Con la oposición del Polo y Verdes, aprobado fuero militar

Los senadores Luis Carlos Avellaneda y Parmenio Cuéllar, ambos del Polo Democrático, y Jorge Londoño, del Partido Verde (que hace parte de la Unidad Nacional), se opusieron a que la Comisión Primera del Senado aprobara el proyecto de reforma al fuero militar con el argumento que podría conceder amplias gabelas a los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas en su ofensiva contra el terrorismo y la subversión, y que puedan ser "sinónimo de impunidad".

Sin embargo, 12 senadores del oficialista Partido de la U, del Conservador, del Liberal y del PIN, rechazaron esa afirmación y decidieron que la Constitución colombiana debe señalar que los actos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas se presumen como "actos propios del servicio", eso sí, a excepción de siete conductas.
 
Si en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, cualquier miembro de las Fuerzas Armadas incurre en ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, genocidio o crímenes de lesa humanidad, serán investigados por la Fiscalía y juzgados por la justicia ordinaria y no por las cortes marciales.

Así lo aprobaron los 13 parlamentarios que votaron a favor de la reforma al fuero militar el fuero militar. Ellos fueron Armando Benedetti, Juan Carlos Vélez Uribe, Carlos Soto, Manuel Enríquez Rosero y Karime Mota (La U); Roberto Gerlein, Juan Manuel Corzo, Hernán Andrade, Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador); Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco (Partido Liberal); y Hémel Hurtado (PIN).
 
En criterio de estos senadores, la reforma al fuero militar propuesta por el Gobierno "no es sinónimo de impunidad". Sobre todo, dice el ponente del proyecto, Juan Manuel Galán, que la Constitución colombiana dejará consignado las conductas delictivas que no serán de conocimiento de la justicia penal militar.

Esta reforma también establece como norma la creación de una 'comisión mixta' que será la encargada de establecer si algún miembro de las Fuerzas Armadas incurrió en alguna de las siete conductas delictivas que quedaron excluidas del fuero militar.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tuvo que llegar a la Comisión Primera del Senado para fijar la posición del Gobierno. Pinzón admitió la inclusión de una lista de siete delitos en la Constitución no era “del todo agradable”, pero que se llegó a ese acuerdo con los partidos porque esos siete delitos “reflejan la realidad histórica y política” del conflicto colombiano.

Pinzón también admitió que el hecho de que se ampliaran a siete los delitos, a diferencia de lo que había aprobado la Cámara de Representantes (sólo aprobó desaparición, genocidio y crímenes de lesa humanidad) "acoge muchas de las preocupaciones que habían expresado defensores de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional" sobre este proyecto.

Horas antes de la votación, y desde Ginebra (Suiza), Cécile Puoilly, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso reparos al proyecto (Ver artículo) https://www.semana.com/politica/onu-pide-congreso-no-aprobar-fuero-militar/188811-3.aspx.

"Cuando estamos hablando de fuero no estamos hablando de beneficios extraordinarios para generar distorsión, sino de unas posibilidades y facultades para ejercer la labor constitucional de los miembros de las Fuerzas Armadas", dijo el ministro Pinzón en el Senado.

El funcionario también agregó que esta reforma no pretende generar hechos de impunidad. "El presidente Santos ha dicho que no va a retroceder un centímetro en la defensa de Derechos Humanos. A nadie le interesa que haya castigo que a quienes tenemos la responsabilidad de conducir a la fuerza pública".

El Gobierno también aclaró que el objetivo de esta reforma es que la justicia penal militar conozca de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, tratado de reglas para los conflictos armados, y que la justicia ordinaria se ocupe de juzgar la violación a los Derechos Humanos. El ministro Pinzón considera que esa es la fórmula para que los militares tengan "seguridad jurídica" a la hora de aplicar la fuerza de forma legítima en sus operativos.

El proyecto de reforma superó su penúltimo debate y sólo le falta la aprobación del pleno del Senado, donde las mayorías de respaldo a esta iniciativa pueden repetirse.