Clara López: "El Gobierno corrige una actuación inconstitucional con otra"

Semana.com: ¿Cuál es su opinión sobre la coyuntura política que vive actualmente el país?
 
Clara López: Vivimos una crisis institucional profunda. Gobierno y Congreso se han acostumbrado a cambiar la Constitución para acomodar intereses privados y particulares, sin atención a los mínimos dictados de la ética democrática. La reforma se ha convertido en un bumerán que los golpea severamente. La ciudadanía empieza a reaccionar colectivamente para ponerle remedio mediante medios constitucionales como la revocatoria por firmas del acto legislativo.
 
Lamentablemente, el Gobierno y sus mayorías parlamentarias acuerdan corregir una actuación inconstitucional con otra también inconstitucional, lo que sólo puede profundizar la crisis institucional que vivimos.

Semana.com: ¿Qué opina el Polo Democrático de la reforma a la Justicia y del actuar del presidente Santos en los últimos días?

C. L.: El presidente Santos se equivocó en materia grave. Con el acuerdo político para hundir la reforma, crea un precedente de graves implicaciones para la institucionalidad al actuar al margen de la Constitución para enmendar el entuerto que su gobierno contribuyó a aprobar.

La reforma se debe echar para atrás con las herramientas que da la Constitución y no mediante un acuerdo político con el que las mayorías siguen tratando de minimizar su responsabilidad política. El país ya no está dispuesto a seguir por el camino de los acuerdos dame y dame entre el Gobierno y el Congreso.

Semana.com: ¿Esta actuación en bloque (votación del Polo) legitima al Polo como la verdadera oposición al modelo de país que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos?

C. L.: La reforma desde un comienzo debilitaba la pérdida de investidura y la forma de juzgar a los congresistas, lo que llevaba ineluctablemente a dejar a cerca de 70 procesados en libertad. Así lo hizo saber el Polo Democrático en carta enviada al presidente desde el mes de marzo pasado y en las juiciosas intervenciones de nuestros parlamentarios en todos y cada uno de los ocho debates de la reforma, en los cuales consecuentemente votamos negativamente.

No estuvimos solos en la votación final de la conciliación. Es necesario también reconocer al partido MIRA y a figuras aisladas de los partidos de la coalición de Gobierno como el senador Juan Lozano, presidente del partido de la U; Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, y Ángela María Robledo, del Partido Verde.

Con quienes se deslinden del bloque que viene gobernando a Colombia y con los demás sectores políticos y sociales alternativos tenemos la obligación de construir una alternativa viable que se enfrente exitosamente al proyecto releccionista en el próximo debate electoral.

Semana.com: ¿Cuáles deben ser las consecuencias para los congresistas que conciliaron y dieron su visto bueno a la reforma a la Justicia?
 
C. L.: Además de la responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, hay una clara responsabilidad política de los congresistas que votaron en beneficio propio para sustraerse del alcance de la justicia. Pero la responsabilidad no se puede limitar a los congresistas que participaron en la conciliación.

El Polo ha comunicado al Consejo Nacional Electoral que en la consulta del Partido que se realizará el 30 de septiembre se propone preguntar a los electores y electoras si están de acuerdo con la revocatoria de los que votaron la cuestionada reforma y de su inhabilitación, incluida la de sus parientes más cercanos, para que no sean relegidos al Congreso en 'cuerpo ajeno', como lo fueron muchos de los condenados por parapolítica.

Semana.com: ¿Qué tipo de precedente deja el presidente Santos al actuar más creativamente que legalmente, sólo apoyado en el consenso sobre la necesidad de hundir la reforma?

C. L.: A la larga, lo único que mantiene la institucionalidad democrática de un país es el cumplimiento de las reglas del juego constitucional. Cuando el incumplimiento viene de la primera autoridad del país, se profundiza la crisis y la institucionalidad entra en coma con pronóstico reservado. A futuro, imagínese usted un presidente objetando una reforma constitucional que le recorte sus poderes. El lindero entre la democracia y la dictadura tiene un umbral que ningún presidente debe cruzar.

