Candidato: ¿cuál es su radiografía de la situación de los derechos humanos en Colombia?

Semana.com y la facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario ofrecen, en esta décimo primera entrega del cuestionario programático a los candidatos, la radiografía que cada uno de ellos hace a la situación de los derechos humanos en el país.

Colombia ha tenido avances en materia de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, muchas organizaciones no gubernamentales aún cuestionan algunas prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A través de esta radiografía, que también aborda el tema del reciente informe de Human Right Watch, donde esta organización cuestionó la desmovilización de los grupos paramilitares, los candidatos expusieron sus propuestas para garantizar los derechos fundamentales de organizaciones sindicales, periodistas y minorías étnicas.

Estos tres interrogantes hacen parte del tercer capítulo de este cuestionario, denominado ‘Paz y reconciliación’, que la Universidad del Rosario preparó con el propósito de conocer los programas diseñados por los candidatos a la Presidencia. Seis de ellos, los que registran más del 1 por ciento en la mayoría de encuestas, accedieron a responderlo: Antanas Mockus, Rafael Pardo, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras.

Semana.com aclara que las respuestas de cada candidato no fueron sometidas a edición, ni en contenido ni en extensión, y son ofrecidas de forma íntegra. 

 
1. ¿Cómo interpreta la situación de los derechos humanos en el país? 


Antanas Mockus 
 
Es contradictoria. El asesinato de jóvenes para hacerlos aparecer como guerrilleros, buscando recompensas menores, es muy preocupante, porque muestra el deterioro de valores en ciertos sectores del Ejército. Pero creo que en muchas partes la actitud del Ejército es respetuosa de los derechos humanos, que han desaparecido la connivencia y la alianza con grupos paramilitares, el uso de la tortura, la ayuda a los paramilitares para hacer desapariciones. 

Los mensajes del gobierno han sido igualmente contradictorios: sanción firme en algunos casos, mensajes de que para derrotar la guerrilla o la delincuencia todo vale.

Hay que volver a una actitud coherente y sin contradicciones: lucha contra la delincuencia, uso legal de las armas estatales, pero dentro de la más estricta legalidad democrática. 


Rafael Pardo 
 
Hablar de derechos humanos en el país es casi una ironía puesto que no sólo se violan a diario, y de qué manera, sino que no se investigan convenientemente y rara vez se castigan. 

Cuando esto último ocurre, los sindicados no sólo son los eslabones menores de una estructura delincuencial y criminal, sino que sus penas son una burla a la justicia debida, y sus cárceles, correccionales de puertas abiertas. 

Pero lo más aberrante del tema son algunos agentes del Estado que compiten con la delincuencia en la comisión de los mismos. Cuando los medios informan que los falsos positivos, en conocimiento de la Fiscalía, pasan de 2.000, y que en un solo departamento del suroriente del país hay 50.000 desparecidos, y que hay tumbas ubicadas por centenares que no se abren para no congestionar a la Fiscalía (dando a si tiempo a sus autores de desenterrar a sus víctimas para desaparecer las pruebas, como ya se ha comprobado que esta aconteciendo)*, parecería que estamos viviendo un momento de la historia en el que se nos quiere imponer el poder de los perversos. 

Si a esta situación, ya de por sí inadmisible, le sumamos un aparato de justicia en algunos sectores inoperante, venal, sobrecargado de trabajo, intimidado desde las altas esferas del poder, además de enmarañado en las patrañas de los abogados defensores, tendremos un país marchando por el tapete rojo de las cortes penales internacionales, para vergüenza de todos nosotros los ciudadanos de bien. 

Como ya lo anoté, la recuperación plena de la democracia y los derechos humanos está en el corazón mismo de mi programa de gobierno. 

Es una tarea inaplazable, ya que si no la cumplimos de manera pronta, estaremos poniendo en grave riesgo la propia existencia de nuestra democracia. 

En España la campaña nacional por recuperar y visibilizar las víctimas de la guerra civil, en particular lo cometido por el franquismo durante y después de la guerra, tiene como principio recuperar todos los restos humanos para entregárselos a su deudos y rendirles los honores de la verdad debida. Jamás se dejan enterrados una vez ubicados. 


Gustavo Petro 
 
Aunque se ha avanzado en algunos campos, como en la reducción del secuestro y asesinatos a periodistas, los fenómenos que vulneran el libre goce de la vida son múltiples. 

Sin duda, el caso más aberrante es el de los mal llamados “falsos positivos”, que en realidad se trata de la desaparición y el asesinato sistemático de civiles jóvenes y pobres por parte de miembros de la fuerza pública, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. 

