Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2009/02/20 00:00

“Clientelismo se tomó esta ciudad”

Con pruebas en mano, tres concejales de Cambio Radical acusaron a la administración distrital y a las alcaldías locales de estar favoreciendo a amigos y familiares con millonarios contratos que sumarían 3.919 millones de pesos.

“Existe una clara utilización de los recursos públicos para hacer política”, dijo Felipe Ríos, concejal de Cambio Radical por Bogotá. Foto: Guillermo Torres - Semana

La bancada de Cambio Radical en el Concejo de Bogotá, denunció que la administración del Alcalde de la capital, Samuel Moreno, está asignando contratos sin tener en cuenta los méritos de los contratistas sino sus relaciones políticas.

Este jueves, el concejal de Cambio Radical, Felipe Ríos, abrió el debate en la corporación con unas duras declaraciones en las que cuestionó a la Secretaria de Gobierno del Distrito, Clara López, porque entre los contratos que ella ha asignado hay 13 personas con vínculos políticos con su esposo, el concejal Carlos Romero.

Las 13 personas que suscribieron esos contratos hacen parte de las listas con las que se presentó Romero a las consultas internas para la elección de delegados del partido, el pasado 26 de octubre. Además hay otras ocho personas que integraron sus listas, que tienen contratos con otras dependencias de la Alcaldía de Bogotá.

Tres de los integrantes de la lista distrital del concejal Romero, fueron elegidos para asistir al próximo congreso del Polo. Entre ellos está Antonio Medina, quien recibió un contrato por 38.5 millones de pesos, dos meses antes de las consultas, para “coordinar los asuntos concernientes a las relaciones políticas entre la secretaría Distrital de Gobierno y la región capital”, según reza en el objeto del contrato.

“Eso es una clara utilización de los recursos públicos para hacer política”, dijo Ríos. “El clientelismo se tomó esta ciudad”, añadió.

En respuesta a las declaraciones del concejal, la Secretaria de Gobierno explicó que Medina era el encargado de coordinar con municipios aledaños, un plan estratégico de seguridad, entre otros temas, y que era “un funcionario que prestaba un excelente servicio”. También indicó que la Ley no prohibía a los contratistas participar en política y que otros partidos también hacían parte de los contratos que asignaba la Alcaldía de Bogotá.

Otros 261 contratos asignados por el Distrito también fueron suscritos con integrantes de las listas que se presentaron para elegir los delegados del Polo. Por ejemplo, en las listas de concejales como Celio Segundo Nieves y Antonio Sanguino, hay 46 personas con contratos con Bogotá; en la del senador Iván Moreno (hermano del Alcalde), 22, y en la de Wilson Borja, 21. En total los contratos suman más de 3.800 millones de pesos.
 
Otra denuncia importante fue la que hizo la concejala de ese partido, Patricia Mosquera. Cifras en mano, Mosquera demostró que el alcalde de la localidad de Suba suscribió un contrato por 231 millones de pesos, con 19 personas, para asesorías jurídicas durante seis meses. “No todos son abogados, entonces, ¿sí será necesario contratar 19 personas, con salarios promedio de 3.300.000 mensuales?”, inquirió Mosquera.

En esa localidad, Mosquera encontró que el alcalde local contrató nueve personas para “el apoyo a procesos archivísticos”. El contrato, cuyo tiempo de ejecución son cinco meses, fue por 71 millones de pesos. Como no es claro el objeto con el que se hizo el contrato, porque no define cuáles son los “procesos archivísticos”, surgen dudas sobre qué fue lo que se archivó, o por qué se necesitan nueve personas para esa tarea, entre otras.

Además, el mismo alcalde celebró un contrato por 24 millones de pesos para el biogás y lavado de vehículos. Este contrato que se suscribió en octubre fue por dos meses. Sin embargo, un nuevo contrato firmado en diciembre con los mismos objetos, por seis meses, ascendió a 85 millones de pesos. “¡Cuántos carros están lavando y echándoles combustible!”, peguntó Mosquera.

Documentos a los que tuvo acceso Semana.com evidencian que otras localidades que reciben dineros del Distrito celebran contratos que también generan suspicacias. Por ejemplo, el alcalde de la localidad de Bosa suscribió un contrato con la Fundación Chiminigagua por 774 millones de pesos para “realizar eventos artísticos y culturales”. La fundación es dirigida por el representante a la Cámara del Polo, Venus Albeiro Silva.

No se explica cómo en una localidad de las más deprimidas de la ciudad, con deficiencias en su malla vial, entre otros problemas, asigna tanto dinero a actividades lúdicas a un solo contratista y que este, además ea un funcionario público.

La concejala Mosquera le hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno del Distrito, para que respondiera de qué manera el distrito está ejerciendo veeduría sobre los fondos destinados al desarrollo de las localidades de la ciudad. Sin embargo, al final del debate la concejala se mostró frustrada porque no obtuvo respuesta. Pero advirtió que enviará la información a la Procuraduría y a la Contraloría del Distrito, para que investigue las posibles irregularidades.

El año pasado la misma concejala ya había denunciado la falta de transparencia en el manejo de dineros en otras localidades. Después, la Contraloría encontró irregularidades administrativas en los convenios celebrados por la ex alcaldesa de la localidad de Santa Fe, Flor Paulina Donado, que sumaban más de mil millones de pesos.

Otros argumentos

El concejal de Cambio Radical, Fernando López, hizo hincapié en que los contratos por prestación de servicios superan en un 70 por ciento las plantas de personal de varias entidades adscritas a la Alcaldía. Argumentó que la Reforma Administrativa, concebida para evitar la irregularidades en la contratación y aprobada desde hace dos años, “tiene serias debilidades en su estructura, pues, no es coherente que mientras se busca una reducción del tamaño del Estado para que haya más eficiencia, la Administración reporta un aumento preocupante en lo que llamaríamos nóminas paralelas”.

El vocero del Polo, Álvaro José Argote, argumentó que los integrantes de la bancada de Cambio Radical tenían que demostrar que los contratos asignados a los integrantes de las listas a delegados fueron para hacer política como ellos denunciaron. “De lo contrario están calumniando”, dijo. Argote también dijo que “nuestra gente (los del Polo) tienen derecho a vivir de algo”, con lo que defendió el hecho de que los militantes de su partido sean contratistas del gobierno de Moreno.

Salieron a relucir otros argumentos como los del concejal liberal, Jorge Durán, quien dijo que “el clientelista es quien le da trabajo a los ciudadanos” y preguntó a sus colegas si ellos alguna vez no habían ayudado a conseguirle un puesto a alguien. Con esto quiso decir que era “normal” esa práctica en la política y minimizó las denuncias.

Aunque es cierto que alguien que contrata con la Alcaldía no tiene impedimentos legales para hacer política, no es defendible que la administración asigne un contrato a alguien en razón de su pertenencia a un partido, sino por sus méritos.

El debate de control político de los concejales de oposición al gobierno de Moreno, se sumó a las denuncias que hizo esta semana el senador del Polo, Gustavo Petro, en las que dijo que la administración de la Alcaldía de Bogotá estaba “influenciada por un nefasto clientelismo”.

Los rumores sobre irregularidades en la contratación de la Alcaldía cada vez son más. Hay quienes aducen que personal que en otro tiempo jugó un papel importante en otras administraciones, por sus méritos, fue removido, y a cambio Moreno ha nombrado funcionarios cercanos a su familia y amigos.

Los concejales de Cambio Radical anunciaron que en dos semanas continuarán con otra parte del debate, que incluirá información adicional sobre las presuntas irregularidades en la administración de Bogotá.


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