Con decisión

El primer dia que Eduardo Cifuentes llegó a su nuevo puesto una carpeta de asuntos pendientes lo esperaba. Las fotografías de ocho cadáveres con grillos en brazos y piernas, rostros desfigurados y mutilaciones en todo el cuerpo —torturas que habían sufrido durante el secuestro— lo recibieron en su nuevo cargo como Defensor del Pueblo. En ese instante supo que su trabajo no sería nada fácil.

Llegar a la Defensoría era para este payanés de 47 años un paso, si no obvio, por lo menos coherente con su trayectoria en el campo de los derechos humanos. Su reto era defenderlos en Colombia, ya no mediante fallos judiciales, como lo había hecho durante nueve años como magistrado de la Corte Constitucional, sino en la práctica, en contacto con el sufrimiento de los desplazados, de los presos, de los niños abandonados, del 50 por ciento de la población colombiana que se considera vulnerable.

La función del Defensor del Pueblo es servir de puente entre las necesidades de la comunidad y las respuestas del Estado. Pero las necesidades son muchas y las respuestas pocas y precarias. Las quejas que recibe a diario de violaciones de derechos humanos, las alertas sobre masacres inminentes, los reportes de emergencias humanitarias en todo el país enloquecerían a muchos. Pero no a Cifuentes. El es un hombre extremadamente racional y metódico.

A diferencia de su antecesor, este abogado actúa más en la sombra. Pero así como en la Corte Constitucional influyó profundamente a partir de teorías novedosas como la del “estado de cosas inconstitucional”, con la cual obligó al Estado a tomar medidas para corregir situaciones arbitrarias, como el hacinamiento de los presos, desde la Defensoría ha desempeñado un papel clave para crear una verdadera cultura de los derechos humanos a mediano plazo.

Todos los días Cifuentes realiza gestiones humanitarias. Sólo en el último mes actuó como mediador entre los indígenas guambianos y los ambaló en el Cauca; denunció la negligencia de las Fuerzas Militares en la masacre de Buga y fue uno de los principales promotores de la venida de Hila Jilani, delegada especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos. Sin embargo su labor va mucho más allá.

El ha movido todos los hilos necesarios para que Colombia ratifique su participación en la Corte Penal Internacional, un proyecto que probablemente será aprobado por el Congreso en las próximas semanas y que permitiría en un futuro no muy lejano que los ataques de los armados contra los civiles no queden tan fácilmente en la impunidad.

Y ha comenzado a diseñar un sistema para que los colombianos puedan saber en concreto a qué tienen derecho y a quién se lo deben exigir. La Constitución garantiza el derecho a la educación. ¿Pero eso qué significa para un niño en el Chocó? ¿Que tiene la primaria garantizada? ¿Que puede acceder a un título universitario?

Con este sistema la Defensoría también identificará los obstáculos concretos que impiden que estos derechos se cumplan para así proponer leyes, entablar tutelas, demandar normas o funcionarios, promover programas de educación que garanticen que éstos no sean letra muerta. Si Cifuentes logra sacar este ambicioso proyecto adelante un alcalde, por ejemplo, será calificado de bueno o malo no por los kilómetros pavimentados sino por lo que avanzó en garantizarles a sus electores sus derechos.

Es una utopía. Pero Cifuentes logra la combinación perfecta entre el romántico que sueña cosas aparentemente imposibles y el frío estratega que trabaja paso a paso para conseguirlos.



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El primer dia que Eduardo Cifuentes llegó a su nuevo puesto una carpeta de asuntos pendientes lo esperaba. Las fotografías de ocho cadáveres con grillos en brazos y piernas, rostros desfigurados y mutilaciones en todo el cuerpo —torturas que habían sufrido durante el secuestro— lo recibieron en su nuevo cargo como Defensor del Pueblo. En ese instante supo que su trabajo no sería nada fácil.

Llegar a la Defensoría era para este payanés de 47 años un paso, si no obvio, por lo menos coherente con su trayectoria en el campo de los derechos humanos. Su reto era defenderlos en Colombia, ya no mediante fallos judiciales, como lo había hecho durante nueve años como magistrado de la Corte Constitucional, sino en la práctica, en contacto con el sufrimiento de los desplazados, de los presos, de los niños abandonados, del 50 por ciento de la población colombiana que se considera vulnerable.

