DMG y DRFE son más que dos simples siglas para los habitantes del sur occidente colombiano. Desde que aparecieron en la región, la gente entregó sus vidas a ellas. Esa pasión explica en parte los paros, desórdenes y marchas que protagonizan los inversionistas desde hace dos semanas y que amenaza en convertirse en una bomba social sin precedentes en Putumayo y Nariño.
Para entender la ira y la lógica que expresan los manifestantes se debe aclarar que la gran mayoría de ellos son personas humildes que lo perdieron todo; pero sigue intacto el mayor capital: su mano de obra. Por ello, si bien hay una crisis aún está lejos de quebrar a sus departamentos, por cuanto los estafados son trabajadores y no generadores de riqueza.
Sin embargo, otra porción de inversionistas la forman grandes comerciantes que dejó el auge cocalero, en quienes sí recae la dinámica productiva de la región. El problema es que muchos de ellos no tienen cómo demostrar ante el gobierno de dónde obtuvieron las gruesas sumas de dinero que invirtieron en las captadoras, “Por eso no quieren entregar las tarjetas prepago; les da miedo que los investiguen”, dijo una fuente a Semana.com.
Precisamente, la crísis de las pirámides ha dejado en la ruina a dos departamentos a los que el Estado por cerca de diez años les apostó miles de millones de pesos, de energía y de cooperación internacional para sacarlos de la economía de la coca. El año anterior en esa región donde nacieron las pirámides se cultivó el 36 por ciento de las 99.000 hectáreas de coca sembradas en todo el país y fue precisamente en Putumayo donde se concentró gran parte del plan de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos del Plan Colombia. Hoy todo ese esfuerzo puede terminar en la basura.
Al menos la mitad de 1´700.000 personas que habitan en esos departamentos aplicó la fórmula mágica para producir plata que sacaron David Murcia Guzman de DMG y Carlos Alfredo Suárez de DRFE.
“Es una fórmula que no puedo revelar; es como si Coca-Cola contara la fórmula de su receta”, solía decir Murcia. Hoy se sabe que su fórmula tenía más de coca que de cola. según la Fiscalía hay indicios de que con el cuestionado sistema de tarjetas prepago e interese exorbitantes de Murcia se haya lavado dinero del narcotráfico.
Mientras el dinero se multiplicaba como por arte de magia, el campo se quedaba solo y los empleados de los pueblos se independizaban. En La Hormiga, Mocoa, Puerto Asis y Orito, Putumayo los labriegos vendían desde sus guadañas hasta sus fincas, “La meta era tener mucho efectivo para invertir”, confesó Alexis Cuaces, un campesino de la zona.
Esa sed por el dinero constante y sonante explica la soledad del campo en la región. Camilo Otaya, secretario de Agricultura de Putumayo, aseguró que este año dejaron de explotarse al menos dos mil hectáreas de tierra, “Los potreros están desocupados y el cultivo de fríjol bajó de 1.200 a 600 hectáreas”, aseguró.
En Nariño el panorama es menos alentador. Según el gobernador Antonio Navarro, de los 4.500 millones de pesos previstos en venta de aguardiente este mes, sólo ingresaron 460 millones de pesos. Se debe tener en cuenta que noviembre fue en periodo de toques de queda y ley seca por cuenta de los disturbios tras la caída de las pirámides.
Existen muchos ejemplos para retratar que mientras las captadoras DMG y DRFE llenaban sus arcas, la economía local se deprimía. Por eso la alarma y acciones controvertidas como la del gobernador Navarro quien desde ayer se declaró en huelga de hambre durante 48 horas. (ver artículo relacionado) Algunos simplifican esa protesta como un chiste pastuso.
Sin embargo, en materia de cifras la cosa no es para risas. Las autoridades estiman que el billón de pesos que no entró en los últimos dos años al sistema financiero de la región, cayó en manos de las captadoras. La cifra es escandalosa si tenemos en cuenta que el PIB de Putumayo y Nariño no suman más de siete billones de pesos. Es decir casi el presupuesto anual de Bogotá.
Aunque aún la crisis económica en la región no ha tocado fondo, se espera que esa cruda realidad se muestre en los próximos meses. Al gobierno le preocupa que estalle en sus manos un lío similar al ocurrido en 1994, cuando los cultivadores de coca del sur del país entraron en paro y pusieron contra las cuerdas al gobierno Samper. Temen que a la ira colectiva que ya golpeó la popularidad del presidente Uribe y frenó parcialmente su reelección en 2010, se mezclen intereses oscuros de guerrilla, paramilitares y narcos de Nariño y Putumayo.
La prueba máxima del descontento es que pocas veces el presidente ha sido chiflado en Colombia durante uno de sus improvisados consejos comunitarios; ocurrió el domingo anterior en Chachagüi, Nariño, cuando encaró a los iracundos estafados por las pirámides.
Por esa razón entre Gobierno y políticos del sur del país ya se escuchan ideas para resolver el problema. Uribe habló de aumentar las ayudas que ofrece el gobierno a través de Acción Social, Gustavo Petro lanzó al aire la idea de convertir la pirámides en una especie de banco y hoy Navarro Wolf dijo que los créditos de salvamento deben ser condonables a cambio de trabajo comunitario.
Hasta ahora son sólo ideas, mientras el desespero de la gente crece y sin que se vean soluciones concretas en una región donde por más de diez años el Estado ha intentado crear una economía legal, alejada de la coca.
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