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Seis candidatos aceptaron responder el cuestionario preparado por la alianza SEMANA - Universidad del Rosario, con el propósito de conocer a fondo a los aspirantes a la presidencia. | Foto: SEMANA

ELECCIONES 2010

Candidato: ¿qué propone para conseguir la paz?

En la novena entrega del cuestionario diseñado por la Universidad del Rosario, Semana.com ofrece las propuestas y los programas de los candidatos frente a la paz y la reconciliación. El primer tema de discusión, la evolución de la política de seguridad democrática.

20 de abril de 2010

Semana.com y la facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario ofrecen, en esta novena entrega, las fórmulas de los candidatos para conseguir la paz.

Las propuestas de búsqueda de la paz parecen haber desaparecido de la discusión política en Colombia. Siendo este tema, todavía, una asignatura pendiente de nuestra sociedad y una meta aún por alcanzar, es conveniente indagar a quienes aspiran a asumir las riendas del Estado si tienen o no propuestas para conseguirla.

En esta novena entrega, los candidatos también responden sobre aquellos aspectos que mantendrían o removerían de la política de seguridad democrática, bandera de los ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Estos dos interrogantes son el prólogo del tercer capítulo del cuestionario, denominado ‘Paz y reconciliación’, que la Universidad del Rosario preparó con el propósito de conocer los programas preparados por los candidatos a la Presidencia. Seis de ellos, los que registran más del 1 por ciento en la mayoría de encuestas, accedieron a responder este cuestionario: Antanas Mockus, Rafael Pardo, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras.

Semana.com aclara que las respuestas de cada candidato no fueron sometidas a ninguna edición, ni en contenido ni en extensión, y son ofrecidas de forma íntegra. 

 
1. ¿Cuáles son los elementos principales de su propuesta para conseguir la paz? 

 
Antanas Mockus 
 
La paz tiene dos elementos centrales: la desmovilización de las Farc y el freno a los demás grupos armados. 
 
La desmovilización de las Farc debe ser el resultado de una estrategia que combine la firmeza, el mantenimiento de la presión militar y una actitud en la que los guerrilleros adviertan que pueden buscar un camino para el abandono de las armas, que les dé oportunidades de reincorporarse en la sociedad a los que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. 
 
También de una actitud social de rechazo a la guerrilla. Cada ataque a una población civil, cada acto de barbarie debe ser respondido, fuera de la lógica respuesta militar, con actos de protesta, con gestos simbólicos de la sociedad para expresar su oposición al uso de la violencia. 

 
Rafael Pardo 
 
La construcción de la paz en Colombia no puede depender de la existencia de diálogos con las organizaciones ilegales. El debate no está ahí. Las estrategias de solución política y solución negociada se han alternado sin que se haya logrado una Colombia en paz.

Lo que Colombia necesita es una propuesta de construcción de paz que se centre en el ciudadano. La paz no es asunto de negociación. Construir la paz es una tarea de la sociedad, que pasa por la legitimidad de las instituciones, por el rechazo al crimen y por la forma como se reconoce y apoya a las víctimas del conflicto.

La paz es un conjunto de acciones políticas, jurídicas y sociales concretas, cuyo principal beneficiario es el ciudadano. Sólo así será realidad un país sin guerrillas, sin paramilitares y sin crimen organizado. 
 
Propongo cuatro acciones para lograr la paz: 
 
1. Mantenimiento de la presión contra todas las organizaciones que actúan al margen de la ley.
2. Prioridad a quienes han sufrido el conflicto.
3. Fortalecimiento de la sociedad civil para acabar con la violencia.
4. Negociación con la guerrilla sólo como una opción bajo ciertas condiciones. 

 
Gustavo Petro 
 
La principal política de paz del nuevo gobierno serán las reformas sociales y políticas, que se impulsarán en desarrollo de los acuerdos ciudadanos, eje de la democracia participativa para la reconfiguración del territorio y la región. 
 
El Gobierno convocará constituyentes locales que sirvan como instrumento para democratizar el poder político local y como escenarios de reconciliación. Es preciso que se acaben el poder de los victimarios y su posesión de la tierra a partir de la confesión plena, que contribuya a la consecución de la verdad y a la no repetición, a cambio de garantías jurídicas. 
 
Cada acuerdo comunitario implicará un proceso de reconciliación, de perdón y reparación de las víctimas, al igual que de construcción de un plan de vida para el conjunto de la sociedad local. Las constituyentes locales se articularán con las instancias correspondientes, como los Consejos Territoriales de Planeación o los Consejos Municipales de Paz. 

