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| 11/8/2011 12:00:00 AM

Congresista de la 'Unidad Nacional' en contra del marco jurídico para la paz

Con el argumento de que se podría tratar de una ley de perdón y olvido para los crímenes de lesa humanidad, incluso los de agentes estatales, el representante Guillermo Rivera pidió a la Cámara de Representantes hundir el proyecto de justicia transicional.

Sorpresivamente, un miembro de la Unidad Nacional pidió el archivo del llamado marco jurídico para la paz, un proyecto reclamado por el presidente Juan Manuel Santos como la llave necesaria para abrir la puerta hacia la resolución del conflicto armado interno.

Y no se trata de ninguna 'rebelión'. El representante Guillermo Rivera (Partido Liberal), quien pese a reconocer las buenas intenciones de los autores de esta iniciativa, argumentó su derecho a opinar yu pronunciarse responsablemente frente a un proyecto que discute el parlamento. Y por eso consideró que esta iniciativa sería una “herramienta peligrosa” y que podría generar “falsas expectativas”.

El llamado marco jurídico para la paz es una reforma a la Carta Política que pretende elevar a rango constitucional los mecanismos de justicia transicional para facilitar eventuales desmovilizaciones de los grupos armados ilegales.

A estos, y siempre con la autoridad y la discreción del gobierno de turno, se les ofrece hasta la cesación de la persecución penal a cambio de los propósitos de verdad, justicia y reparación.

El proyecto también pretende dar prioridad al castigo penal a los delitos confesados por los desmovilizados, para evitar el colapso y la congestión de actuales procesos que, como el de justicia y paz, apenas ha permitido la condena a cuatro desmovilizados (de cerca de 3.000 postulados) en seis años de aplicación de este mecanismo de justicia transicional.

Tres razones motivaron a Rivera a presentar una ponencia que pide el archivo del proyecto.

Primero, Rivera considera innecesario que se eleve a rango constitucional la justicia transicional porque el artículo 22 de la Carta Política, que señala que la paz es un derecho “y un deber de los colombianos”, implícitamente contempla mecanismos para buscar el fin del conflicto. Por eso, no comparte la tesis que esta sea la llave para la paz.

Pero las razones de fondo que argumenta es que el proyecto, al ofrecer mecanismos de justicia transicional para todos los combatientes, incluiría la posibilidad de que miembros de la fuerza pública involucrados en delitos de lesa humanidad se beneficiaran de justicia y paz.

Rivera considera que esa propuesta es parte de una estrategia para que los miembros de la fuerza pública que violen la ley obtengan un tratamiento judicial distinto, y que pasarían de pagar penas de 40 años de prisión a otras alternativas. “Detrás de este proyecto viene una ley de perdón y olvido para los uniformados”, consideró.

También rechazó la propuesta de suspender la acción penal a los desmovilizados porque violaría las normas internacionales del Tratado de Roma al cual está suscrito Colombia. Normas que indican que los delitos internacionales, crímenes de guerra y genocidio deben ser castigados y no indultados.

Sus argumentos fueron respaldados por el también liberal Hugo Velásquez y el representante del Polo Germán Navas Talero, quien consideró que este proyecto es una “amnistía disfrazada” y que sus alcances no cumplirán los propósitos de verdad justicia y reparación, sino que allanarán “peligrosos caminos hacia la impunidad”.

Navas también aseguró que mediante esta iniciativa, y con el argumento de la solución del conflicto, organizaciones ilegales de delincuencia común como las bandas criminales podrían colarse y favorecerse de estos beneficios.

El ponente del proyecto, el representante Carlos Edwar Osorio (La U) admitió que este proyecto vincula a todos los actores del conflicto “sin excepción”, incluidos los militares, porque se necesita “conocer la verdad de lado y lado”, no sólo la de los miembros de organizaciones ilegales, sino la de los servidores públicos que hayan violado la ley.

Aseguró que los beneficios de justicia transicional que tendrían los miembros de la fuerza pública serían “diferenciales”, con el principio de que es más grave la violación de los derechos fundamentales en los que hayan participado agentes del Estado.

Rivera y Navas rechazaron esta tesis al advertir una contradicción del Gobierno y el Congreso si se aprueba este proyecto. Pues recordaron que en el estatuto anticorrupción se adoptó como principio que los servidores públicos no se les rebajarían las penas ni recibirían beneficios, mientras que en esta iniciativa a los agentes del Estado, servidores públicos también, se les ofrecería la reducción de las penas de prisión.

El representante Alfonso Prada (Partido Verde), al defender este proyecto, pidió a la plenaria su aprobación con el propósito de que sería un instrumento efectivo para dar prioridad a los delitos confesados en el actual proceso de justicia y paz. Asegura que más de 300.000 delitos han sido confesados y el aparato de justicia colombiano necesitaría de más de 300 años para proferir condenas.

La suerte del llamado marco jurídico para la paz se resolverá este miércoles 9 de noviembre en la plenaria de la Cámara de Representantes que deberá darle segundo debate a esta iniciativa.

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