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| 4/30/2009 12:00:00 AM

¿Cómo liberar las elecciones de 2010 de violentos y corruptos?

Varias organizaciones civiles comenzaron su acción para que esta vez, al contrario de las eleciones anteriores, grupos armados ilegales no impongan candidatos y votos a la fuerza en 2010. Si se tiene la información y la voluntad, es mucho lo que el Estado podrá evitar.

Las organizaciones sociales, las instituciones del Estado y los posibles candidatos se alistan para los comicios de 2010. En marzo serán la elecciones en las que los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso y en mayo será elegido el Jefe de Estado.

Desde el año pasado varias organizaciones sociales arrancaron con el trabajo de observación para recabar información que sobre los posibles riesgos que enfrentarán las regiones en las votaciones.

Uno de los lugares en los que ya se prevé un resurgimiento de grupos ilegales es en Chocó, según alertaron varios investigadores. “Falta ver de qué manera esos grupos que algunos llaman bandas emergentes, que son las viejas estructuras paramilitares, pueden afectar la jornada electoral”, dijo a Semana.com Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

En el mismo sentido, Jorge Rojas, director de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo que a pesar de que la elaboración de los mapas de riesgo electoral (que las organizaciones sociales hacen antes de las elecciones) estaba en su etapa preliminar “ya se advierte la reducción de los espacios de participación ciudadana para el ejercicio libre en algunas regiones del país”.

Por esta razón voceros de la sociedad civil hicieron un llamado al gobierno y a las instituciones del Estado a que estén muy atentos a los informes de riesgo electoral y a las denuncias de la ciudadanía.

El próximo mes de agosto, varias organizaciones sociales lanzarán un primer informe en el que pretenden responder a la pregunta por cómo está construido el poder político en las regiones, con información detallada del comportamiento de las elecciones locales de 2007, comparado con el de las elecciones del Congreso de 2006. En febrero del año entrante lanzarán otro informe con mapas que indiquen los lugares dónde hay amenazas a los candidatos, hechos violentos, amenazas de paros armados, incursiones de grupos ilegales, entre otras variables.

Los temas que más preocupan a los observadores electorales son: quiénes heredarán el caudal político que dejaron los congresistas de la parapolítica, cómo se va a recomponer la política en esas regiones, quiénes serán los financiadores de las campañas y en qué se gastará el dinero.

Importancia de las alertas

Desde el año 2002 la Defensoría elabora informes previos a las elecciones, en los que alerta sobre cuáles son los lugares en los que la jornada electoral puede afectarse por la presencia de grupos ilegales y por delitos contra las elecciones. Esos mapas han servido de guía para las autoridades.

A este esfuerzo de alertar el riesgo electoral se han unido organizaciones, como la MOE creada en 2006 que dirige Alejandra Barrios. La MOE, junto con el Codhes, y la investigadora Claudia López, entre otros académicos de varias universidades, elaboran otros mapas de riesgo electoral en los cuales identifican variables como zonas de desplazamiento, amenazas a candidatos, hechos de violencia y presencia de grupos ilegales.

Para las elecciones de 2010, estas organizaciones sociales ya comenzaron a elaborar sus mapas de riesgo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo hasta ahora comienza a planear sus informes para la pròximas elecciones. En años anteriores estos reportes pusieron el dedo en la llaga y no gustaron al gobierno. 

El  Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, explicó a Semana.com que aún no habían armado el equipo ni asignado el presupuesto para hacer los informes de riesgo electoral porque aún era muy temprano, pero que pronto se iban a poner en la tarea. La Defensoría realiza estos informes con su personal y recursos regulares de la institución.

Será fundamental para la transparencia del proceso electoral, contar con los informes de la Defensoría y de las organizaciones civiles relativamente temprano en el proceso electoral. Así, el gobierno y demás autoridades tendrán el tiempo y la información necesarios para tomar las medidas que eviten que electores o candidatos sean forzados o costreñidos por actores armados como ya sucedió en las pasadas elecciones desde 1998.
 
El investigador Juan Felipe Cardona, del Programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes, explicó que este tipo de alertas “son fundamentales porque ayudan a concentrar los esfuerzos de las autoridades en los lugares donde se prevé la comisión de delitos electorales, y así es más efectiva su tarea”.

El objetivo de alertar a la ciudadanía de los riesgos que se ciernen en las regiones sobre las elecciones es que el Ejecutivo actúe y pueda garantizar el derecho de los ciudadanos a la participación política.

Rojas explicó que a las ONG les corresponde alertar, pero al Estado le corresponde actuar. En ese sentido le hizo un llamado a las instituciones del Estado para que no solo ayuden a indicar en dónde hay riesgos sino que tomen medidas.

“Es muy válido que la Defensoría advierta y vigile el proceso electoral en medio del conflicto armado. Pero la Defensoría debe hacer valer más su voz en estos casos para que el resultado sea una prevención real de los hechos que se advierten”, dijo Rojas.

En el mismo sentido Cardona dijo que la tarea de indicar en qué lugares y qué candidatos representan un riesgo para el ejercicio de la democracia era del Estado. “Pero aún cuando ha sido alertado no ha actuado. Por eso le toca a la sociedad civil hacer el trabajo de alertar a la ciudadanía. De lo contrario cada cuatro años estaremos sometidos a la presión de los grupos ilegales, la corrupción y el clientelismo”.

Las organizaciones sociales coincidieron en que una de las inquietudes que generan las elecciones de 2010 es: hasta dónde la presencia de grupos ilegales va a penetrar la institucionalidad del país.

La preocupación no es infundada, pues el actual Congreso, cuestionado por la parapolítica, no ha regulado las sanciones políticas necesarias para evitar los embates a la democracia de las mafias y los grupos ilegales.







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