Semana.com: ¿Se podría decir que Santos le da un golpe de Estado a la Constitución de 1991?
 
C. L.: Desde la oposición, hemos visto en el Gobierno un inconveniente desdén por el pluralismo político. Sabemos que el presidente y el Congreso ostentan las mayorías para gobernar, pero en un Estado social y democrático de derecho, las mayorías no pueden apabullar a las minorías, condenarlas al silencio y a la invisibilización. Estas no deciden pero deben ser escuchadas. Cuando ello sucede, la deliberación democrática se enriquece, sin desmedro del poder decisorio de las mayorías.
 
Por eso insistimos en el Estatuto de la Oposición ¿Quién sabe? De pronto el reconocimiento del papel de la oposición habría evitado el descalabro que hoy viven el Gobierno y su mayoría parlamentaria. Puede que hundan la reforma, pero no podrán hundir la responsabilidad política que les cabe en su aprobación y en su hundimiento por fuera de los cauces constitucionales.

Semana.com: ¿Cree que al aprobar la reforma constitucional que eliminó el conflicto de intereses para discutir actos legislativos le abrió las puertas para que congresistas con impedimentos le "metieran mano" a la reforma de la Justicia?

C. L.: Sin lugar a dudas. De ello estaba plenamente consciente el Gobierno. Bajo la batuta del entonces ministro del Interior, Vargas Lleras, mediante Acto Legislativo No. 1 de 2011, se adicionó el parágrafo del artículo 183 para que los congresistas quedaran exentos de la figura del conflicto de intereses cuando discutieran y votaran actos legislativos como el de la Justicia.

No debemos olvidar que dicha reforma hizo parte del acuerdo de Germán Vargas Lleras con el presidente Santos para ingresar a la coalición de la Unidad Nacional. Que estaban plenamente conscientes me lo confirmó el ministro de Justicia en respuesta a la comunicación dirigida al presidente de la República en que señalábamos el peligro del debilitamiento de la institución de pérdida de investidura.

En ella además me pidió no preocuparme por lo que podía pasar, por cuanto "usted puede tener la certeza de que la ampliación de los términos en los procesos de pérdida de investidura no hará el proceso 'inocuo' (así lo había calificado el Polo en la misiva al presidente), sino que, por el contrario, les otorgará mas garantías los H. Congresistas…"

Semana.com: ¿Qué responsabilidad política debería asumir el exministro del Interior Germán Vargas Lleras, que fue quien pasó esa reforma constitucional?

C. L.: Toda. No midió la rebeldía de la opinión a esa manera tradicional de hacer política. Tampoco creo que la opinión pública vaya a aceptar que con la Ley de Vivienda que hizo aprobar a las volandas haya pretendido legitimar por esas mismas mayorías parlamentarias la más grande utilización de recursos del Estado para hacer política con los cuatro billones que antes de su aprobación ya le había asignado el presidente Santos.

Semana.com: ¿Quiénes son los responsables de esta crisis institucional y qué deberían hacer?

C. L.: Es un régimen caduco que no puede subsistir cumpliendo su propia legalidad, confeccionada a su medida. No creo que tenga ninguna utilidad pedir renuncias. Se requiere la dignidad del exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra para proferirlas.
 
Los sectores alternativos tenemos una responsabilidad histórica de converger alrededor de un programa compartido y una candidatura presidencial única para poder llegar a las próximas elecciones con una alternativa de dignidad y cambio para el pueblo colombiano.

Semana.com: ¿Qué lecciones le puede dejar este capítulo político a Colombia?

C. L.: Es peligroso otorgar a un Congreso como el nuestro la facultad de hacer una reforma constitucional sin el control del constituyente primario. Ya van dos docenas de reformas constitucionales que han desnaturalizado a cuentagotas el Estado social de derecho estatuido en la Constitución de 1991. Debemos regresar por sus fueros. El unanimismo que se ha apoderado del país es malsano y nos lleva por los precipicios de la antidemocracia.