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La firma Transval, de la cual era socio William Suárez -el cuñado de David Murcia e integrante de la captadora ilegal DMG- donó el transporte de las firmas. Según los conjueces esta donación excedió los topes establecidos por la Ley.

ANÁLISIS

Ante invalidez de recolección de firmas del referendo, ¿qué sigue?

El referendo reeleccionista quedó, otra vez, en un limbo jurídico después de la decisión del CNE de declarar inválido el proceso de recolección de firmas. Análisis Votebien.com

13 de noviembre de 2009

Lo que viene

La resolución del CNE, que dice que el proceso de recolección de firmas del referendo reeleccionista violó “las condiciones de plenas garantías que exige la Constitución", será publicada la semana entrante. Los promotores del referendo ya anunciaron que van a presentar un recurso de reposición, para lo cual tienen un plazo de cinco días.
Los conjueces del CNE, Carlos Mario Isaza (liberal), Felipe Pérez (de Cambio Radical) y Manuel Pretelt de la Vega (conservador) tendrán que confirmar o no su decisión, “pero pueden demorarse unas semanas más porque podrían pedir pruebas adicionales”, explica el constitucionalista Juan Carlos Lancheros.

El abogado agrega, que si los conjueces se mantienen en su decisión, pasaría a ser evaluado por la jurisdicción del Tribunal Contencioso Administrativo, que tendría que confirmar o suspender la decisión.

Además de declarar inválido el proceso de recolección de firmas, los conjueces del CNE también elevaron pliego de cargos contra el Comité Promotor del Referendo. Esta decisión podría terminar en sanciones económicas para los nueve promotores de la iniciativa.

La otra opción que tienen los promotores del referendo es presentar una acción de tutela argumentando que los conjueces se extralimitaron en sus funciones, al declarar la nulidad de las firmas. El tribunal que reciba la demanda tendría que resolver la tutela también en un plazo máximo de dos semanas.

No obstante, según el magistrado del CNE José Joaquín Vives, esta opción no es viable jurídicamente. En su criterio, la Reforma Política que fue aprobada en junio, “le dio facultades de control al CNE. La pregunta que se abre y que la Corte Constitucional deberá resolver es: ¿las nuevas funciones de control del CNE podrían servir para descalificar un proceso como el de recolección de firmas?”, dice.
 
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