Choque de Corte Suprema y Judicatura condiciona debate del estatuto anticorrupción

El estatuto anticorrupción, uno de los primeros proyectos que radicó el gobierno Santos en agosto de 2010, entra a su recta final. La plenaria de la Cámara de Representantes empieza este miércoles el último debate de la iniciativa que, sobre el papel, se prevé muy complejo.

Uno de los temas que deberán ser abordados por la plenaria es el de las facultades que la comisión primera de esa corporación, en el tercer debate, le concedió a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Entre otras, esa sala extendería los alcances de la investigación disciplinaria, por hechos de corrupción, a todos los empleados de la rama judicial. “De jueces para abajo”, una función que actualmente es competencia por eferente y exclusiva de la Procuraduría y que, si es aprobado el estatuto, pasaría a manos del Consejo Superior de la Judicatura.

Estas peticiones fueron hechas por el presidente de la Judicatura, magistrado Angelino Lizcano, y fueron acogidas por la comisión primera de la Cámara que incluyó tres artículos al proyecto para acceder a estas peticiones.

A la Corte Suprema de Justicia, lo aprobado en el tercer debate no le cayó en gracia. Por eso, en una carta dirigida al presidente de la Cámara, representante Carlos Alberto Zuluaga, el presidente del alto tribunal, magistrado Camilo Tarquino Gallego, le trasladó sus preocupaciones.

En la carta, Tarquino advierte que el otorgamiento de “amplísimas” competencias a la sala disciplinaria son registradas con “gran preocupación”.

“Consideramos que extender la competencia de la mencionada Corporación al examen de la conducta no sólo de los funcionarios sino también de los empleados de esta rama del poder público, y a los auxiliares de la justicia, con la ya estatuida para los abogados litigantes, producirá efectos contrarios a los buscados, dada la conocida congestión que la afecta por el elevado número de procesos que les corresponde conocer”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En su reclamo, el magistrado Camilo Tarquino también cuestiona que el gobierno haya manifestado, en reiteradas oportunidades, que uno de los puntos de la reforma a la justicia es el de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, “no se entiende como, en este proyecto, se propone ampliar sus facultades”.

El presidente de la Cámara trasladó las inquietudes de la Corte a los ponentes del proyecto que, sin embargo, radicaron su ponencia sin modificar los artículos concernientes a las facultades del Consejo Superior de la Judicatura.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, al ser consultado por Semana.com sobre las inquietudes de la Corte, dijo que ve “saludable el debate” y que la plenaria de la Cámara se ocupará del asunto.

En el último debate, la plenaria también deberá afinar algunos de los alcances del estatuto que fueron muy controvertidos en el tercer debate.

Por ejemplo, si decide prohibir la participación de contratistas en la financiación de campañas políticas. Según lo aprobado sólo hay la exigencia de hacer pública la financiación.

Así mismo si amplía los términos de prescripción de la acción disciplinaria que actualmente es de cinco años.

O por ejemplo, si ajusta las inhabilidades de las personas políticamente expuestas. Una controversia surgida a última hora es que si el estatuto debe o no prohibir que familiares de congresistas, en primer y segundo grado de consanguinidad y afinidad, puedan aspirara a cargos de elección popular.

En el tercer debate se prohibió esa participación, por lo que casos como el del concejal Carlos Fernando Galán, hermano del senador Juan Manuel Galán, hoy están en el limbo.
Este miércoles empezará la votación definitiva del proyecto.