La función del Defensor del Pueblo es servir de puente entre las necesidades de la comunidad y las respuestas del Estado. Pero las necesidades son muchas y las respuestas pocas y precarias. Las quejas que recibe a diario de violaciones de derechos humanos, las alertas sobre masacres inminentes, los reportes de emergencias humanitarias en todo el país enloquecerían a muchos. Pero no a Cifuentes. El es un hombre extremadamente racional y metódico.

A diferencia de su antecesor, este abogado actúa más en la sombra. Pero así como en la Corte Constitucional influyó profundamente a partir de teorías novedosas como la del “estado de cosas inconstitucional”, con la cual obligó al Estado a tomar medidas para corregir situaciones arbitrarias, como el hacinamiento de los presos, desde la Defensoría ha desempeñado un papel clave para crear una verdadera cultura de los derechos humanos a mediano plazo.

Todos los días Cifuentes realiza gestiones humanitarias. Sólo en el último mes actuó como mediador entre los indígenas guambianos y los ambaló en el Cauca; denunció la negligencia de las Fuerzas Militares en la masacre de Buga y fue uno de los principales promotores de la venida de Hila Jilani, delegada especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos. Sin embargo su labor va mucho más allá.

El ha movido todos los hilos necesarios para que Colombia ratifique su participación en la Corte Penal Internacional, un proyecto que probablemente será aprobado por el Congreso en las próximas semanas y que permitiría en un futuro no muy lejano que los ataques de los armados contra los civiles no queden tan fácilmente en la impunidad.

Y ha comenzado a diseñar un sistema para que los colombianos puedan saber en concreto a qué tienen derecho y a quién se lo deben exigir. La Constitución garantiza el derecho a la educación. ¿Pero eso qué significa para un niño en el Chocó? ¿Que tiene la primaria garantizada? ¿Que puede acceder a un título universitario?

Con este sistema la Defensoría también identificará los obstáculos concretos que impiden que estos derechos se cumplan para así proponer leyes, entablar tutelas, demandar normas o funcionarios, promover programas de educación que garanticen que éstos no sean letra muerta. Si Cifuentes logra sacar este ambicioso proyecto adelante un alcalde, por ejemplo, será calificado de bueno o malo no por los kilómetros pavimentados sino por lo que avanzó en garantizarles a sus electores sus derechos.

Es una utopía. Pero Cifuentes logra la combinación perfecta entre el romántico que sueña cosas aparentemente imposibles y el frío estratega que trabaja paso a paso para conseguirlos.



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Resolución Defensorial No 007 Sobre los defensores de derechos humanos en Barrancabermeja (Defensoría del Pueblo)



El primer dia que Eduardo Cifuentes llegó a su nuevo puesto una carpeta de asuntos pendientes lo esperaba. Las fotografías de ocho cadáveres con grillos en brazos y piernas, rostros desfigurados y mutilaciones en todo el cuerpo —torturas que habían sufrido durante el secuestro— lo recibieron en su nuevo cargo como Defensor del Pueblo. En ese instante supo que su trabajo no sería nada fácil.

Llegar a la Defensoría era para este payanés de 47 años un paso, si no obvio, por lo menos coherente con su trayectoria en el campo de los derechos humanos. Su reto era defenderlos en Colombia, ya no mediante fallos judiciales, como lo había hecho durante nueve años como magistrado de la Corte Constitucional, sino en la práctica, en contacto con el sufrimiento de los desplazados, de los presos, de los niños abandonados, del 50 por ciento de la población colombiana que se considera vulnerable.

La función del Defensor del Pueblo es servir de puente entre las necesidades de la comunidad y las respuestas del Estado. Pero las necesidades son muchas y las respuestas pocas y precarias. Las quejas que recibe a diario de violaciones de derechos humanos, las alertas sobre masacres inminentes, los reportes de emergencias humanitarias en todo el país enloquecerían a muchos. Pero no a Cifuentes. El es un hombre extremadamente racional y metódico.

A diferencia de su antecesor, este abogado actúa más en la sombra. Pero así como en la Corte Constitucional influyó profundamente a partir de teorías novedosas como la del “estado de cosas inconstitucional”, con la cual obligó al Estado a tomar medidas para corregir situaciones arbitrarias, como el hacinamiento de los presos, desde la Defensoría ha desempeñado un papel clave para crear una verdadera cultura de los derechos humanos a mediano plazo.

