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| 6/14/2011 6:00:00 PM

Congreso aprueba ley para poner fin a 'chuzadas' ilegales

La plenaria del Senado aprobó en último debate la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, una norma que regula las labores de inteligencia y establece mecanismos de control y vigilancia a dichas labores.

La plenaria del Senado aprobó en último debate la norma que regula las labores de inteligencia y contrainteligencia por parte de los organismos del Estado, una de las iniciativas prioritarias para el Ministerio de Defensa.
 
Fue aprobada tras una votación de 57 votos a favor y siete en contra, estos de la bancada del Polo Democrático que se opuso en bloque a esta ley.
 
La nueva ley, a la que sólo le falta el trámite de conciliación entre Senado y Cámara, ha sido calificada como la que pone fin a irregularidades y abusos como el de las llamadas interceptaciones ilegales del DAS.
 
La razón, según explicó el senador Juan Manuel Galán (P. Liberal), esta nueva ley llena el “vacío jurídico” en el que se desenvolvían actualmente los organismos de inteligencia del Estado. “Ahora no podrán seguir actuando sin Dios ni ley”, afirmó.
 
Con esta nueva norma, la inteligencia se redefine con funciones de carácter preventivo con el propósito de frustrar acciones criminales. No servirán para investigar hechos ilegales pues esto será competencia exclusiva de la policía judicial.
 
En adelante las operaciones de inteligencia deberán ser aprobadas por la llamada Junta de Inteligencia Conjunta, una nueva instancia creada por esta ley y que pretende coordinar las labores de inteligencia de todas las agencias u organizaciones del Estado encargadas de estas funciones.
 
Uno de los ‘tatequietos’ de esta nueva ley se concentra en las interceptaciones ilegales. Estas deberán ser aprobadas por un juez de la República, algo que antes era potestad y autonomía de las agencias que, como el DAS, tenían la facultad de hacerlas.
 
La Ley de Inteligencia, además, crea una comisión parlamentaria que se encargará de vigilar y controlar los llamados gastos reservados. Un dinero que ha sido utilizado no sólo para adelantar labores de inteligencia, también para el pago de recompensas.
 
Esta comisión estará integrada por diez senadores y diez representantes y tendrán asiento permanente dos parlamentarios de los partidos que se declaren en oposición al gobierno de turno.
 
Ante esta comisión parlamentaria, los organismos de inteligencia deberán rendir cuentas de sus acciones de forma periódica, aunque reservada.
 
La Ley de Inteligencia, aprobada en último debate, también modifica el código penal para aumentar las penas a los funcionarios públicos que divulguen información reservada. Estos serían castigados con penas entre cuatro y ocho años de prisión.
 
La nueva norma también establece un término de 30 años de reserva a información clasificada. Esta reserva podría ser ampliada por el propio Presidente de la República.
Según lo explicó el ministro de defensa, Rodrigo Rivera, la información que goce de esta reserva será concerniente a la lucha contra la subversión.
 
Este es uno de los artículos más polémicos, pues en la Cámara de Representantes se había aprobado sólo 25 años de reserva a documentos clasificados. Será un tema de negociación en la conciliación de Senado y Cámara.
 
Según lo aprobado este martes, la Ley de Inteligencia también aumenta las medidas de protección a los agentes encubiertos del Estado que se encarguen de las labores de inteligencia. Protección que también será ampliada a sus familiares.
 
La nueva ley también establece que los miembros de grupos sindicalistas, ONG defensoras de derechos Humanos y dirigentes políticos de oposición no podrán ser clasificados dentro de las llamadas ‘listas negras’ de las entidades encargadas de la inteligencia.
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