Congreso aprueba aumentar las penas a menores delincuentes

El gobierno de Juan Manuel Santos consiguió en la noche de este lunes que el Congreso le expidiera el conjunto de normas que considera determinantes para enfrentar el fenómeno de las bandas criminales, una de las principales amenazas a la seguridad nacional.
 
La plenaria de la Cámara de Representantes, tras una prolija jornada, aprobó en último debate el llamado estatuto de seguridad ciudadana, un proyecto que con 113 artículos pretendía modificar los códigos penal y el de infancia y adolescencia.
 
Con una votación de 84 a favor y 4 en contra, el proyecto pasará a conciliación con el Senado y probablemente, en el mes de junio, el estatuto de seguridad ciudadana se convierta en otra de las leyes que sancione el presidente Santos.
 
Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, el objetivo del gobierno era adaptar estas normas a los “nuevos desafíos” que suponen las nuevas modalidades de criminalidad común.
 
Aumenta la responsabilidad de menores en delitos  
 
Quizás el punto más neurálgico del estatuto, y que había amenazado la viabilidad de la iniciativa, se concentraba en la imputabilidad de delitos a los menores de edad.
 
Hoy, amparados en el código de infancia y adolescencia, aquellos menores de 18 años asociados a conductas criminales sólo podrían permanecer en lugares de reclusión especiales hasta los 21 años, momento en el cual recuperarían la libertad.
 
Según la norma aprobada en último debate por la Cámara de Representantes, los menores de edad que incurran en delitos como secuestro y homicidio se les imputará cargos, se les aumentará las penas, que van de dos a ocho años de cárcel, y en el momento en que cumplan los 21 años no podrán recuperar su libertad mientras no cumplan con la sanción impuesta por el aparato de justicia.
 
Para el ministro del Interior, las nuevas estructuras criminales han recurrido al uso de menores para la práctica de delitos, y amparados en las actuales disposiciones del código de infancia, “los han convertido en auténtica carne de cañón”.
 
La nueva disposición, ampliamente discutida en el Congreso, pues muchos sectores políticos advertían los peligros de esta modificación, finalmente fue aprobada en el sentido que lo había reclamado el Gobierno.
 
Pero también la futura ley dispuso sanciones más drásticas para aquellos adultos que utilicen a los menores y trafiquen con ellos. La disposición aprobada por el Congreso aumenta las penas de prisión para esta conducta que, en adelante, tendrá las mismas sanciones que el delito de secuestro.
 
En consecuencia, el tráfico de menores de edad será castigado con hasta 30 años de cárcel. También contempla cárcel de entre 10 y 16 años para las personas que utilicen a los menores de edad para cometer un delito, mientras que la utilización de los niños en labores de mendicidad causará prisión de entre 7 y 12 años de prisión.
 
Todo esto fue posible porque la norma incluyó en el código penal dos nuevos tipos penales: el tráfico de menores y el uso de menores para la comisión de delitos.
 
Allanamientos las 24 horas del día
 
Pero el estatuto de seguridad ciudadana no se concentra exclusivamente en este capítulo. Uno de los nuevos avances, reconocidos por el Gobierno, es que se elimina la prohibición que tenían los organismos de policía judicial de adelantar allanamientos en horario posterior a las seis de la tarde.
 
La norma aprobada establece que los operativos y allanamientos se podrán realizar durante las 24 horas con previa orden judicial y con acompañamiento de la Procuraduría.
 
El año pasado, algunos jueces de control de garantías tuvieron que dejar en libertad a personas señaladas de tráfico de armas porque los allanamientos se produjeron en horas de la madrugada.
 
El ministro del Interior explicó que el “crimen no tiene horario” y esta nueva disposición es una herramienta que venían reclamando los organismos de policía judicial.
 
Jueces nacionales de control de garantías
 
Como una nueva herramienta para la judicialización de las llamadas ‘bacrim’, así calificó el Gobierno la nueva disposición que crea jueces nacionales de control de garantías y que tendrán la facultad de operar en cualquier lugar del territorio nacional.
 
La medida busca que aquellos miembros de estas bandas criminales puedan ser judicializados por jueces distintos a los de la región donde fueron capturados.
 
Según el Gobierno, la medida busca independencia y garantías por parte del aparato judicial, pues las presiones de estos grupos han expuesto a los jueces de determinados lugares que ante la intimidación y la amenaza se han visto obligados a no judicializar a algunos delincuentes.
 
Gobierno podrá trasladar procesos
 
En ese mimso sentido, otra de las disposciones que saludó con beneplácito el ministro del Interior es que el nuevo estatuto de seguridad ciudadana le permite al Gobierno cambiar la radicación de procesos y expedientes.
 
En adelante, casos que lleven algunos jueces en determinadas regiones podrán ser conocidos en otros lugares del país. También busca la protección de los funcionarios y la independencia de las investigaciones.
 
Por ejemplo, en casos tan sonados como el del homicidio y la violación de tres niños en Tame, Arauca, que llevaba la asesinada juez Constanza Gaona, el Gobierno no tendrá que solicitar a la Corte Suprema el cambio de jurisdicción del proceso. Ahora será facultad del Ejecutivo.
 
Uno de los objetivos del Gobierno es concentrar en la capital los casos más neurálgicos que comprometan a jefes de las bandas criminales y blindar estos procesos de posibles presiones en las respectivas regiones.
 
Cárcel al tráfico de celulares robados
 
Aunque este capítulo fue aprobado el 25 de mayo, el estatuto de seguridad ciudadana contempla un capítulo especial para enfrentar el robo de celulares. Además de aumentar penas para este delito, la ofensiva del Gobierno es inutilizar aquellos aparatos que hayan sido hurtados.
 
Para ello se aprobaron sanciones de seis y ocho años de cárcel a quien manipule, remarque o modifique los terminales móviles de los celulares, o el código único de identificación, denominado IMEI.

Aumento de penas al tráfico de armas

Con la aprobación del proyecto también se estableció que se penalizará la fabricación, el tráfico y el porte de armas o municiones. Quienes incurran en estas prácticas pagarán cárcel de nueve a 12 años.

Esto incluye los accesorios y partes esenciales y las armas de fabricación artesanal. El aumento de la pena al porte ilegal de armas fue una herramienta para que no se convierta en delito excarcelable.

La Fiscalía había reclamado este tipo penal, pues muchos casos el porte de armas o de la sola munición no constituía en prueba suficiente para judicializar sicarios.

Fiscalía, con mayor planta

Otra de las peticiones de la Fiscalía, y aprobada en último debate por la Cámara de Representantes, era las facultades extraordinarias al Gobierno para que cree en la Fiscalía los puestos de trabajo necesarios para combatir la delincuencia conforme a las nuevas conductas penales que se establecen en esta ley.
 
Uno de los propósitos es aumentar la planta de la nueva unidad especializada en bandas criminales.
 
Sanciones a las protestas
 
El Gobierno dice que el código de seguridad ciudadana no pretende criminalizar las manifestaciones públicas de protesta. Pero sí serán objeto de sanción aquellas que obstaculicen vías de comunicación y servicios públicos esenciales.
 
Por ejemplo, el reciente paro camionero del mes de febrero tendría sanciones penales, pues constituiría en el obstáculo para el transporte de alimentos y productos esenciales.
 
Quienes bloqueen servicios como teléfonos, electricidad, acueductos, gas y similares, también serán sancionados.