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| 6/5/2012 12:00:00 AM

1.500 'exparas' saldrían de la cárcel sin recibir condena ni reparar a víctimas

El Senado le exige al fiscal general una urgente solución al colapso del proceso de justicia y paz. El Legislativo no encuentra la fórmula para garantizar los derechos de las víctimas sin traicionar los acuerdos de paz con las Autodefensas.

La advertencia tiene tono de ultimátum. Si la Fiscalía no le presenta al Congreso, de forma urgente, una fórmula para superar el colapso de la ley de Justicia y Paz (que en casi siete años tan solo ha proferido dos condenas a desmovilizados), se avecina una "excarcelación masiva" de exparamilitares por vencimiento de términos.

La razón, el proceso de paz que el gobierno (del presidente Álvaro Uribe) suscribió con las Autodefensas antes de su desmovilización masiva, estableció que los paramilitares que cometieron delitos atroces pagarían ocho años de cárcel, siempre y cuando confesaran la verdad sobre sus crímenes y repararan a sus víctimas.

Ese término de ocho años se cumpliría en el 2013, y 1.500 exparamilitares, que se acogieron a justicia y paz por ser responsables de crímenes, saldrían masivamente de la cárcel sin haber sido condenados, ni haber cumplido sus compromisos con las víctimas, como son los derechos a la verdad y la reparación.

Estas alarmas fueron encendidas por el senador Roy Barreras (La U), el mismo día en que la Comisión Primera del Senado tenía previsto discutir el proyecto de reforma a la ley de Justicia y paz (presentado el año pasado por la entonces fiscal Viviane Morales).

Sin embargo, el fiscal general, Eduardo Montealegre, no le presentó la fórmula al Senado para evitar esa salida masiva de los exparamilitares. Ni siquiera asistió al capitolio y en cambio envió a su vicefiscal general, Jorge Eduardo Perdomo, quien en el seno de la Comisión admitió que 1.500 exparamilitares estarían ad portas de salir de la cárcel el próximo año, cuando "cumplirían ocho años, tiempo equivalente a la pena alternativa, si son condenados en justicia y paz (…) Por eso, tendrían derecho a la libertad en esas fechas", explicó.

El problema, admitido también en el Senado, es que el Estado no tiene definida una fórmula para evitar esa salida masiva de las cárceles, porque para evitarlo se enfrentan dos acuerdos contemplados en el proceso de paz de Santafé Ralito: los ochos años de cárcel para los victimarios, y la reparación y la verdad para las víctimas.

Roy Barreras es partidario de que la reforma a la ley de justicia y paz niegue la salida en masa de los paramilitares de las cárceles hasta tanto se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación, sobre los más de 300.000 hechos delictivos de los que se han tenido noticia. Es decir que quienes se acogieron a los beneficios de esa ley permanezcan más de ocho años en la cárcel hasta tanto sean condenados.

Si esa fórmula se aprueba, el Gobierno está preocupado porque se incumplan los acuerdos de paz a los desmovilizados, lo cual podría traer consecuencias negativas para futuras desmovilizaciones con los grupos ilegales que, como las FARC y el ELN, aún siguen alzados en armas. "¿Cuál sería la garantía para los desmovilizados? Se ofrecieron ocho años de cárcel y luego se incumpliría el acuerdo", explicó el senador Barreras al trasladar la preocupación que hay en el Ejecutivo.

Por eso la solución que el Congreso le exige al fiscal Eduardo Montealegre, principalmente, y al Gobierno en segundo plano, es resolver el colapso de la Ley de justicia y paz. Mientras tanto, según se supo en la discusión, los 1.500 paramilitares lo único que pretenden es que el Congreso no reforme esa ley para que, el próximo año, y por vía de acciones de tutela, recuperen la libertad a pesar de no recibir sentencia, ni confesar plenamente sus delitos, ni reparar a sus víctimas.

El ultimátum del Senado al fiscal Montealegre fue para el próximo martes 12 de junio. Último plazo para que el funcionario entregue la fórmula para que, en seis meses, se resuelva el colapso de casi siete años de la Ley de Justicia y Paz.
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