Abadía: sin el cargo, pero con el poder

Pese al fallo de la Procuraduría, que ordenó la destitución del gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por indebida participación en política, el departamento mantendrá su mandatario hasta que se surtan todos los recursos jurídicos que conduzcan a que la decisión sea inapelable.
 
Mientras este trámite se surte, algunos creen que la carrera política de Abadía y el poder que había conquistado en el Valle del Cauca podrían verse minados, porque, además de la destitución, el fallo contempla una inhabilidad de diez años.

Pero esta hipótesis, que se produce tras una de las decisiones disciplinarias de mayor impacto político en épocas recientes, es muy controvertida por muchos dirigentes vallecaucanos, quienes consideran que la decisión en contra de Abadía, probablemente, no modificará las estructuras de poder que se han impuesto en el Valle del Cauca en las últimas décadas.

Sobre todo, porque reconocen que el andamiaje político que representa Abadía “es muy poderoso”, y probablemente una destitución e inhabilidad solo supondría una larga pausa -no supera los 32 años de edad- de esta figura política a la que se le auguraba un exitoso futuro.

La vigencia del mapa político

El representante a la Cámara Santiago Castro (Partido Conservador) señala que la decisión puede ser “un duro golpe”, porque señala que Abadía era “la cabeza” de ese movimiento en el Valle del Cauca.

Sin embargo, el poder de Abadía “seguirá vigente”, según lo advierte el también representante Heriberto Sanabria (Partido Conservador). “Es muy difícil que de la noche a la mañana el proyecto político se vaya a acabar, pero sí se puede menguar”.

Es la misma idea que plantea el electo senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), al señalar que el movimiento al que pertenece Abadía “tiene una presencia muy arraigada en el departamento, no sólo por el número de alcaldías, también por su presencia burocrática”.

El hoy representante y electo senador Roy Barreras (Partido de la U) dice que para que haya un cambio en el panorama político, la Procuraduría deberá resolver, de forma definitiva, la situación del gobernador del Valle, antes del 30 de junio.

Si lo hace antes de esa fecha, se deberán organizar unas elecciones atípicas, y, según Barreras, “allí sí puede haber un cambio político”. De lo contrario, el nuevo gobernador será nombrado por el Presidente de la República, pero de una terna proveniente del mismo grupo político que avaló la candidatura de Abadía.

El artículo 303 de la Constitución señala que “siempre que se presente falta absoluta a más de 18 meses de la terminación se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltaren menos de 18 meses, el Presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del periodo, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido”.

Para el caso de Abadía, que presentó su candidatura por un movimiento independiente respaldado por firmas, llamado ‘Por un Valle seguro’, tendría que ser ese mismo movimiento quien presente la terna, en el caso que resten menos de 18 meses de gobierno.

Pero muchos advierten, como Roy Barreras, que ese movimiento habría sido absorbido por el partido que Abadía promovió el año pasado (ADN), y que terminó fortaleciendo al PIN. Abadía ha rechazado cualquier tipo de vinculación con el PIN.

No es claro que la decisión final de la Procuraduría sea cuestión de días. Primero, la sala disciplinaria de la procuraduría tendrá que resolver la apelación interpuesta por la defensa de Abadía. Pero este no es el último recurso. Esa decisión admite el de reposición, que tendrá que evaluar directamente el procurador general, Alejandro Ordóñez. Pero a esa decisión, le admiten otros recursos jurídicos como la acción de tutela.

Es por eso, que la decisión pueda extenderse más allá del 30 de junio, fecha límite en la se vencería el termino de 18 meses establecido por la propia Constitución.

La cuota de poder

Más allá de que el panorama político cambie, si la decisión final de la Procuraduría motiva unas elecciones atípicas, el poder de Abadía seguirá latente.

Políticos del departamento, que pidieron reserva de su identidad, describieron para Semana.com, y a modo muy general, el alcance del poder burocrático del grupo político de Abadía y que, probablemente, no sufrirá modificación.

También señalan que al menos 15 de las 42 alcaldías del Valle del Cauca son adjudicables al Gobernador.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la CVC, es quizás la principal cuota del grupo político cercano a Abadía, la del ex senador Juan Carlos Martínez, hoy detenido y acusado por la Corte Suprema de presuntos nexos con el narcotráfico.
 
Otros de los botines burocráticos del grupo de Martínez, y con el que se ha relacionado al gobernador del Valle, son Acuavalle y la contraloría municipal de Cali, y la Contraloría departamental.
 
Incluso, medios de comunicación como Telepacífico, también son señalados como parte del fortín del grupo de Juan Carlos Abadía.

La herencia

Este poder, además, ha sido hereditario. Es el mismo que conquistó su padre, el ex senador Carlos Herney Abadía, quien en los años 90 estuvo vinculado al escándalo de la infiltración del narcotráfico en la política, conocido como el proceso 8.000, y fue condenado por enriquecimiento ilícito.

Carlos Herney Abadía es un influyente dirigente vallecaucano de origen liberal. A nombre de ese partido fue diputado y llegó al Congreso de la República. En los 90 fundó su propia organización política, el Movimiento Popular Unido. Bajo esa personería jurídica fue reclutando dirigentes políticos vallecaucanos de todas las corrientes.

En esa inclusión de dirigentes emergió la figura de Juan Carlos Martínez, quien de la mano de Carlos Herney Abadía se hizo diputado y posteriormente congresista. Martínez fue elegido senador en 2006, pero por el partido Convergencia Ciudadana, y hoy está detenido y afronta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Convergencia es uno de los antecesores del PIN, que se formó, entre otras, gracias a que muchos dirigentes del naciente Alianza Democrática Nacional, ADN, partido político promovido por el gobernador Juan Carlos Abadía, tuvieron que reclutarse en esa organización luego que el Consejo Nacional Electoral cancelara la personería jurídica de ese partido.

El PIN, que se convirtió en una de las seis principales fuerzas políticas en las pasadas elecciones legislativas, al obtener ocho curules gracias a una votación que superó el millón de votos, consiguió una votación importante en el Valle del Cauca. Tres de sus senadores electos son de ese departamento, Juan Carlos Rizzeto, Carlos Arturo Quintero y Hemel Hurtado Angulo. Una evidencia más de que el poder que han representado los cercanos al proyecto político del PIN en el Valle, probablemente se mantendrá.

Por eso se cree que el fallo de destitución de la Procuraduría, de mantenerse firme hasta la última instancia, podría sólo afectar la carrera de Juan Carlos Abadía, pero su poder en el Valle del Cauca tendría vigencia.