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| Foto: Archivo SEMANA.

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Congreso decide no aumentar prescripción de términos para casos de corrupción

La propuesta ampliaba de cinco a diez años la acción disciplinaria. Para los defensores de la iniciativa, la decisión favorece impunidad en casos de corrupción como el 'carrusel de contratación'.

8 de marzo de 2011

Fue por mayoría. Pero la Comisión Primera de la Cámara decidió negar una de las peticiones del procurador general y del Gobierno en el estatuto anticorrupción: la posibilidad de ampliar los términos de prescripción de las investigaciones disciplinarias para casos de corrupción.

Actualmente las investigaciones disciplinarias prescriben en cinco años. El procurador y el Gobierno propusieron que fueran diez años.

Para la mayoría de congresistas que se opusieron a la propuesta, cinco años son suficientes para que la Procuraduría investigue y califique las denuncias por corrupción.

Otra cosa piensan quienes promovían aumentar el término de prescripción.

El coordinador de ponentes, Germán Varón, puso el ejemplo del escándalo de la contratación en Bogotá, al asegurar que las irregularidades que comprometieron a funcionarios distritales con los primos Nule se cometieron tres años atrás. “En muchos casos se conocen los hechos de corrupción cuando la Procuraduría tiene poco margen de tiempo para su acción”.

Varón explicó que la prescripción no comienza a partir del momento en que se abre una investigación, sino de la fecha en que se realizan los presuntos actos de corrupción. “Muchas veces las irregularidades se producen desde el momento de la firma de los contratos y no sólo cuando falla su ejecución, como sucedió en Bogotá”.

Según la decisión de la Cámara de Representantes, “el carrusel de contratación en Bogotá estuvo a menos de dos años de haber quedado impune”, dijo Varón.

El representante Germán Navas Talero, recordando que fue funcionario de la Procuraduría, dijo que el término de investigación, de cinco años, es insuficiente para investigar los casos de corrupción. Una postura que también respaldaron los representantes Miguel Gómez (La U) y Alfonso Prada (Partido Verde), a la postre los únicos tres que defendieron la propuesta del procurador.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, había sugerido una fórmula intermedia. Suspender la prescripción en el momento en que se conociera el hecho de corrupción o que se abriera la investigación disciplinaria. También fracasó en su petición.

Vargas Lleras anunció que se reuniría con los ponentes del proyecto para revivir este artículo en el cuarto debate del proyecto y reiterar que la Procuraduría necesita esa herramienta.

Al Estatuto anticorrupción aún le faltan cerca de 20 artículos para ser aprobado en tercer debate.