Todos los días Cifuentes realiza gestiones humanitarias. Sólo en el último mes actuó como mediador entre los indígenas guambianos y los ambaló en el Cauca; denunció la negligencia de las Fuerzas Militares en la masacre de Buga y fue uno de los principales promotores de la venida de Hila Jilani, delegada especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos. Sin embargo su labor va mucho más allá.

El ha movido todos los hilos necesarios para que Colombia ratifique su participación en la Corte Penal Internacional, un proyecto que probablemente será aprobado por el Congreso en las próximas semanas y que permitiría en un futuro no muy lejano que los ataques de los armados contra los civiles no queden tan fácilmente en la impunidad.

Y ha comenzado a diseñar un sistema para que los colombianos puedan saber en concreto a qué tienen derecho y a quién se lo deben exigir. La Constitución garantiza el derecho a la educación. ¿Pero eso qué significa para un niño en el Chocó? ¿Que tiene la primaria garantizada? ¿Que puede acceder a un título universitario?

Con este sistema la Defensoría también identificará los obstáculos concretos que impiden que estos derechos se cumplan para así proponer leyes, entablar tutelas, demandar normas o funcionarios, promover programas de educación que garanticen que éstos no sean letra muerta. Si Cifuentes logra sacar este ambicioso proyecto adelante un alcalde, por ejemplo, será calificado de bueno o malo no por los kilómetros pavimentados sino por lo que avanzó en garantizarles a sus electores sus derechos.

Es una utopía. Pero Cifuentes logra la combinación perfecta entre el romántico que sueña cosas aparentemente imposibles y el frío estratega que trabaja paso a paso para conseguirlos.



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Resolución Defensorial No 007 Sobre los defensores de derechos humanos en Barrancabermeja (Defensoría del Pueblo)



Resolución defensorial no. 009 sobre la situación de orden público en la región de Río Naya (Defensoría del Pueblo)





El primer dia que Eduardo Cifuentes llegó a su nuevo puesto una carpeta de asuntos pendientes lo esperaba. Las fotografías de ocho cadáveres con grillos en brazos y piernas, rostros desfigurados y mutilaciones en todo el cuerpo —torturas que habían sufrido durante el secuestro— lo recibieron en su nuevo cargo como Defensor del Pueblo. En ese instante supo que su trabajo no sería nada fácil.

Llegar a la Defensoría era para este payanés de 47 años un paso, si no obvio, por lo menos coherente con su trayectoria en el campo de los derechos humanos. Su reto era defenderlos en Colombia, ya no mediante fallos judiciales, como lo había hecho durante nueve años como magistrado de la Corte Constitucional, sino en la práctica, en contacto con el sufrimiento de los desplazados, de los presos, de los niños abandonados, del 50 por ciento de la población colombiana que se considera vulnerable.

La función del Defensor del Pueblo es servir de puente entre las necesidades de la comunidad y las respuestas del Estado. Pero las necesidades son muchas y las respuestas pocas y precarias. Las quejas que recibe a diario de violaciones de derechos humanos, las alertas sobre masacres inminentes, los reportes de emergencias humanitarias en todo el país enloquecerían a muchos. Pero no a Cifuentes. El es un hombre extremadamente racional y metódico.

A diferencia de su antecesor, este abogado actúa más en la sombra. Pero así como en la Corte Constitucional influyó profundamente a partir de teorías novedosas como la del “estado de cosas inconstitucional”, con la cual obligó al Estado a tomar medidas para corregir situaciones arbitrarias, como el hacinamiento de los presos, desde la Defensoría ha desempeñado un papel clave para crear una verdadera cultura de los derechos humanos a mediano plazo.

Todos los días Cifuentes realiza gestiones humanitarias. Sólo en el último mes actuó como mediador entre los indígenas guambianos y los ambaló en el Cauca; denunció la negligencia de las Fuerzas Militares en la masacre de Buga y fue uno de los principales promotores de la venida de Hila Jilani, delegada especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos. Sin embargo su labor va mucho más allá.

El ha movido todos los hilos necesarios para que Colombia ratifique su participación en la Corte Penal Internacional, un proyecto que probablemente será aprobado por el Congreso en las próximas semanas y que permitiría en un futuro no muy lejano que los ataques de los armados contra los civiles no queden tan fácilmente en la impunidad.

Y ha comenzado a diseñar un sistema para que los colombianos puedan saber en concreto a qué tienen derecho y a quién se lo deben exigir. La Constitución garantiza el derecho a la educación. ¿Pero eso qué significa para un niño en el Chocó? ¿Que tiene la primaria garantizada? ¿Que puede acceder a un título universitario?

