Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 11/30/2011 12:00:00 AM

Congreso decide no cerrarle la puerta al marco para la paz

Tras la petición del Gobierno, fue aprobada en tercer debate la reforma constitucional que establece mecanismos jurídicos para facilitar eventuales desmovilizaciones.

Durante un debate en el Senado, los partidos políticos respaldaron al Gobierno en su decisión de mantener la presión militar contra los grupos armados ilegales, pero dejaron abierta la posibilidad futura de que la salida al conflicto se podría dar mediante el diálogo y la negociación.
 
Ese fue el mensaje de la Comisión Primera del Senado al aprobar en tercer debate el proyecto denominado ‘Marco jurídico para la paz’, una iniciativa que había perdido ambiente tras la masacre de los cuatro uniformados secuestrados por las FARC (el pasado 26 de noviembre), pero cuya discusión se mantiene vigente.
 
El Gobierno y el autor del proyecto, senador Roy Barreras (la U), insistieron en que la iniciativa, al establecer como rango constitucional mecanismos de justicia transicional, permitirá futuras desmovilizaciones de miembros de organizaciones ilegales que aún están alzadas en armas.
 
"El camino de la paz está minado por los violentos, no podía ocurrir que una de esas minas echara el traste el sueño de la paz", dijo Barreras al agradecer a sus colegas el respaldo al proyecto y al referirise a la actual coyuntura que le había restado ambiente a la aprobación de la iniciativa,  
 
El proyecto establece beneficios jurídicos, como penas alternativas a las que establece el vigente código penal, para quienes decidan desmovilizarse y cumplan con compromisos de verdad, justicia y reparación con la sociedad y específicamente con sus víctimas.
 
Entre esos beneficios, según lo explicó Barreras, estarían la aplicación del principio de oportunidad, que es la rebaja de la pena a cambio de favorecer la investigación de determinados crímenes.
 
Así mismo, el proyecto contempla la suspensión de la acción penal para determinados casos excepcionales, pero, según el autor del proyecto, eso sólo será competencia del presidente de la República si así lo considera pertinente, y para ello, tendría que tramitar un proyecto de ley en el Congreso en ese sentido.

Alejandro Éder, alto consejero presidencial para la reintegración, le pidió al Senado la aprobación del proyecto al considerar que esta es una herramienta legal para superar el conflicto. “Hay personas que quieren desmovilizarse y lo están dudando porque temen que si se entregan puedan ir derecho a una cárcel. El proyecto da estabilidad jurídica a quienes tienen el propósito de reincorporarse a la vida civil”.
 
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, había reclamado el proyecto como herramienta jurídica para alcanzar la paz. Y a pesar de los recientes episodios que han enlutado al país, el funcionario dijo que la aprobación de esta iniciativa en tercer debate es una muestra que el Estado democrático mantiene vigente su ofrecimiento para alcanzar la paz.
 
En el tercer debate, quedó establecido que los desmovilizados que en el futuro decidan a cogerse a este marco jurídico perderían todos los beneficios en caso que vuelvan a delinquir.
 
Además no se discutió la posibilidad de que desmovilizados que no hubieran incurrido en delitos de guerra o de lesa humanidad pudieran tener vocería política. Esa posibilidad, según el Gobierno, está totalmente cerrada.
 
Aunque antes de la votación, el Partido Liberal había anunciado que no respaldaría el proyecto, decidió darle trámite a la iniciativa con el argumento que aún faltan cinco debates y hay tiempo suficiente para analizar con detenimiento los pros y los contras del proyecto.
 
Sin embargo, en la Comisión Primera expusieron las observaciones que aún mantienen vigentes frente a este llamado marco legal para la paz.
 
Entre ellas, la posibilidad de que funcionarios del Estado, como miembros de la fuerza pública, pudieran acceder a los beneficios de justicia transicional si incurren en delitos contra los derechos humanos.
 
Para los liberales, el proyecto podría dar espacio a que algunos hechos quedaran en la impunidad. Pero Roy Barreras aclaró que el proyecto deja expreso que no habr´pa perdón ni olvido.  

La votación final fue de 10 votos a favor del proyecto, ninguno en contra.

El marco legal para la paz tendrá que ser abordado en 15 días por la plenaria del Senado, y de ser aprobado en esa instancia, será sometido a otros cuatro debates el próximo semestre antes de convertirse en reforma constitucional.
 
Redacción Política Semana.com

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.