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| 1/25/2012 12:00:00 AM

Bogotá busca contralor y personero en quienes creer

Un contralor distrital destituido y un personero investigado son el resultado de los malos manejos de los últimos cuatro años en las dos entidades de control más importantes de la ciudad. La elección que deberá hacer el Concejo en las próximas semanas será vital para el futuro de la capital.

En el 2008, el Concejo de Bogotá eligió personero y contralor distrital. La elección de personero estuvo rodeada de controversia y terminó con el nombramiento de Francisco Rojas Birry, a pesar de que un grupo de cinco concejales denunció la cercanía de Rojas Birry con la familia Moreno Rojas. Sin embargo, 40 de los 45 cabildantes votaron a favor de su elección.
 
Distinta fue la elección del contralor, pues se llevó a cabo sin discusiones y contó con un respaldo unánime, 42 votos a favor. El nombre ganador fue el de Miguel Ángel Morales Russi.

Hoy, cuatro años después, las dos instituciones se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía y de la Procuraduría, por los líos en que se han visto involucrados sus titulares, y han perdido buena parte de su credibilidad por parte de la ciudadanía. De hecho, ambos funcionarios son señalados como culpables directos de la impunidad que hubo durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
 
“A Rojas Birry lo pusieron para que no hubiera personero. La discusión que se dio fue en torno a si estaba inhabilitado o no, pero no hubo un verdadero debate político. El Concejo falló porque el personero no ejerció debidamente su control disciplinario sobre los funcionarios del Distrito”, dice Carlos Vicente de Roux, uno de los cinco concejales que se opusieron a la elección.
 
El personero termina su período con dos investigaciones. La primera ante la Fiscalía, por haber recibido más de 200 millones de pesos de la captadora ilegal de dinero DMG para su campaña política en enero del 2008. Sin embargo, desde el 20 de abril del 2009 hasta la fecha, no se ha podido determinar si el funcionario es responsable de dicho delito, debido a las reiteradas suspensiones y apelaciones en el proceso.
 
La segunda investigación es por parte de la Procuraduría por su presunta participación en el escándalo del “carrusel de la contratación”, en el que se le señala de cobrar porcentajes por cada contrato entregado a un selecto grupo de contratistas.
 
En el caso del contralor, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a 20 años a Morales Russi por pedir dinero a cambio de favorecer a los contratistas e incremento patrimonial injustificado, por una suma aproximada a 467 millones de pesos.
 
El hecho de que ninguno de los dos órganos de control hubiera cumplido oportunamente con su labor trajo consecuencias incalculables para la ciudad. “Uno de los principales problemas fue la lentitud que imprimieron y con la que trabajaron estos organismos. Hubo muy poco respaldo, por no decir ninguno, a los procesos de seguimiento, tanto a algunos funcionarios de la administración como a varias obras que presentaban irregularidades”, explica Alexandra Rodríguez, directora del programa ‘Bogotá Cómo Vamos’.
 
Según Rodríguez, la mala gestión del contralor supuso un costo muy alto en tiempo y en dinero para el Distrito. “Uno de los casos más claros es el del contrato de la calle 26, en el que las primeras denuncias de las irregularidades se dieron en el 2008, pero no fue sino en el 2010 cuando se empezó el proceso”.
 
El concejal del Partido Verde Antonio Sanguino tiene su propia versión del daño que sufrió la ciudad. “El contralor utilizó como instrumento de chantaje sus funciones de control y protegía los contratos en los que tenía intereses a pesar de ser cuestionados”.
 
Pero si en la Contraloría las cosas no funcionaban, en la Personería no menos. El concejal Javier Palacios denunció en su momento que durante el periodo de Rojas Birry se había archivado el 80 por ciento de las investigaciones que llevaba en curso.
 
Lo que está en juego
En febrero próximo, el Concejo deberá elegir contralor y personero de la ciudad. Para el primero de los cargos, la entidad ya recibió la terna integrada por Soraya Vargas Pulido, propuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; Diego Ardila, y Carlos José Bitar Casij, postulados por el Tribunal Superior de Bogotá.
 
Quien resulte electo será el titular de una institución que maneja un presupuesto y una nómina similares a los de la Alcaldía de una ciudad intermedia del país. Se calcula que entre funcionarios y contratistas maneja una nómina de 800 personas y un presupuesto anual de 77.000 millones de pesos.
 
En medio del estudio de la terna, el concejal Juan Carlos Flórez lanzó una alerta temprana en una reciente entrevista con Semana.com. Flórez dijo que, en su opinión, la terna actual se debería devolver a los tribunales, pues “se debe escoger una persona de las más altas cualidades, que hoy no transmite la terna que hay”.
 
La denuncia del concejal de la Alianza Social Independiente está dirigida hacia Bitar, quien tiene una investigación en la Procuraduría, por dividir, supuestamente, contratos de 2.500 millones de pesos para la empresa Redes y Comunicaciones de Colombia (Redcom) Ltda.
 
Por su parte, la Personería tiene un tamaño similar a la Contraloría. Cuenta con un presupuesto de 800.000 millones y debe designar a quienes ocupan más de cien cargos de libre nombramiento, incluidos los personeros de cada localidad bogotana.
 
El Concejo ya se encuentra estudiando las 112 hojas de vidas de los candidatos al cargo. Según el exconcejal y hoy senador del MIRA, Carlos Baena, el cabildo deberá seguir la normativa que establece la Procuraduría, algo que no ocurrió con el nombramiento de Rojas Birry.
 
“La escogencia de los personeros se debe hacer por méritos, como lo dice el Ministerio Público, para que brinde las mayores garantías de objetividad e imparcialidad”, dice Baena.

Según el senador, en el proceso que se adelantó por el Concejo de Bogotá hace cuatro años se hizo caso omiso a esta solicitud y no se efectuó la evaluación que permita identificar quiénes, además de cumplir con los requisitos, ostentaban las mejores condiciones para el desempeño del cargo según sus calidades profesionales, personales y sociales.
 
Después de que Bogotá conociera casi al detalle la manera como los carteles de la contratación penetraron a los principales organismos de control de la ciudad, la elección que haga el Concejo será de vital importancia para controlar y vigilar lo que suceda en los próximos cuatro años.



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