Con este sistema la Defensoría también identificará los obstáculos concretos que impiden que estos derechos se cumplan para así proponer leyes, entablar tutelas, demandar normas o funcionarios, promover programas de educación que garanticen que éstos no sean letra muerta. Si Cifuentes logra sacar este ambicioso proyecto adelante un alcalde, por ejemplo, será calificado de bueno o malo no por los kilómetros pavimentados sino por lo que avanzó en garantizarles a sus electores sus derechos.

Es una utopía. Pero Cifuentes logra la combinación perfecta entre el romántico que sueña cosas aparentemente imposibles y el frío estratega que trabaja paso a paso para conseguirlos.



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Resolución defensorial no. 009 sobre la situación de orden público en la región de Río Naya (Defensoría del Pueblo)





Resolución defensorial no. 001 sobre lo ocurrido en el municipio de Peque (Defensoría del Pueblo)



El primer dia que Eduardo Cifuentes llegó a su nuevo puesto una carpeta de asuntos pendientes lo esperaba. Las fotografías de ocho cadáveres con grillos en brazos y piernas, rostros desfigurados y mutilaciones en todo el cuerpo —torturas que habían sufrido durante el secuestro— lo recibieron en su nuevo cargo como Defensor del Pueblo. En ese instante supo que su trabajo no sería nada fácil.

Llegar a la Defensoría era para este payanés de 47 años un paso, si no obvio, por lo menos coherente con su trayectoria en el campo de los derechos humanos. Su reto era defenderlos en Colombia, ya no mediante fallos judiciales, como lo había hecho durante nueve años como magistrado de la Corte Constitucional, sino en la práctica, en contacto con el sufrimiento de los desplazados, de los presos, de los niños abandonados, del 50 por ciento de la población colombiana que se considera vulnerable.

La función del Defensor del Pueblo es servir de puente entre las necesidades de la comunidad y las respuestas del Estado. Pero las necesidades son muchas y las respuestas pocas y precarias. Las quejas que recibe a diario de violaciones de derechos humanos, las alertas sobre masacres inminentes, los reportes de emergencias humanitarias en todo el país enloquecerían a muchos. Pero no a Cifuentes. El es un hombre extremadamente racional y metódico.

A diferencia de su antecesor, este abogado actúa más en la sombra. Pero así como en la Corte Constitucional influyó profundamente a partir de teorías novedosas como la del “estado de cosas inconstitucional”, con la cual obligó al Estado a tomar medidas para corregir situaciones arbitrarias, como el hacinamiento de los presos, desde la Defensoría ha desempeñado un papel clave para crear una verdadera cultura de los derechos humanos a mediano plazo.

Todos los días Cifuentes realiza gestiones humanitarias. Sólo en el último mes actuó como mediador entre los indígenas guambianos y los ambaló en el Cauca; denunció la negligencia de las Fuerzas Militares en la masacre de Buga y fue uno de los principales promotores de la venida de Hila Jilani, delegada especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos. Sin embargo su labor va mucho más allá.

El ha movido todos los hilos necesarios para que Colombia ratifique su participación en la Corte Penal Internacional, un proyecto que probablemente será aprobado por el Congreso en las próximas semanas y que permitiría en un futuro no muy lejano que los ataques de los armados contra los civiles no queden tan fácilmente en la impunidad.

Y ha comenzado a diseñar un sistema para que los colombianos puedan saber en concreto a qué tienen derecho y a quién se lo deben exigir. La Constitución garantiza el derecho a la educación. ¿Pero eso qué significa para un niño en el Chocó? ¿Que tiene la primaria garantizada? ¿Que puede acceder a un título universitario?

Con este sistema la Defensoría también identificará los obstáculos concretos que impiden que estos derechos se cumplan para así proponer leyes, entablar tutelas, demandar normas o funcionarios, promover programas de educación que garanticen que éstos no sean letra muerta. Si Cifuentes logra sacar este ambicioso proyecto adelante un alcalde, por ejemplo, será calificado de bueno o malo no por los kilómetros pavimentados sino por lo que avanzó en garantizarles a sus electores sus derechos.

Es una utopía. Pero Cifuentes logra la combinación perfecta entre el romántico que sueña cosas aparentemente imposibles y el frío estratega que trabaja paso a paso para conseguirlos.



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