Congreso exige endurecer penas a corrupción con ayudas de invierno

Aunque el Gobierno y los organismos de control del Estado ya tienen desplegado un ‘ejercito’ de vigilancia a los más de cinco billones de pesos destinados a atender la emergencia invernal, los partidos políticos con asiento en el Congreso, exigieron al ejecutivo mayores medidas para castigar las irregularidades a estos recursos públicos.

Fue quizás la principal exigencia, dentro de un paquete de 22 recomendaciones, con las que el Congreso decidió acoger el decreto madre que declaró el estado de emergencia social, económica y ecológica y que fue bendecido por el legislativo, que salvo los senadores Jorge Robledo y Alexander López, del Polo, fue aprobado casi de forma unánime, pues además de los partidos de la coalición, también contaron con el respaldo de independientes como el Partido Verde y el Mira. Fueron cerca de 240 congresistas quienes aprobaron a la antigua, levantando la mano.

El acuerdo entre los partidos políticos se concentró en pedirle al Gobierno la expedición de medidas alternativas, vía decreto, para evitar la corrupción en torno a la asistencia humanitaria, y también, impedir que en año electoral estos recursos se presten para que en las regiones se haga politiquería.

El principal blanco de la solicitud del Congreso son los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, quienes recibirán los giros por parte del Gobierno nacional. Pero también aquellos que, al pretender pasarse como damnificados, intenten engañar al Estado y reclamar, sin merecerlo, los subsidios enmarcados en esta asistencia humanitaria.

Así lo propuso la vocera del Partido Verde, la senadora Gilma Jiménez, quien aseguró que en Colombia hay “profesionales de la miseria, que se han graduado como desplazados o damnificados”. Por eso exigió un castigo “severo y ejemplar”, a la vez que pidió que se haga obligatorio un informe quincenal del destino final que se les de a las ayudas humanitarias.

El vicepresidente del Senado, Carlos Ramiro Chavarro, del Partido Conservador, sugirió que ese castigo ejemplar sea más drástico para quien sea sorprendido entregando de subsidios y asistencia de forma fraudulenta, y para quien intente sacar beneficios políticos en un año electoral.

Juan Lozano, presidente del Partido de La U, también exigió medidas alternativas y complementarias contra la corrupción, al margen de la estrategia que liderarán los organismos de control y que fue explicada en la más reciente edición de la revista SEMANA (ver artículo ¿Quién cuida la plata?)
 
Al parecer, para los sectores políticos es insuficiente la acción preventiva, que hará la Contraloría y la Procuraduría, entre otros orgamnismos. Insisten en que el 'garrote', y el endurecimiento del castigo podría ser una herramienta más persuasiva contra el delito.   
 
De concretarse esta observación, delitos como cohecho, concusión y prevaricato verían elevadas las penas. Y dichas disposiciones podrían venir vía decreto, pues aún el Gobierno tiene las facultades en el marco de la prórroga del Estado de Emergencia, que se extenderá hasta el próximo 7 de febrero. El Presidente tendrá la última palabra.

Precisamente, esa es la fecha para que el Congreso vuelva a reunirse, esta vez para hacer control político a los otros 27 decretos en el marco de la emergencia.

Sin embargo, la comisión accidental, instalada para el estudio de estas medidas trabajará hasta esa fecha y estudiará, en compañía de los ministros de despacho, los alcances de las medidas.