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| 11/4/2011 12:00:00 AM

Conservadores blindaron aspiraciones políticas del Procurador

En la reforma a la justicia el gobierno intentó inhabilitar por cinco años a magistrados y jefes de los organismos de control. Los conservadores entendieron que la norma podría bloquear una aspiración presidencial de Alejandro Ordóñez y actuaron para que pudiera entrar en la baraja de candidatos para 2014-2018.

Sucedió en el debate de la reforma a la justicia. En uno de los artículos del proyecto, el Gobierno pretendía darles ‘garrote y zanahoria’ a los magistrados de las altas cortes, y de paso, bloquear cualquier aspiración política de los actuales cabezas de los organismos de control.
 
Era el artículo con el que se pretendía ampliar de ocho a 12 años el periodo de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y elevar a 70 años la edad para su retiro forzoso.
 
A la vez que les ampliaba su ‘vida útil’, el gobierno quería imponerles una inhabilidad de cinco años para que no ejercieran actividad profesional particular ni aspiraran a cargos de elección popular.
 
El argumento del Gobierno era acabar con esa especie de ‘puerta giratoria’ que actualmente les permite a los magistrados acceder a cargos públicos o abrir sus bufetes de abogados después de ejercer la magistratura. Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, “la dignidad de magistrado debería ser, como en otros países, el final de las carreras profesionales de quienes la alcanzan”.
 
Muchos recordaron el caso del exmagistrado Carlos Gaviria, autor de ponencias liberales como la que permitía la dosis mínima, que después de su periodo en la Corte Constitucional fue elegido senador (2002) y posteriormente fue candidato presidencial del Polo Democrático (2006).

Las intenciones de inhabilitar a Ordóñez

Pero lo curioso del artículo propuesto es que no sólo se concentraba en el caso de los magistrados, sino que esa inhabilidad de cinco años se pretendía hacer extensiva a otros dignatarios del Estado. En concreto al fiscal general, al procurador general, al contralor general y al registrador nacional.
 
Pero como la costumbre en el Congreso es llevar este tipo de discusiones del plano general al particular, incluso con nombre propio, de inmediato una amplia mayoría de senadores expuso sus argumentos para rechazar esa propuesta.

Y los que más se opusieron fueron los senadores del Partido Conservador. Al unísono calificaron de “despropósito” esta propuesta e hicieron todo lo posible para poner al pleno del Senado a favor de su postura.
 
Los conservadores, al analizar con lupa el artículo, entendieron que la sugerencia del Gobierno, defendida por el ministro Vargas Lleras, pretendía quitar del camino a ciertas figuras de una eventual carrera política. Así lo advirtieron tras escuchar la postura de los miembros del Ejecutivo.
 
Porque Vargas Lleras, al pedir que se aprobara esa inhabilidad, dijo que había que ponerle fin a ese “lamentable espectáculo” de magistrados que, después de cumplir su periodo en las altas cortes, salen “a debutar en la arena política ondeando sus sentencias como proyecto político”.
 
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, fue más directo al respaldar la postura de su colega de gabinete, pues argumentó que “no hay nada más deplorable que percibir el tufillo de una intención política en una sentencia judicial. Las sentencias deben estar ajenas al mundanal ruido de la política. Y en Colombia ha habido sentencias con clara intención política”.
 
Esguerra agregó que la Constitución debe dejar explícito que “administrar justicia es una cosa y hacer política es otra”. Y sugirió que si pasada la inhabilidad propuesta de cinco años, los magistrados quieren hacer política pues “santo y bueno”, pero consideró que la magistratura debe ser la cúspide de una carrera profesional “y no el paso intermedio de una carrera política”.
 
“Si no establecemos la inhabilidad, la Constitución permitiría, por ejemplo, que un magistrado pudiera llegar a ser nombrado ministro o embajador, incluso en el mismo periodo para el cual fue elegido. Ese daño no se lo podemos hacer ni a la justicia ni a la independencia de los poderes”, explicó Esguerra.

La defensa de los conservadores

De inmediato, los senadores conservadores replicaron.
 
