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| 5/10/2012 12:00:00 AM

¿Admitirá el país amnistías o indultos para las FARC y el ELN?

La propuesta del fiscal general de pensar en indultos "incluso por graves violaciones a los Derechos Humanos" fue recibida con sorpresa, pero admitida por tratarse de quien la defendió. En el Congreso habría "timidez" para legislar al respecto.

Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, es de la idea de que al final de un eventual proceso de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN, el país debe pensar en que "se puedan conceder las amnistías más amplias posibles".

Ambos grupos subversivos hoy están considerados por el gobierno colombiano y la mayor parte de la comunidad internacional grupos terroristas, pues sus acciones militares ilegales se han constituido en violaciones a los derechos humanos y han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad.

Por esa calificación, la propuesta del fiscal Montealgre de que el Estado colombiano otorgue amnistías o indultos, condicionados a la revelación de la verdad y la reparación a las víctimas, fue admitida pero con reservas en el Congreso, la única institución que podría aprobarlos mediante ley, según los constitucionalistas.

Y si en el Congreso admitieron la propuesta, quizá fue más por la dignidad que ostenta quien la propuso. "Proviene de un altísimo operador judicial, como es el fiscal general" -dice el senador Roy Barreras (autor del marco para la paz que actualmente discute el parlamento)-, "quien se atrevió con una propuesta muy audaz".

¿Propuesta inviable?
 
Luis Fernando Velasco, senador liberal, considera que quien abre el debate es un experto en derecho internacional y tiene la autoridad como fiscal general. Pero califica la propuesta de "impopular", y dice que el país "debe reflexionar" si el propósito es "ponerle fin al conflicto".

Congresistas de otras corrientes, como Luis Carlos Avellaneda (Polo) y Eduardo Enríquez Maya (P.Conservador), también coinciden en afirmar que la propuesta del fiscal "puede ser viable", pero, por el momento, "no se aprecia conveniente".

En palabras simples, la amnistía significa que a alguien que se desmovilice nunca se le preguntará qué hizo por su militancia en un grupo armado ilegal, sino que finalmente no se le juzga ni se le condena. El indulto establece que a quien se le pruebe la comisión de un delito se le perdona la pena establecida por la ley.

Dos palabras fuertes que, según Roy Barreras, la sociedad no estaría dispuesta a aceptar. "La opinión pública colombiana no está preparada para perdonar. El perdón estuvo ausente incluso de la ley de víctimas. Pero hoy lo que la opinión pública quiere es la paz, y si para obtener la paz hay que apelar a mecanismos transicionales, vamos a optimizarlos".

¿Puerta a la impunidad?
 
Miguel Gómez, representante a la Cámara (la U) y uno de los congresistas más críticos frente al actual proyecto del marco legal para la paz, califica de “equivocada” la propuesta de Montealegre porque “se parte de la base de que la paz va a surgir de la impunidad”.
 
Gómez considera que en este país se han explorado fórmulas para alcanzar la paz y no han logrado plenamente su cometido. Desde los indultos al M-19 en los años 80, hasta la ley de Justicia y Paz para la desmovilización de las Autodefensas. "Entonces la paz debe surgir mediante la aplicación de la ley, de la justicia (…). No se puede pretender suspender la acción legal contra personas que han cometido crímenes atroces".

¿En contra de los tratados internacionales?
 
Además de estos reparos que surgen, en la conciencia del país se ha instalado que desde cuando Colombia suspendió el tratado de Roma, no se pueden aplicar amnistías o indultos.

Pero Montealegre defiende la tesis de que la fórmula de las "amnistías condicionadas", y no las de "amnistías simples", son compatibles con esa jurisdicción internacional y con algunas doctrinas del derecho internacional.

El también representante Guillermo Rivera (P. Liberal) considera que Colombia "tiene que honrar" los compromisos internacionales que ha suscrito. "Y tanto en el sistema Interamericano, como en el de las Naciones Unidas, está claramente establecido que tratándose de delitos de carácter internacional, como los delitos de lesa humanidad, es obligación de los Estados la investigación de los mismos y la sanción de sus responsables".

Aunque el fiscal abrió el debate, lo que sí está claro es que el actual marco para la paz que podría ser votado la próxima semana en la plenaria de la Cámara no podría contemplar la propuesta de Montelagre.

Barreras explica que por no haberse discutido nunca en los cinco debates que ha superado la iniciativa, no se podría hacer en los tres últimos.

Respaldo al marco para la paz
 
Pero el autor del proyecto les da una interpretación añadida a las palabras del fiscal general. Dice que con su "fórmula audaz", le dio "la tranquilidad a la opinión pública de que el actual marco para la paz no abre las puertas a la impunidad".

Para Barreras, el marco para la paz es un proyecto más tímido, pero que le daría la confianza al presidente de la República "de presentar proyectos de ley para que con criterio de priorización y selección, que permitan tres mecanismos de justicia transicional: o la suspensión de la pena, o la renuncia a la acción penal en el caso de los menos responsables, o la aplicación de penas alternativas, a cambio de verdad justicia y reparación".

El debate, abierto por el fiscal, también se puede advertir desde el ángulo que describe el senador Luis Fernando Velasco. "Si queremos la paz, hay que sacrificar algo de justicia". La sociedad tendría la respuesta.
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