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| 6/19/2012 12:00:00 AM

Caso Santoyo enredaría reelección del procurador Ordóñez

Por lo menos el representante del Polo Iván Cepeda considera que el procurador debe responder políticamente por haber suspendido la sanción disciplinaria contra el general Mauricio Santoyo. Tal decisión permitió el ascenso de rango del oficial, que hoy tiene cuentas pendientes en una corte de EE.UU.

En su época de consejero de Estado, Alejandro Ordóñez, actual procurador general de la Nación, revocó la sanción disciplinaria que contra el coronel Mauricio Santoyo impuso la Procuraduría.
 
La sentencia del Consejo de Estado que absolvió a Santoyo respondió a la apelación interpuesta por el mismo oficial que alegó la prescripción de los hechos por los cuales fue investigado.
 
La Procuraduría, en el año 2003, había sancionado a Santoyo al encontrarlo responsable de ordenar más de 1.400 interceptaciones ilegales en su época de director del Gaula de la Policía en Antioquia. ‘Chuzadas’ telefónicas que afectaron a varios activistas de la ONG Asfades en Medellín.
 
Dos años después de esa sanción, el Consejo de Estado estudió la apelación. Los entonces consejeros de Estado Alejandro Ordóñez Maldonado, Tarcisio Cáceres Toro y Jesús María Lemus Bustamante encontraron que la notificación del fallo en contra del general en retiro se hizo unas semanas después de vencerse el término que da la ley para imponer una sanción disciplinaria.
 
"El término de prescripción de la acción disciplinaria es de cinco años. El vencimiento de dicho lapso implica la pérdida de la potestad de imponer sanciones, es decir que una vez cumplido dicho período sin que se haya dictado y ejecutoriado la providencia que le ponga fin a la actuación disciplinaria, no se podrá ejercitar la acción disciplinaria en contra del beneficiado con la prescripción", señaló la sentencia.
 
Según el Alto Tribunal, la notificación de la decisión se hizo en febrero del 2005 y los hechos investigados ocurrieron entre octubre de 1998 y noviembre de 1999, es decir que ya habían transcurrido más de cinco años.
 
"Se incurrió en violación del debido proceso porque para esa época se carecía de competencia para imponer la sanción. En consecuencia, la entidad había perdido competencia para imponer la sanción pertinente por la operancia del fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria", explica el fallo.
 
Esa decisión fue clave para que la Comisión Segunda del Senado promoviera a Santoyo en su curso para general de la República.
 
Ahora, cuando en el Congreso se buscan responsabilidades políticas, el representante Iván Cepeda (Polo Democrático) exige a los magistrados del Consejo de Estado que revocaron la sanción contra Santoyo que las asuman.
 
Para Cepeda, el procurador Alejandro Ordóñez debe asumir su responsabilidad política "por un fallo que hoy le está significando una vergüenza internacional al país". La responsabilidad que reclama es que "desista de sus intenciones de aspirar a la reelección" en el cargo, pues, asegura el congresista, el procurador "tiene un impedimento moral".
 
La responsabilidad de Uribe
 
Cepeda también reclama la responsabilidad de Álvaro Uribe por haber nombrado a Santoyo su jefe de seguridad.
 
"El expresidente no sólo omitió retirar a Santoyo del servicio, sino que estimuló la impunidad al permitir que el oficial ascendiera en su carrera y luego ocupara un cargo diplomático (agregado de Policía en Italia) cuando eran de conocimiento público las denuncias que lo vinculaban con graves violaciones a los derechos humanos durante su gestión como comandante del Gaula en Medellín".
 
Aunque el expresidente se ha 'desmarcado' del caso Santoyo, Iván Cepeda le pide a la Fiscalía que investigue la que considera "estrecha relación" de un general pedido en extradición y el expresidente de la República.
 
"El expresidente Uribe debe explicarle al país si sabía de alguna relación entre el general (r) Santoyo y los hermanos Gallón Henao, socios comerciales del exmandatario vinculados con el Bloque Metro de las AUC y copropietarios de la hacienda Guacharacas, y hasta qué punto el oficial accedió a información privilegiada siendo su jefe de seguridad en la Presidencia".
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