Por otra parte, el desplazamiento sigue siendo muy alto. Por ejemplo, en Magdalena, según Acción Social, llega a más de 60.000 en los últimos cuatro años, es decir, más que en plena expansión paramilitar. En un departamento donde no hay guerrillas, donde se dio la desmovilización paramilitar, donde los cultivos de uso ilícito son bastante bajos, es la zona con mayores desplazamientos en los últimos años. 
 
El homicidio, igualmente, comienza a aumentar, al igual que las amenazas a periodistas y sindicalistas. 
 
Sin embargo, los temas de pobreza y extrema pobreza igualmente son violatorios de los derechos humanos. La inseguridad laboral, la violencia intrafamiliar, la discriminación contra minorías sexuales y étnicas se han incrementado sustancialmente en el último periodo, de ahí que el panorama no sea alentador. 

 
Noemí Sanín 
 
La situación de derechos humanos puede y debe mejorar en la medida que se fortalezca la Fuerza Publica y la justicia, tanto la justicia penal militar como la justicia civil. 

El narcotráfico ha generado una cascada de corrupción y de violación de los derechos humanos que no es sólo propio de Colombia, sino que empieza ya a ocurrir en México y en otros países en donde el narcotráfico ha tomado más fuerza. 

Se requiere mucha decisión en el nivel del Ejecutivo para golpear al narcotráfico y sus vínculos con las estructuras del Estado, y prestar atención especial a zonas del país como el Pacífico, en donde la situación de desprotección de la ciudadanía es mayor. La mayor violación de los derechos humanos en Colombia proviene de estas estructuras del narcotráfico y de sus ramificaciones terroristas. 

 
Juan Manuel Santos 
 
El país ha realizado un avance espectacular en este terreno que nuestro gobierno continuará en un doble sentido: mantendremos el combate a los grupos terroristas y criminales, que son los culpables de la inmensa mayoría de las violaciones de los derechos humanos en el país, e insistiremos en una política de seguridad basada en un escrupuloso respeto a los derechos humanos. 


 
Germán Vargas Lleras 
 
El problema de los derechos humanos va conectado al de justicia y al de la seguridad. Las violaciones de derechos humanos están estrechamente vinculadas con la impunidad. La política de protección de derechos humanos debe estar basada en la reforma a la justicia, como la que proponemos para Colombia. 

Los derechos humanos y el DIH harán parte prioritaria de la política exterior de Colombia y de las relaciones que mantengamos con todo país y organismo. Aun cuando consideramos que el problema de derechos humanos en nuestro país no es un problema normativo, es necesario proponer la ratificación de la Convención Interamericana para la Desaparición Forzada. 

Colombia debe tener todos los instrumentos para arrinconar militar e institucionalmente a las fuerzas insurgentes y a la delincuencia. Igualmente, en lo interno, nos propondremos ejecutar un ambicioso plan para garantizar el estricto apego de nuestras Fuerzas Armadas a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

Pero este esfuerzo se tiene necesariamente que complementar con una ofensiva internacional para promover el reconocimiento de los avances de Colombia en la materia, que en muy buena medida son ignorados en el exterior. 

En materia de Derechos Humanos buscaremos tener una política de “puertas abiertas”. En ese sentido, acataremos las recomendaciones que haga el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todo acuerdo, tratado o pacto que sea firmado o ratificado durante mi gobierno tendrá un componente de educación, prevención, vigilancia o sanción en Derechos Humanos, según sea el caso. 


2. ¿Qué medidas adoptaría para garantizar los derechos fundamentales de sindicalistas, periodistas, indígenas y defensores de los derechos humanos? 

 
Antanas Mockus 
 
La sociedad debe romper el esquema mental polarizado en el que se encuentra. Sindicalistas, periodistas, indígenas, defensores de derechos humanos, opositores y otros grupos tienen tanto derecho a opinar como lo tiene el presidente, ministros, alcaldes o gobernadores.
 
Todos tenemos que garantizar el ejercicio pleno de Derechos de estos grupos marginados, perseguidos y atacados por algunas de sus opiniones. No al todo vale, la vida es sagrada. 

 
Rafael Pardo 

En primer lugar, ningún funcionario de las instituciones del Estado, bajo control del Ejecutivo, hará declaraciones públicas o privadas con lenguaje agresivo o estigmatizante hacia los integrantes de esos sectores de la sociedad; y si ellas provinieran de funcionarios de instituciones diferentes a las anteriores se intervendría para neutralizarlas. 