Eduardo Enríquez Maya dijo que lo que pretendía el ministro de la política (Vargas Lleras) era “cercenarles el derecho a postular su nombre” a magistrados, al fiscal, al procurador: “Es cobijarlos de una especie de muerte política (…) Eso sería un feo precedente con personas que le han prestado un valioso servicio a la democracia”.
 
El también conservador Jorge Hernando Pedraza insinuó intereses políticos en la pretensión del Gobierno. “Es una curiosa pretensión esa inhabilidad. Parece hecha en una sastrería para privar a grandes valores de participar en elecciones. No tiene antecedentes ni precedentes”.
 
El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, también la descalificó: “No podemos coartar a personas que tienen semejante nivel de intelectualidad democrática”.
 
Pero fue el presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, quien, sin mencionarlo, más cuestionó la propuesta de Vargas Lleras.
 
“Si alguien habría que inhabilitar sería a los ministros. ¿Por qué mejor no los inhabilitamos por cinco años, pues ellos manejan el poder económico, la ejecución y planeación del presupuesto? Inhabilitemos a los ministros, en lugar de estar pensando cómo inhabilitamos a alguien que dicta una sentencia sustentada en el derecho”, dijo Salazar.

Con nombre propio

El argumento de los conservadores tuvo un respaldo particular. El del
senador del Polo Democrático Alexánder López, quien advirtió que la propuesta de Vargas Lleras es inconstitucional, pues va en contra del derecho de todo ciudadano a elegir y ser elegido, y poder tomar parte de elecciones (consagrado en artículo 40 de la Constitución del 91).
 
Pero fue el senador Camilo Sánchez (Partido Liberal) quien se atrevió a ventilar públicamente por qué los conservadores rechazaban vehementemente esta propuesta
 
“Llamemos a las cosas por su nombre. No podemos legislar en esa materia porque hay unos posibles candidatos a la Presidencia. Si se aprueba la inhabilidad, estaría afectando al procurador general, Alejandro Ordóñez”, dijo Sánchez.

Después de esta discusión, la plenaria del Senado decidió ampliar a 12años el periodo de magistrados, pero mantener la inhabilidad de un año para aspirar a cargos de elección popular.

¿Tiene aspiraciones políticas el procurador?

Es la primera vez que en un debate en el Congreso se ventila la posible aspiración política del procurador general, Alejandro Ordóñez. Más allá que el actual jefe del ministerio público las tenga,
es el Partido Conservador quien ve en él casi que la única opción para aspirar al poder en las próximas elecciones presidenciales.

Desde cuando llegó a la Procuraduría, Ordóñez, incluso en conceptos y sentencias, ha liderado el más férreo ideario conservador: se ha opuesto a la unión de personas del mismo sexo y ha pedido la prohibición de la práctica del aborto, por citar dos ejemplos.

Así mismo,ha adoptado decisiones que en algunos casos han sido más rápidas que las penales (suspensión a Samuel Moreno, destitución de Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno y Piedad Córdoba, entre otros)

En el más reciente estudio de Opinión Pública de Gallup (agosto del 2011), el 14 % de los consultados tiene una opinión favorable del procurador. El 9% respondió tener una opinión desfavorable.

Según la misma encuesta, en los meses que Ordóñez ha estado al frente de la Procuraduría, esa institución tiene una favorabilidad del 61%.

Lo que no tiene duda es que los dirigentes del Partido Conservador, que mantienen viva su vocación de poder, ven en el actual procurador una carta, quizás la única, para apostar a la presidencia.

Más aún cuando la única figura que tenían proyectada, el exministro Andrés Felipe Arias, quedó inhabilitado por 16 años (cuatro periodos presidenciales), precisamente por una decisión disciplinaria de Alejandro Ordóñez.

Hay antecedentes de fiscales generales, que se aventuraron en la política, pero no les ha ido bien (Alfonso Gómez Méndez y Alfonso Valdivieso).

Lo único que quedó claro es que los conservadores blindaron cualquier eventual aspiración de Ordóñez al conseguir que el Senado archivara la inhabilidad propuesta por Vargas Lleras (a quien muchos señalan como candidato presidencial). El procurador termina su periodo a finales del 2012 y no estaría inhabilitado para participar en las elecciones presidenciales.

Todo gracias a que su partido hizo todo lo posible para que no fuera congelado por cinco años.
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