Antanas Mockus

¿Cuáles son los elementos principales de su propuesta para conseguir la paz?

La paz tiene dos elementos centrales: la desmovilización de las Farc y el freno a los demás grupos armados.

La desmovilización de las Farc debe ser el resultado de una estrategia que combine la firmeza, el mantenimiento de la presión militar y una actitud en la que los guerrilleros adviertan que pueden buscar un camino para el abandono de las armas, que les dé oportunidades de reincorporarse en la sociedad a los que no hayan cometido delitos de lesa humanidad.

También de una actitud social de rechazo a la guerrilla. Cada ataque a una población civil, cada acto de barbarie debe ser respondido, fuera de la lógica respuesta militar, con actos de protesta, con gestos simbólicos de la sociedad para expresar su oposición al uso de la violencia.

¿Qué mantendría y qué le cambiaría a la actual política de seguridad democrática?

Mantendré una política de seguridad firme, que trate de controlar las formas de violencia organizada mediante la acción de la Policía, el Ejército y la justicia. Pero queremos subrayar la obligación de que todo lo que haga el Estado esté dentro de la ley.

Ciudadanos y gobernantes están obligados a respetar la legalidad, y en la medida en que tanto el Estado como la sociedad lo hagan, se crea un estado de respeto a la ley que yo llamaría legalidad democrática.

El Gobierno logró reducir la violencia proveniente de la guerrilla y, mediante una generosa negociación, de los paramilitares. Pero no ha logrado definir una política eficaz de seguridad en las ciudades. Solamente sumando Medellín, Cali y Bogotá, en 2009 los homicidios crecieron un 41 por ciento respecto de 2008. Buena parte de la reducción de la violencia de 2002 a 2007 se dio en las grandes ciudades, en buena parte por la buena gestión en Bogotá y Medellín. Pero desde 2007 se revirtió la tendencia y en las ciudades la violencia está creciendo, y en el país se mantiene más o menos en el mismo nivel. Hay que tener una política específica para las ciudades
¿Qué tratamiento le daría su gobierno a las denominadas bandas criminales emergentes?

El mismo que a toda forma de ilegalidad: buscando la eficacia de los mecanismos legales, mejorando la información para que la justicia actúe con más eficiencia y promoviendo la colaboración de la ciudadanía con las autoridades.

¿Cómo concibe la participación de la sociedad civil en las estrategias que buscan contener la inseguridad urbana y rural?

Es fundamental que la ciudadanía participe, sea corresponsable y exija cuentas en el tema de seguridad.

Todos construimos la seguridad ciudadana, cambiando nuestras actitudes, comportamientos y percepciones frente a la seguridad. Un primer paso es confiar en la autoridad competente.

¿Cómo interpreta la situación de los derechos humanos en el país?

Es contradictoria. El asesinato de jóvenes para hacerlos aparecer como guerrilleros, buscando recompensas menores, es muy preocupante, porque muestra el deterioro de valores en ciertos sectores del Ejército. Pero creo que en muchas partes la actitud del Ejército es respetuosa de los derechos humanos, que han desaparecido la connivencia y la alianza con grupos paramilitares, el uso de la tortura, la ayuda a los paramilitares para hacer desapariciones.

Los mensajes del gobierno han sido igualmente contradictorios: sanción firme en algunos casos, mensajes de que para derrotar la guerrilla o la delincuencia todo vale.

Hay que volver a una actitud coherente y sin contradicciones: lucha contra la delincuencia, uso legal de las armas estatales, pero dentro de la más estricta legalidad democrática.

¿Qué medidas adoptaría para garantizar los derechos fundamentales de sindicalistas, periodistas, indígenas y defensores de los derechos humanos?

La sociedad debe romper el esquema mental polarizado en el que se encuentra. Sindicalistas, periodistas, indígenas, defensores de derechos humanos, opositores y otros grupos tienen tanto derecho a opinar como lo tiene el presidente, ministros, alcaldes o gobernadores.

Todos tenemos que garantizar el ejercicio pleno de Derechos de estos grupos marginados, perseguidos y atacados por algunas de sus opiniones. No al todo vale, la vida es sagrada.

¿Cuál es su propuesta para que las personas que aún permanecen secuestradas, en particular, los soldados y policías que siguen en poder de las Farc, recuperen el derecho a la libertad?

Creo que la sociedad, como lo hizo hace más de un año, debe volver a marchar contra el secuestro y pedir la libertad inmediata de los policías y soldados secuestrados, así como la de los civiles que también lo están.

La guerrilla está disminuyendo su estrategia de secuestro y, posiblemente, si se facilita la liberación unilateral de muchos de ellos, seguirá entregando a quienes aún están en su poder.

¿Estaría dispuesto a abordar el tema del intercambio humanitario con las Farc?

No me parece que pueda llamarse un “intercambio humanitario” una negociación con los secuestrados: el gobierno no puede pagar por su liberación, ni en dinero ni en la libertad de presos condenados legalmente. De modo que buscaré alternativas diferentes para proteger la vida y la libertad de los secuestrados.

La libertad del secuestrado vale más que la preocupación por el uso propagandístico que puedan hacer los grupos armados. Pero cambiar unos guerrilleros por unos secuestrados es invitar a que haya más secuestros.

¿Estaría dispuesto a participar en un esfuerzo internacional por la legalización de las drogas?

El problema de la legalización de la droga es de los países consumidores. Creo que en el país hay que combatir el consumo, aunque no con la prisión del consumidor. En el plano internacional, la despenalización tendría ventajas sociales, políticas y culturales, pero no es algo que vaya a ocurrir en los próximos años.

La expresión “legalización de las drogas” me parece inadecuada, porque sugiere una valoración positiva del consumo.

¿Cuáles serán las líneas de acción de una política de defensa para Colombia?

Las líneas de acción para la política de defensa son tres: legalidad, respeto de los derechos humanos y de la constitución, e interdependencia en esquemas de multilateralismo.

¿Cómo puede el gobierno nacional contribuir a la seguridad en las ciudades?

La inseguridad urbana tiene dos fuentes algo diferentes: la violencia ocasional, alimentada por la cantidad de armas en manos de los particulares, y la violencia producida por los grupos de delincuentes profesionales.

La primera puede ser en gran parte prevenida con medidas como la hora zanahoria, el control del consumo de alcohol, la prohibición del porte de armas en sitios urbanos y varias más, reforzadas por una movilización social para desvalorizar el recurso a la violencia.

La segunda se puede prevenir en parte, pero sobre todo es importante que la Policía y la justicia la enfrenten.

Una y otra se reducen si hay buenas políticas de prevención policial. El gobierno apoyará a todas las ciudades que quieran desarrollar mecanismos eficaces de epidemiología del homicidio, como el que se aplicó en Bogotá, que permitan a la Policía mejorar su acción preventiva al poder anticipar dónde y en qué momentos se producen la mayoría de los delitos. Muchas veces los policías están donde no está el peligro, porque la información es inadecuada.

Y en el largo plazo, la mejor manera de prevenir la violencia es con políticas sociales, en especial dirigidas a los jóvenes: si no hay desempleo juvenil, si hay colegios para todos, si hay recreación apropiada, se reduce la probabilidad de que los jóvenes entren a las bandas de delincuentes.