En complemento, los integrantes de los cuerpos de seguridad encargados de hacer estudios de vulnerabilidad y proveer seguridad preventiva a líderes y demás personajes de esos sectores, serán funcionarios escogidos por tener criterios claros, sobre la dignidad de toda persona humana y sobre la importancia fundamental de promover y proteger valores democráticos como la libertad de expresión, y en especial, la protección de los Derechos Humanos. 

 
Gustavo Petro 
 
Suspensión inmediata de toda actividad de “guerra política” emprendidas por el DAS y demás agencias de seguridad del Estado en contra de estos y otros sectores, e investigación y castigos a los responsables. 

 
 
 
 
Noemí Sanín 
 
Aunque la política de derechos humanos debe cobijar a toda la población, no hay duda de que estos grupos requieren mayor atención, con protección especial, en razón de que han sido un objetivo de los grupos terroristas por razones diversas. 

El monopolio del uso de las armas en poder de un Estado, en el que la justicia sea fuerte e independiente, y un poder legislativo que haya extirpado las influencias del narcotráfico, deben ser los objetivos de una política que proteja los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía, acompañados siempre por un discurso de tolerancia desde la Presidencia de la República. 

Los esquemas de alertas tempranas, y de apoyo a las estructuras sociales, son muy importantes para una política de derechos humanos. 

 
Juan Manuel Santos 
 
En nuestro gobierno, estos grupos de riesgo se beneficiarán de esquemas de seguridad especial que serán más sólidos y personalizados en aquellos casos en los que se confronten mayores riesgos. 

Nuestra protección a estos sectores sociales no sólo será fruto de la conciencia de las amenazas, que todavía padecen por la acción de los grupos armados ilegales, sino también consecuencia de la importancia que otorgamos a la seguridad estos sectores en el marco de la sociedad democrática y plural que queremos construir.


Germán Vargas Lleras 
 
Sindicalistas, periodistas, indígenas y defensores de los derechos humanos deben estar seguros de que sus derechos serán respetados por el Estado. 
 
Como Presidente de la República, a través de un discurso claro, coherente y sin ambigüedades, definiré los lineamientos generales a partir de los cuales las Fuerzas Militares y de Policía actúen en respeto de los derechos humanos. 
 
En mi gobierno desarrollaremos un plan para asegurarles a todos los ciudadanos que funcionarios civiles y militares serán parte prioritaria de una revolución ética y moral, generando un apego al respeto de los derechos humanos y al DIH. 
 
El Estado debe proteger a medios de comunicación, minorías étnicas y, en general, a las organizaciones de la sociedad civil para que sean efectivos fiscalizadores de la acción pública. 

 
3. ¿Cuál es su posición frente al último informe de Human Rights Watch?  


Antanas Mockus 
 
Yo creo que lo que señala Human Rights Watch es un buen síntoma. Estos grupos que operan en la ilegalidad se están juntando por la fuerza de la acción del Estado, pero también por la fuerza de la presión social. El 4 de febrero de 2008 es inolvidable. Y es tan importante como las proezas de los militares. 

Es arrinconar, es derrotar, en ese caso claramente a las Farc, y muy especialmente el uso del secuestro por parte de esta guerrilla. Los colombianos debemos darnos el lujo de una discusión muy franca sobre el narcotráfico. Porque lo que pasó en los últimos cinco o seis años fue cierta cohonestación del narcotráfico con tal de que el narcotráfico se uniera y peleara contra las Farc: peleemos con los enemigos de a poquitos. Primero escojamos unos y seamos un poco complacientes, por lo menos con las autodefensas.

Yo creo que si los colombianos discutimos con franqueza las consecuencias del narcotráfico, construiremos anticuerpos culturales y morales de rechazo al narcotráfico. El norte de Ecuador no tiene casi parcelas de coca. Colombia, sin tener instituciones mucho mejores o peores, está llena, está perforada de parcelas. Rechacemos el narcotráfico culturalmente. 

 
Rafael Pardo 
 
En referencia al informe de Human Right Watch, ‘Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia’, creo que es una buena radiografía de lo que fue la desmovilización de las AUC y de la persistencia del amplio y creciente accionar delictivo de los grupos ligados directamente a ellas o surgidas como diáspora al amparo de su mal llamada desmovilización. 

Una democracia, con grupos criminales organizados, que delinquen de manera persistente contra los derechos humanos, es sin duda una democracia en peligro. Que estos grupos operen en 24 de los 34 departamentos del país, es no solo una cifra dramática sino que permite calibrar la calidad de la amenaza contra la propia estabilidad de la Nación. 
 