 
Noemí Sanín 
 
Para conseguir la paz debemos consolidar, para el Estado, el monopolio del uso de la fuerza y de las armas. Ello implica el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, consolidar su presencia en todo el territorio, mantener la presión sobre el narcotráfico, especialmente las mafias, consolidando una gran alianza internacional que incluya también a Europa, y asegurando que las instituciones democráticas, la justicia, los servicios sociales y los apoyos productivos lleguen a todas las regiones de la mano del Ejército y la Policía. 
 
El fortalecimiento del Ejército se tiene que acompañar del respeto a los derechos humanos, lo que requiere fortalecer la justicia penal militar y un apoyo total a la independencia de la justicia desde las más altas cortes. 
 
La negociación con el terrorismo no es posible, aunque el gobierno debe mantener la disposición para promover su integración a la sociedad sobre la base de la decisión de abandonar el terrorismo. 
 
Necesitamos también un nuevo diálogo con nuestros vecinos que tenga como premisa una política coordinada de rechazo al terrorismo y al narcotráfico, y de acciones conjuntas para enfrentarlo. 

 
Juan Manuel Santos 
 
Alcanzaremos la paz combinando firmeza y generosidad. En este sentido, mantendremos un vigoroso esfuerzo de seguridad persiguiendo a los grupos terroristas, desarticulando las bandas criminales y combatiendo el negocio del narcotráfico que las sustenta. 
 
Al mismo tiempo, mejoraremos las posibilidades de desmovilización para que todos aquellos que quieran abandonar la violencia encuentren la puerta abierta para reintegrarse a la sociedad. 


Germán Vargas Lleras 
 
La política de seguridad democrática debe tener continuidad. No hay opción distinta que seguir enfrentando los grupos insurgentes. Los integrantes de las cúpulas de las organizaciones armadas ilegales están sindicados de delitos atroces o de lesa humanidad, lo que no hace viable que se pueda aprobar amnistías o indultos. 

En consecuencia, no sería posible adelantar un proceso de negociación que involucre ninguna clase de concesiones: no es posible plantear negociaciones con quienes han cometido crímenes de lesa humanidad sin que ellos paguen por los mismos. En ese orden de ideas, los grupos insurgentes tendrían que aceptar esa limitante para reintegrarse a la vida civil, pagando por sus delitos y reparando a las víctimas. Deberán comprender, más temprano que tarde, que la batalla la perdieron. 
 
Es claro que no aceptaría avanzar o restablecer un proceso de paz del cual sólo se esperaría que los grupos armados derivaran ventajas internacionales o militares, dejando a las víctimas por fuera del proceso. 

 
2. ¿Qué mantendría y qué le cambiaría a la actual política de seguridad democrática? 

 
Antanas Mockus 
 
Mantendré una política de seguridad firme, que trate de controlar las formas de violencia organizada mediante la acción de la Policía, el Ejército y la justicia. Pero queremos subrayar la obligación de que todo lo que haga el Estado esté dentro de la ley.
 
Ciudadanos y gobernantes están obligados a respetar la legalidad, y en la medida en que tanto el Estado como la sociedad lo hagan, se crea un estado de respeto a la ley que yo llamaría legalidad democrática. 
 
El Gobierno logró reducir la violencia proveniente de la guerrilla y, mediante una generosa negociación, de los paramilitares. Pero no ha logrado definir una política eficaz de seguridad en las ciudades. Solamente sumando Medellín, Cali y Bogotá, en 2009 los homicidios crecieron un 41 por ciento respecto de 2008. Buena parte de la reducción de la violencia de 2002 a 2007 se dio en las grandes ciudades, en buena parte por la buena gestión en Bogotá y Medellín. Pero desde 2007 se revirtió la tendencia y en las ciudades la violencia está creciendo, y en el país se mantiene más o menos en el mismo nivel. Hay que tener una política específica para las ciudades. 

 
Rafael Pardo 
 
Como expliqué en la respuesta anterior, el objetivo es mantener la presión militar a los grupos guerrilleros. Mantendré la voluntad política hacia las Fuerzas Armadas. Mantendré su fortalecimiento y la importancia de que sean unas Fuerzas Armadas modernas. 
 
El esquema desarrollado por Colombia es ejemplo para otros conflictos de baja intensidad que se dan actualmente, como los de Afganistán e Irak. Así que militarmente continuaré desarrollando y fortaleciendo el esquema planteado por nuestras fuerzas en la lucha contra los grupos ilegales. 
 
Sin embargo, hay que reenfocar y direccionar algunas fuerzas para no permitir que la guerrilla desgaste las tropas. Igualmente haré énfasis en la consolidación del territorio incluyendo mucho más a las víctimas del conflicto. No es suficiente recuperar el territorio, si no que hay que devolverlo a quienes fueron desplazados con violencia. 

