Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2009/08/24 00:00

Cohecho al acecho entre Representantes a la Cámara

Esta semana la Cámara salvará o hundirá el referendo reeleccionista. Los congresistas denuncian presiones excesivas e indebidas del gobierno. Líderes liberales piden investigar si el Ejecutivo está comprando voluntades con inversiones locales y puestos.

Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, ex representantes que votaron el proyecto de Acto Legislativo que permitió la reelección, fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia al comprobar que recibieron dádivas a cambio de su voto.

El temor cunde en la Cámara de Representantes. De los 86 congresistas investigados por haber votado el referendo reeleccionista en la plenaria de esa corporación, al menos 26 se declararán impedidos para no votar el informe de conciliación del proyecto. La Corte Suprema de Justicia les abrió investigación preliminar por haber votado el proyecto de consulta antes de que el Registrador decidiera cómo certificar las dudosas cuentas con las que los promotores de la iniciativa financiaron el proceso de recolección de firmas.

La presión del gobierno sobre los congresistas, sin embargo, no da tregua. Varios congresistas han denunciado que desde el gobierno les ofrecen puestos en el Instituto de Bienestar Familiar, entre otras instituciones, para que voten la conciliación. “Dicen que van a utilizar dinero en efectivo, para que no ocurra lo mismo que con las Notarías”, dijo un representante a Semana.com quien prefirió la reserva de su nombre. En época de campaña, puestos contratos y dinero no caen mal a quienes aspiran a una curul.

“Yo recibí seis llamadas del Ministro del Interior, este fin de semana. Me imagino que era para que yo votara. Están haciendo hasta lo imposible”, dijo el representante independiente, Óscar Gómez. Este representante fue el mismo que denunció que Claudia Salgado, secretaria del asesor jurídico de la Presidencia, Bernardo Moreno, presionó, con lista en mano, a los Representantes para que aprobaran el referendo en diciembre pasado, durante la votación del proyecto en la plenaria de esta corporación.

Pero los fantasmas de Yidis y Teodolindo, los ex congresistas condenados por haber vendido su voto a favor de la primera reelección a cambio de prebendas burocráticas, rondan a los Representantes quienes aunque aspiran a ser reelegidos, no quieren terminar en la cárcel.

Esta semana, la Cámara de Representantes deberá votar el informe de conciliación del referendo reeleccionista. Sin embargo desde la semana pasada se augura que no irán varios congresistas a los debates. Hay quienes interpretan esa rebeldía en la Cámara como una forma de presión para pedirle más al gobierno.

De la misma manera que en la votación del Acto Legislativo que permitió la primera reelección, tampoco se hacen esperar las denuncias.

Este lunes en la mañana, el precandidato presidencial Rafael Pardo prendió las alarmas sobre la posibilidad de que el gobierno utilice como estrategia de persuasión los contratos del Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) para la construcción y remodelación de palacios municipales.

Su denuncia se basó en un artículo de LaSillaVacia.com titulado Cada quien tiene su palacio, en el que este medio advierte cómo se disparó la adjudicación de contratos de remodelación de las sedes de las alcaldías, con dineros que tradicionalmente se han utilizado para la seguridad. Dentro de la investigación, este medio on line señala coincidencias que apuntan a que varios congresistas se han beneficiado de la entrega de estos contratos.

Pardo pidió a la Procuraduría que intervenga para que investigue de qué manera se han entregado estos contratos, a quiénes y la relación de estos con los congresistas. “Lo que yo quiero es que las cosas se sepan antes, porque estamos viendo en directo un proceso de adjudicación de contratos que tiene como propósito promover votaciones específicas por parte del Ministro del Interior”, dijo Pardo a la Caracol Radio.

En respuesta a las declaraciones de Pardo, el Procurador Alejandro Ordoñez se comprometió públicamente en la misma cadena radial a hacer indagaciones y recaudo de pruebas para determinar si hay o no alguna responsabilidad disciplinaria de congresistas y funcionarios públicos.

Pero esta no es la única denuncia reciente. En una entrevista con Cecilia Orozco de El Espectador, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical aseguró que el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, ha utilizado el presupuesto nacional para chantajear a los congresistas para que voten la iniciativa. Lara, quien apareció la semana pasada en una lista de objetivos de atentados, hizo duras acusaciones en las que señaló que un sector el sector del uribismo aliado con paramilitares es a quien más le conviene la reelección presidencial.

La semana pasada, el jefe del mismo partido y candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, dijo que "las circunstancias que se han presentado implican que algunos parlamentarios han sido seriamente presionados para votar a favor (del referendo reeleccionista)”. El candidato, quien militó en la coalición uribista en el Senado, advirtió que la bancada de su partido en la Cámara estaba comprometida a no votar el informe de conciliación del referendo reeleccionista, y que si alguien se volteaba, el mismo demandará las posibles irregularidades.

Se cierne una gran expectativa sobre lo que puede pasar en el Congreso. Medios de comunicación, congresistas, líderes políticos y entidades de control están atentos a lo que pueda ocurrir. Están en juego la vigencia de la Constitución, la aspiración de otros candidatos a ocupar el solio de Bolívar; y la posibilidad de que, por presión del Ejecutivo, la aprobación del referendo reeleccionista se invalide por haber sido comprada.

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