Alerta temprana a Santos y Mockus sobre corrupción a la vista

Cada año, las instituciones oficiales de todo el país ejecutan 60 billones de pesos por medio de la contratación.

Eso dice el auditor General de la República, Iván Darío Gómez en una carta que les envió a los candidatos a la presidencia Antanas Mockus y Juan Manuel Santos.

Gómez, jefe del organismo que vigila los usos que las contralorías hacen de sus presupuestos, conoce como pocos dónde están los agujeros negros por los que se pierde el dinero del erario, fruto de las diversas prácticas de corrupción en instituciones municipales, departamentales y nacionales.

Con base en lo que conoce, el auditor les escribió unas observaciones a los candidatos. “Las siguientes son unas consideraciones que dirigimos a ustedes como candidatos a la Presidencia de la República, en la segunda vuelta, con el propósito de dar a conocer nuestros últimos diagnósticos sobre la contratación estatal colombiana; hoy día, un asunto muy crítico que impactará sus eventuales gobiernos. Este análisis es un insumo que esperamos sea valorado por ustedes, por ser un asunto de verdadero interés nacional”.

“En nuestro país existen tres grandes ámbitos de inversión del erario en todas las políticas sectoriales”, dijo en su carta, y describió cada una.

El primero está conformado por los contratos que celebran los organismos públicos por medio del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública “compuesto por dos leyes principales, 80 de 1993 y 1150 de 2007; las normas reglamentarias de estas leyes ascienden al absurdo de 74, que contienen 3.127 reglas contractuales”.

Por medio de esta contratación, están llegando al los gobiernos nacional, departamentales y locales “funcionarios que no están debidamente preparados y ejecutan cuantiosos recursos del Estado”, según Gómez.

“Todo esto genera ambientes propicios para el despilfarro y la corrupción. Así, la corrupción en contratación con recursos públicos es dramática ya que, según cifras dadas a conocer por el Zar Anticorrupción a finales del año 2009, se desvían al año 4,2 billones de pesos, pero la cifra hoy puede ser muy superior”, dice.

Además, la Auditoría General de la República ha hecho estudios que han arrojado que el 42 por ciento de los hallazgos de las contralorías se relaciona con fallas en la contratación pública.

“Otro riesgo fiscal importante es el de las nóminas paralelas en el Estado, que además constituye la principal fuente de clientelismo para pagar favores políticos mediante contratos estatales de prestación de servicios”, advirtió el Auditor.

Gómez hace dos críticas sobre la manera como se ejecutan las contrataciones. La primera es “la entrega de concesiones y prórrogas a éstas, contrarias a principios de conmutatividad y equilibrio económico”. Y la segunda: “existe una amplia gama de excepciones a la contratación por licitación o concurso; los bienes y servicios requeridos para la defensa y seguridad nacional se contratan masivamente de manera directa”.

El auditor les ofrece 14 soluciones a los candidatos para atacar estos problemas. Por ejemplo, sugiere “suprimir o limitar en todos los niveles del Estado la posibilidad de que funcionarios sin formación certificada en contratación contraten o asesoren en esta materia”.

Sobre las obras públicas que se estén desarrollando improvisadamente o que tengan inconvenientes, propone suspender los proyectos “para encaminarlos conforme a necesidades técnicas y presupuestales que aseguren su viabilidad y finalización exitosa o darlos por terminados si no son viables”.

Respecto a la contratación del sector Defensa, el Auditor sugiere hacer una “selección objetiva y no directa en las compras”. Para él, esto “se puede lograr con convocatorias públicas, acompañadas de la suscripción de pactos de reserva o confidencialidad por parte de los interesados”.

Desde hace rato, se viene hablando de las deficiencias de los organismos de control para atacar la corrupción. A este respecto, Gómez dice que “es indispensable fortalecer el control a la contratación pública en las contralorías dotándolas de herramientas tecnológicas y de recursos humanos especializados”.

Para el Auditor, el control debe estar articulado con la lucha contra la corrupción “con una Unidad de Control de la Contratación, de prevención al lavado de activos, que evite la configuración de carteles, bandas criminales o prácticas monopolísticas”.

Conozca el resto de las sugerencias.

El segundo ámbito de la contratación es el régimen especial de entidades estatales compuesto por normas excepcionales y de derecho privado. “En éste se ha configurado un margen de discrecionalidad muy amplio con frecuentes casos de sobrecostos y de amiguismo para contratar el erario al amparo de regímenes de derecho privado”, describe el Auditor.

Y el tercer modelo de contratación pública “lo constituye el grupo de organizaciones privadas que contratan con recursos públicos, en el que se incluyen aquellas entidades en las que la participación accionaria es mayoritariamente capital privado y que por ello escapan al ejercicio del control fiscal. En este sentido es evidente la prevalencia del interés privado sobre el público”, se lee en la carta.

Para el Auditor, los candidatos deben tener en cuenta estos temas sensibles en las propuestas de quienes aspiran ser Presidentes de Colombia.