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| 3/10/2011 12:00:00 AM

Congreso vigilaría decretos de reforma al Estado

Partidos políticos llegaron a un principio de acuerdo para aprobar el proyecto que escinde tres ministerios y concede facultades extraordinarias para reestructurar el Estado. La ley crearía una comisión que rendirá concepto previo a los alcances de las facultades.

El proyecto de ley con el que el presidente Juan Manuel Santos pide del Congreso facultades extraordinarias para reformar el Estado tiene una nueva fórmula para destrabar su trámite.

Dos incisos nuevos se sumarían a la redacción del polémico artículo 17 del proyecto que tienen el objetivo de que la ley, de forma expresa, garantice que la reestructuración del Estado no tendrá impacto en los empleados públicos y que el Congreso no perderá competencias en las decisiones que adopte el ejecutivo.

Esa fue la fórmula que una comisión de ocho senadores -Armando Benedetti (La U), el coordinador ponente del proyecto Juan Manuel Corzo (P. Conservador), Juan Lozano (La U), Camilo Sánchez (P. Liberal), Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical), Alexander López Maya (Polo), Jhon Sudarsky (P. Verde) y Antonio Correa (PIN)- encontró para que, después de la tormenta política, se garantice la aprobación del proyecto.

La fórmula le será presentada al gobierno. De haber consenso, el próximo martes, el presidente Juan Manuel Santos tendría plenas facultades que, por espacio de seis meses, le permitirán revivir los ministerios de justicia, trabajo y ambiente, y redefinir las funciones y estructura de entidades de la administración pública.

La fórmula para evitar “impacto laboral”

Una de las observaciones era que la reingeniería del Estado iba a terminar por eliminar varias entidades públicas, generando despidos masivos e inseguridad laboral para funcionarios con muchos años de servicio al Estado.

Para evitar que esto se produzca, el proyecto tendría un inciso que dejaría expreso en la ley que en los funcionarios de entidades suprimidas serían reubicados, dependiendo de las funciones que venían desarrollando.

“Esta ley garantiza la protección integral de los derechos laborales de las personas vinculadas a las distintas entidades del Estado reestructuradas, liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. Si fuere estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados, sin solución de continuidad en similares condiciones en otra entidad del Estado”.

La principal preocupación se concentraba en el DAS. El gobierno ya anunció que despojará a esa entidad de sus actuales funciones de extranjería y policía judicial, las cuales serán trasladadas a la chancillería y la Fiscalía respectivamente.

El propósito es que los funcionarios que venían desempeñando esas funciones en el DAS sean reubicados a la planta de personal de la Fiscalía, principalmente.

Control político del Congreso

Para muchos parlamentarios, las facultades reclamadas por el presidente de la República eran excesivas y despojarían las funciones naturales del Congreso. Por eso la calificaron como un “cheque en blanco” que le girarían “con los ojos vendados” al jefe del Estado.

El nuevo artículo, que se pretende incluir en el proyecto, establece la vigilancia de una comisión de parlamentarios, conformada por nueve senadores y nueve representantes a la Cámara, de todos los partidos políticos, quienes se encargarán de vigilar los alcances de cada uno de los decretos que expida el presidente en los seis meses que tenga las facultades para reformar el Estado.

El artículo quedó con la siguiente redacción:

“Confórmese una comisión accidental, de conformidad con lo establecido en la Ley quinta de 1992 -reglamento del Congreso-, integrada por nueve senadores y nueve representantes, que rendirá concepto previo sobre los proyectos de decreto que se expidan por el Gobierno Nacional en uso de las facultades conferidas mediante la presente ley”.

Juan Manuel Corzo, coordinador ponente del proyecto, aceptó la fórmula y se comprometió a presentarla al gobierno. Esta tendría el respaldo de los partidos de la coalición, además del Polo, el Partido Verde y el PIN. De ser aceptada, el proyecto sería aprobado en último debate en la plenaria del próximo martes.

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