 
Gustavo Petro 
 
La llamada política de seguridad democrática ha tenido importantes éxitos, en particular los relacionados con la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional y la acción contra los grupos insurgentes. 
 
Pero es necesario trabajar en la legitimidad del Estado; el aumento en el pie de fuerza no debe ser desconocido ni reducido, pero sí debe ser enfocada esa presencia estatal hacia lo social, complementar esto con educación, salud, vivienda, agua para todos los sectores de la población. 
 
Las modalidades de la ilegalidad en zonas urbanas son diferentes a las de las zonas rurales y es un factor que debemos tener en cuenta a la hora de presentar propuestas para enfrentar la violencia. 
 
El hecho de que persistan prácticas que constituyen flagrantes violaciones a los derechos humanos, e incluso delitos de lesa humanidad, como los “falsos positivos”, erosiona de manera grave la legitimidad de la fuerza pública y son resultado directo de la forma en que se ha llevado a cabo la lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales o al margen de la ley. 
 
Por lo tanto, se mantendrá y se expandirá el control militar del territorio mediante operaciones que se realicen dentro del marco de las funciones que la Constitución y los tratados internacionales les asignan a los distintos componentes de la fuerza pública, con escrupuloso respeto de los derechos y las libertades fundamentales, y sin que se sustituyan o asuman las competencias de las autoridades civiles. 

 
Noemí Sanín 
 
La Seguridad Democrática se va a afianzar. Es una política de Estado y un patrimonio de todos los colombianos. 
 
Debemos apoyar a nuestros soldados devolviéndoles el fuero militar. El propósito principal de nuestras Fuerzas Armadas es entablar operaciones de combate. Esta es la tarea singular que la Nación les exige a sus fuerzas armadas. Si queremos que cumplan con esta tarea de manera apropiada, nuestras Fuerzas Armadas necesitan una Justicia Penal Militar, ya que ella entiende apropiadamente los vínculos entre mando, disciplina y efectividad operacional. Obviamente, se requiere también el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar. Una justicia actuante es garantía del fortalecimiento de la fuerza pública. 
 
De la misma forma, con mi experiencia, profundizaría más la cooperación internacional, relanzando el Plan Colombia con Estados Unidos e incluyendo a Europa, que ha estado ausente aunque su demanda de cocaína ha crecido más rápidamente. Es necesario exigir más recursos de los países consumidores y fortalecer el principio de la corresponsabilidad con el flagelo y el costo del narcotráfico y el terrorismo en Colombia.
 
Así vamos a conseguir más recursos, tecnología e inteligencia para combatir a los grupos ilegales, les montaremos un bloqueo financiero y lograremos que nuestros vecinos y toda América Latina se conviertan en un factor de apoyo en esta lucha. 
 
En el tema de recursos, vamos también a garantizar la financiación de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía en el alto nivel que requiere su fortalecimiento. Tanto la profesionalización del Ejército como su mayor dependencia en equipos de alta tecnología han modificado de manera permanente las necesidades de financiación anual, lo cual, hasta ahora, se ha financiado con impuestos temporales al patrimonio. Vamos a darle más estabilidad a ese financiamiento. 

 
Juan Manuel Santos 
 
Impulsada por el presidente Uribe, la política de seguridad democrática ha demostrado ser un modelo exitoso para restaurar el orden y devolver la tranquilidad a los colombianos. En este sentido, nuestro gobierno tendrá la continuación de la Seguridad Democrática como una de sus banderas. 
 
En cualquier caso, la transformación del escenario estratégico del país obliga a hacer nuevos énfasis en el esfuerzo por combatir el crimen y alcanzar la paz. Así, es necesario poner más atención al combate al crimen en las ciudades, la consolidación del control del Estado en zonas de presencia tradicional de la guerrilla, el desmantelamiento de las bandas criminales y la seguridad de las fronteras. 

 
Germán Vargas Lleras 
 
El país puede estar seguro de que daremos plena continuidad y vigencia a la política de seguridad democrática, en particular en lo referente a la lucha contra los grupos guerrilleros y paramilitares. 
 
Vamos a aumentar el número de soldados profesionales de 90.000 a 120.000, la presencia de los soldados de mi pueblo de 600 a 900 municipios, y continuaremos el proceso de fortalecimiento y modernización militares. 
 
Sin embargo, la actual política de seguridad ha carecido de un adecuado enfoque para atender la problemática de la criminalidad en las ciudades, por lo cual vamos a aumentar en no menos de 50.000 policías para duplicar el pie de fuerza de las principales ciudades.

Aumentaremos la presencia de la fuerza pública en las fronteras. Todo se hará en el marco del más absoluto respeto a los derechos humanos. 
 

En la próxima entrega, los candidatos se referirán a la lucha contra las nuevas bandas criminales y a la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.