tabaco en espacios cerrados, contrariando el convenio marco. En efecto, éste prohíbe el consumo de cigarrillo en espacios cerrados aunque estén equipados con extractores de humo porque, de acuerdo con los especialistas, las partículas cancerígenas del cigarrillo permanecen por más de dos semanas en el ambiente pese a los extractores. Además, el convenio marco ordena el aumento de los impuestos a las tabacaleras para aumentar el precio de los paquetes de cigarrillos, obligación que no se menciona siquiera en los proyectos de ley.
También organismos internacionales como la ONG Responsabilidad Corporativa Internacional, han denunciado las presiones de las compañías tabacaleras para frenar o cooptar estas iniciativas usando como paradigma las intervenciones de las tabacaleras en los procesos legislativos en Colombia.
Por ejemplo, en septiembre del año pasado la Phillip Morris donó al gobierno colombiano dos millones de dólares como ejemplo de su “Responsabilidad Social Corporativa” al tiempo que se debatía uno de los proyectos de ley que busca implementar espacios libres de humo. Otros ejemplos de estas tácticas de neutralización consisten en adelantar campañas publicitarias de prevención del tabaquismo.
También en septiembre del año pasado, la Phillip Morris inició una campaña publicitaria para prevenir el consumo de tabaco en niños y jóvenes a pesar de que los estudios en esta materia han mostrado que este tipo de campañas, en lugar de disminuir el consumo, contribuyen a dar mayor publicidad a las marcas de cigarrillos. Tanto la primera como la segunda estrategia estarían encaminadas a mostrarle al gobierno y al legislativo que las tabacaleras no necesitan leyes que regulen su actividad y que no hacen falta campañas masivas y nacionales que desestimulen el consumo de cigarrillo (por lo menos en niños y en jóvenes) porque las tabacaleras ya lo hacen.
Una tercera estrategia, más oscura aún, consiste en presionar a los congresistas que lideran los proyectos. Coincidencialmente en noviembre del año pasado el ponente de uno de los proyectos que cursan en el Congreso, José David Name, denunció amenazas contra su vida, y el ofrecimiento de quinientos millones de pesos por retirar el proyecto del Congreso. En palabras del mismo congresista “la presión comenzó a ejercerse en años anteriores, otras leyes han tenido presiones por las tabacaleras”.
Ahora bien, llama poderosamente la atención que un gobierno preocupado por el aumento del consumo de sustancias alucinógenas no muestre la misma preocupación y el mismo interés por disminuir el consumo de cigarrillos que en Colombia cobra alrededor de 28.000 muertes al año. Pero lo que es más, el tabaquismo tiene un costo social altísimo si se tienen en cuenta los 1.2 billones de pesos anuales que gasta el sector salud en enfermedades e incapacidades originadas en el tabaquismo. No obstante, estos costos parecen desdeñables frente a los ingresos estatales derivados de la venta de cigarrillos.
Y es que el cultivo de tabaco ha sido percibido por este gobierno como de gran potencial para dinamizar la economía, sobre todo ante la posibilidad de negociar alrededor de 25.000 toneladas con los Estados Unidos luego de que se firme el tan anhelado TLC. El entonces ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, llegó a proponer la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos de tabaco teniendo en cuenta que el tabaco es un negocio rentable que genera altas utilidades e importantes ingresos por la vía de los impuestos.
Esta doble moral muestra que las preocupaciones del gobierno no tienen que ver principal ni fundamentalmente con la salud y el bienestar de los colombianos. Se trata más bien de cálculos costo-beneficio en las cuales los beneficios, cualesquiera que sean los costos, serán privilegiados si están encaminados a fortalecer los pilares uribistas: la inversión extranjera y el intercambio económico.
*Natalia Ramírez Bustamante es profesora en la Universidad de los Andes y miembro del Grupo de Interés Público.
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