Consulta previa: indígenas lanzan salvavidas a la ley de víctimas

El proyecto de ley de víctimas superó una talanquera jurídica que parecía infranqueable. Se trata de la falta de un proceso de consulta del Gobierno con las minorías étnicas que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se debe hacer previamente a la radicación de un proyecto de ley que afecte a estas comunidades.

Este lunes, tras varias reuniones, debates y consultas jurídicas, el Gobierno decidió acoger una propuesta de la Mesa de Concertación Nacional de los pueblos indígenas que le da facultades extraordinarias al Presidente de la República para que emita un decreto con fuerza de Ley en el que se defina la política “diferencial” de restitución y reparación de las minorías étnicas.

El anuncio fue hecho por el propio ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, en la sede del ministerio.

La iniciativa consiste en incluir en el proyecto de ley de víctimas, cuya discusión comienza este martes, un parágrafo transitorio que dice que el Presidente tendrá facultades extraordinarias, por el término de seis meses, para expedir un decreto que regule los derechos y las garantías de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Esas facultades se le darán a partir de la promulgación de la ley.

Según explicó Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “el objetivo es que el Presidente, desde este mismo instante, comience el proceso de consulta que no se hizo antes de que el Gobierno radicara el proyecto en el Congreso”.

El Gobierno había contemplado la posibilidad de impulsar una nueva ley para los indígenas y las minorías étnicas. Sin embargo, a la falta de la consulta previa, el proyecto que ya está radicado se podría enfrentar a una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte y podría ser declarado inexequible. Por esta razón, las comunidades indígenas y varias organizaciones sociales advirtieron que era necesario hacer el proceso de consulta e incluir sus resultados en la ley.

No obstante, como la consulta debe ser “previa”, el mecanismo jurídico para poder salvar la ley no se avizoraba fácilmente, pues el proyecto ya había sido radicado. Fue así como un grupo de juristas sugirió a las comunidades indígenas que fueran ellas las que pidieran al Congreso otorgar facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para que él expida la ley de víctimas para las minorías.

Según explicó el ministro del Interior Vargas Lleras, “el primer proyecto excluía explícitamente a las minorías porque la idea era hacer una nueva ley para ellas, pues no se había adelantado la consulta previa. La decisión que se toma hoy es que no se tramita una segunda ley, sino que se incluye un parágrafo transitorio para que el resultado de la consulta se pueda introducir en la ley una vez expedida”.

A su turno, Andrade dijo: “No queremos que un proyecto como este, que es para la reparación integral de todas las víctimas, se caiga por la falta de la consulta”. Eso sí, advirtió que este mecanismo adoptado este lunes era excepcional, que el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa era insoslayable y que para otros proyectos el Gobierno deberá consultar a los pueblos indigenas antes y no después de radicadas las iniciativas.

Durante el anuncio también se encontraban representantes de la mesa Consultiva de Afrodescendientes y de las comunidades rom (gitanos), quienes estuvieron de acuerdo con la propuesta. Estas comunidades también deben ser consultadas para los proyectos de ley que las afecten directamente.

Todas las organizaciones celebraron el ánimo de diálogo del Gobierno. “Nunca antes se nos había consultado a las comunidades afrodescendientes un proyecto de ley”, recalcó Idalmy Minotta, una de las representantes de la mesa Consultiva.

Ahora, el Gobierno deberá concertar con los dirigentes de las organizaciones nacionales de minorías la metodología para hacer la consulta. Después deberá ajustar una norma para que cuando sea aprobada la Ley general de reparación y restitución, ésta sea decretada.

Una vez la ley de restitución de víctimas salga del Congreso, la Corte Constitucional deberá evaluar si es válido o no el proceso de consulta.

De esta manera, el Gobierno da por saldada la deuda que tenía con las minorías étnicas, pues advirtió muy tarde que proyectos como este tienen ese requisito para que queden en firme.

Proyectos en riesgo

Como lo dejó claro Andrade, en el caso de la ley de víctimas, la mesa en la que están representadas las organizaciones indígenas em el nivel nacional sugirió ese mecanismo porque “nos parece que hay que aprovechar la voluntad del Gobierno para tramitar un proyecto de reparación de víctimas”.

Sin embargo, hay otros proyectos que también fueron radicados en el Congreso sin consultar previamente a estas comunidades. Es el caso del proyecto de reforma al régimen de regalías y de la ley orgánica de ordenamiento territorial.

Como esos proyectos afectan a las minorías directamente, podrían ser declarados inexequibles, en ese caso de que alguien los demande. En esos casos, la disputa jurídica será a otro precio.

Los resguardos indígenas se usufructúan directamente, según la Ley, de los recursos de las regalías, cuando éstos están ubicados cerca a los yacimientos de petróleo o a las minas. Y como no se les consultó a los líderes de las comunidades sobre la reforma constitucional, hay quienes han advertido que cabe una demanda.

¿Qué es la consulta previa?

La consulta previa es un derecho de las minorías étnicas, amparado por convenios internacionales como el 169 de la OIT. Poco a poco, durante la revisión de varias leyes y Actos Legislativos, la Corte Constitucional ha profundizado en el derecho de las minorías étnicas a ser consultadas previamente.

Fue así como el estatuto rural, una ley impulsada por el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, fue declarado inexequible en marzo del 2009. En ese caso el Alto Tribunal adujo que durante el trámite del proyecto en el Congreso no se tuvo en cuenta la participación de las comunidades indígenas y las afrodescendientes. La ley forestal, impulsada también por el anterior gobierno, fue declarada inexequible por la misma razón.
 
Sin embargo, hasta ahora no ha estipulado un mecanismo de consulta, razón por la cual no existe aún un procedimiento explícito que diga cómo se debe hacer. Pueda ser que de la experiencia adquirida por el actual Gobierno, en el futuro, el proceso de consulta se haga de manera expedita, sin talanqueras y sin desconocer los derechos de las minorías.