Infortunadamente en cifras, de lejos, preocupa más a los extranjeros que a los propios colombianos: los dos mil casos de falsos positivos en conocimiento de la Fiscalía, el que los medios señalen la existencia de cincuenta mil desaparecidos en uno solo de los departamentos del suroriente colombiano, los mas de cuatro millones de desplazados que nos ponen a competir en vergüenza con Somalia, obligan a que la lucha por la defensa a ultranza de los derechos humanos sea para mí una prioridad de gobierno. 
 
Este fenómeno, que Human Right Watch caracteriza como ‘la nueva cara’ de la violencia en Colombia, y que ha sido descrito con precisión por este y anteriores informes de la institución, en lugar de reducirse se ha venido intensificando, por más que el gobierno quiera desconocer el hecho. 
 
Bandas deterioradas por el ejercicio constante y prolongado de la violencia, hoy utilizan la violación como una de sus armas, como si no les bastara la rapiña, la apropiación de bienes, el saqueo de las arcas publicas, la intimidación de jueces y la desaparición de testigos, prácticas con las que han venido socavando las bases de la democracia colombiana. 
 
La defensa de las libertades y los derechos es tarea prioritaria y vital para nuestra propia existencia como Nación. 

 
Gustavo Petro 
 
Efectivamente, la desmovilización paramilitar logró desarmar la estructura militar de las AUC. Sin embargo, dejó intacta su estructura económica y política a nivel local y regional. Además, no modificó el comportamiento de algunas élites locales de utilizar grupos armados ilegales y mucho menos desarmó su red de contactos con la institucionalidad. 

De ahí que las ‘Bacrim’ surgieron de forma acelerada y generalizada en varios territorios. Lo importante es cerrarle el paso a estos grupos respondiendo con una estrategia coherente a este nuevo fenómeno de violencia. Por desgracia, en las zonas donde estos grupos prosperan, como la Costa Caribe, no es foco de la política de seguridad democrática. 

 
Noemí Sanín 

El informe se enmarca dentro de la política de esta ONG frente a los Estados. En ese sentido hace criticas a Colombia y también hace criticas a Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos en sus guerras en Afganistán e Iraq. 
 
La labor de la Human Right Watch es importante, pero requiere que el gobierno colombiano adopte una política internacional más activa para explicar sus avances en derechos humanos, sus discrepancias con el informe y también en donde acepte sus errores de manera franca. 
 
A nivel internacional, todavía, no esta clara la interrelación entre narcotráfico y violación de derechos humanos y mucho menos la corresponsabilidad de los países consumidores de drogas con estas violaciones. Un diálogo más franco y abierto con las organizaciones de derechos humanos, como la Human Right Watch, se hace imperativo. 

 
Juan Manuel Santos 
 
El combate a las ‘Bandas Criminales’ será una prioridad para nuestro gobierno. Para ello, crearemos un Centro de Coordinación para la Lucha contra las Bandas Criminales y el Narcotráfico, dependiente del Ministerio de Defensa. 

Es importante subrayar las diferencias entre las desmovilizadas AUC y las actuales Bandas. Estas son mucho más reducidas que las antiguas autodefensas. Además, las Bandas son puros grupos delincuenciales al servicio del narcotráfico, carentes de ideología alguna, que no dudan en cooperar con la guerrilla cuando resulta conveniente para sus actividades de narcotráfico. 

 
Germán Vargas Lleras 
 
El informe no es exacto cuando declara que no hay independencia de las instituciones colombianas. Los jueces, especialmente las altas cortes, han dado muestras de independencia y respeto por los principios democráticos. La Justicia, valientemente, ha asumido su papel en las investigaciones contra políticos y sus relaciones con el paramilitarismo.

Con respecto a la ley de Justicia y Paz, es claro que ese proceso no ha sido afortunado y en eso el informe es contundente. Creemos que no se debe a falta de voluntad del gobierno pero sí a decisiones equivocadas dentro de la aplicación de esa política. No ha habido sentencias de verdad y reparación. Por eso hemos propuesto reformar la ley, tanto en su procedimiento, como en contenido. El problema principal de esta ley es que la Fiscalía debe comprobar todo. ¿Por qué no evitar eso si hay confesión y pasar a imputaciones colectivas? ¿Por qué no establecer un procedimiento o mecanismo automático para que las personas a quienes se les despojó de sus tierras volvieran a ellas, sin esperar larguísimos procesos judiciales? 

Finalmente, el informe trae algunas imprecisiones sobre el papel de la Corte Constitucional respecto de la definición del contenido de la ley y el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los procesos derivados del sometimiento a la ley. 


En la próxima entrega, los candidatos debatirán sobre el acuerdo humanitario y la situación de los colombianos secuestrados por las Farc .